El Gobierno prepara un "gesto" hacia el pueblo vasco, previa a la negociación del Estatuto

Medios parlamentarios consultados ayer por EL PAÍS coincidían en considerar posible que el Gobierno apruebe en los próximos días alguna medida que pueda ser considerada como un gesto de buena voluntad hacia el País Vasco, antes de que se inicie en la Comisión Constitucional del Congreso la discusión del proyecto de Estatuto de Autonomía.

Fuentes solventes del PNV desmintieron la noticia difundida por una agencia vasca, según la cual el presidente del Partido Nacionalista Vasco, Carlos Garaicoechea, se había entrevistado en las últimas horas con el ministro para la Administración Territorial, Antonio Fontán. Las mismas fuentes negaron que su partido pudiera entrar siquiera a considerar una hipotética reposición del Estatuto de 1936, si no comprendía la creación de la policía autónoma y la restauración de los conciertos económicos. Por otra parte, se refirieron muy positivamente al papel que en la solución del problema vasco podría desempeñar Antonio Fontán, «un hombre -según palabras de un diputado nacionalista- con el que es posible sentarse en una mesa a dialogar». El mismo diputado expresó su confianza en que el Gobierno adoptara alguna medida beneficiosa para la situación en el País Vasco en los próximos días.El vicepresidente del Gobierno, Fernando Abril, afirmó desconocer los proyectos gubernamentales en relación con el País Vasco, pero añadió que personalmente estimaba preocupante que se iniciara el estudio del proyecto de Estatuto «sin haber anestesiado algo la zona».

Miguel Herrero de Miñón confirmó ayer a EL PAÍS que durante los trabajos de la ponencia constitucional se estudió la posibilidad de introducir una cláusula adicional por la que se restaurarán los estatutos de autonomía de Cataluña, y del País Vasco, de 1932 y 1936, respectivamente, «en todo lo que no se contradigan con el texto de la Constitución». La propuesta fue formulada, al parecer, por el entonces ponente de la Minoría Catalana, Miguel Roca, y contaba con la aprobación del propio señor Herrero de Miñón y de Antonio Fontán, entonces presidente del Senado, que fue consultado al respecto.