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Legitimidad y desencanto

Imagino a un historiador, allá por el año 2000, buceando en las colecciones de periódicos españoles de 1976 a 1979, tratando de entender lo que pasó en España en los cuarenta meses que han pasado desde noviembre de 1975 hasta las elecciones de esta primavera. Supongamos que ese historiador divide sus materiales en dos partes: una, la información; otra, los comentarios e «interpretaciones». (En algunos periódicos le costará bastante trabajo encontrar la primera: tendrá que cerner con un cedazo muy fino las espesas columnas de comentario, para obtener algunas briznas de información que acá y allá se deslizan; rara vez encontrará el texto de un discurso, por importante que sea, sino que hallará algunas frases citadas entre sorpresas, valoraciones, sarcasmos o embelesos, elogios o denuestos; sólo por casualidad podrá leer la noticia de un suceso; en el mejor de los casos tropezará con ella después de dos columnas «interpretativas», que prepararán su ánimo adecuadamente.)Si el historiador reúne las informaciones, las pone en orden y trata de jerarquizarlas, las compara con las de la época inmediatamente anterior y con las de otros países, encuentra lo siguiente:

En el plazo de cuarenta meses ha pasado España de un estado de ilegitimidad política y social a otro de rigurosa legitimidad, compacta y sin excepciones; la pérdida de la legitimidad es bien fácil, pero su recuperación es casi imposible y tiene algo de milagroso; la española, además, se ha hecho «desde dentro», quiero decir, partiendo de la legalidad vigente, que permitía el funcionamiento del país, sin ruptura ni interrupción de la normalidad, la vida profesional y económica, etcétera.

En el mismo tiempo se ha operado la transición de una falta total de libertad política a una libertad sin restricciones, no inferior a la de ningún país; de la prohibición de todo partido político al funcionamiento de cuantos quieren constituirse; de la ausencia de derechos políticos a una lista amplísima de ellos, que gozan por igual los emigrados, disidentes, conspiradores, y los que han sido titulares del poder hasta 1975, sin una sola exclusión, ni política ni personal.

Todo lo que era clandestino -partidos, organizaciones sindicales, etcétera- ha salido a la luz, tiene un estatuto legal y recibe el apoyo, incluso económico, del Estado. Las huelgas, largos años ilegales, se han legalizado, y se practican más allá de toda necesidad y, por cierto, violando con gran frecuencia la legalidad a que se aspiraba y que había sido tenazmente negada.

Se ha pasado de un Poder absolutamente personal y arbitrario, no sometido a ninguna instancia superior, a ningún control o fiscalización, a otro escrupulosamente democrático, con una Constitución que regula minuciosamente las diferentes funciones y sus límites, con unas Cortes elegidas ante las cuales es responsable el Poder ejecutivo.

Se ha celebrado por dos veces un referéndum popular; dos elecciones legislativas y unas municipales, en perfecto orden y con total respeto a la libertad de los votantes.

Se ha reconocido constitucionalmente el derecho a unas amplias autonomías, que la Nación como tal acepta, hace suyas y protege y garantiza; y a ello acompaña el uso de lenguas, enseñas, banderas e instituciones regionales; todo lo cual estaba simplemente prohibido o autorizado en dosis mínimas, a regañadientes y como una condescendencia que en cualquier momento se podía revocar.

Este nuevo edificio político hace de España un Reino, en el cual revive en forma nueva la más antigua tradición del país, la que abarca toda su historia con la excepción de algunos breves períodos; y su titular es un Rey que ha ejercido su función con tan pasmoso acierto, que no ha podido ser objeto de crítica, ni siquiera por los grupos políticos antimonárquicos, que se han creído obligados a hacer constar su aprecio de la figura del Rey y de su gestión.

El historiador del año 2000 repasa sus fichas, echa una mirada por la situación de Europa al mismo tiempo, comprueba las fechas y no puede reprimir un movimiento de incredulidad: ¿habrá sido posible? ¿Ha habido un país que en cuarenta meses lleve a cabo semejante transformación hacia lo mejor, sin revolución, crisis, ocupación extranjera, dictadura, sin una medida de excepción, sin un día de censura, sin más que una cadena de actos de terrorismo -casi todos localizados en una región-, de la misma marca y carácter que los que manchan de sangre casi todos los países de Europa Y América?

Al comprobar que todo esto es efectivamente así, que no se ha equivocado, que no ha confundido España con otro país, el historiador espera sin duda encontrar en los periódicos dos cosas: a) Un orgullo nacional disculpable, pero poco simpático, exultante y desdeñoso de los demás. b) Un estusiasmo frenético, una alegría colectiva traducida en una confianza desbordante en las posibilidades futuras.

Lo que encuentra, salvo unas cuantas excepciones, y éstas en sordina, es: a) Un sarcástico menosprecio de España en su conjunto -con la excepción de cada una de sus prodigiosas regiones. b) Un limitado desdén hacia los que han realizado y presidido esa transformación, considerados como «reaccionarios», mediocres y -con frecuencia- deficientes mentales. c) Un desencanto sin atenuantes de la democracia, la Monarquía, las elecciones, el sistema parlamentario, la libertad de prensa y expresión, los derechos civiles y políticos, las autonomías conforme a la ley -con una reserva de estimacion y respeto para las que se «exigen» con violencia y menosprecio de las Cortes soberanas, cuya función es definirlas y legislarlas-; y d) Por supuesto, un escepticismo absoluto respecto a las posibilidades históricas de- España y de la comunidad de pueblos hispánicos, que ya han empezado a sentir la colosal innovación.

¿Cómo es esto posible? ¿Cómo se puede «interpretar» globalmente de manera tan incoherente una serie de hechos incontrovertibles y del mayor alcance? Y ¿cómo puede tan inverosímil manipulación ser aceptada por los que son testigos de todo ello? ¿Cómo puede ocurrir que tantas personas crean más lo que se les dice que lo que ven? Y ¿quién hace esas interpretaciones? Y finalmente, ¿qué consecuencias pueden tener?

Estas son tal vez las preguntas que se haría ese historiador del año 2000. A la última pregunta le habrían dado ya respuesta los acontecimientos de los dos decenios recién transcurridos; a esa yo no puedo contestar más que en forma de conjetura; las demás pueden tal vez aclararse mediante el análisis y el uso de la razón. ¿No valdría la pena intentarlo, antes de que las interpretaciones tendenciosas nos despojen de lo que tan inverosímilmente hemos conquistado, nos devuelvan a la ilegitimidad, la violencia y la servidumbre?

* Este artículo apareció en la edición impresa del sábado, 05 de mayo de 1979.

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