La Oposición, irritada ante la negativa del Gobierno a negociar el calendario de debates parlamentarios

El deseo del Gobierno de hacer el máximo uso de sus prerrogativas parlamentarias y de negarse a negociar con los demás partidos políticos un calendario de debates sobre aspectos concretos de la política gubernamental, hizo que la reunión celebrada ayer por la Mesa de la Cámara y la Junta de Portavoces finalizara con una cierta irritación de los representantes de los partidos de oposición.

Ante las repetidas afirmaciones del ministro para las Relaciones con las Cortes, Rafael Arias Salgado, que asistió a la reunión, de que los debates se celebrarían cuando mejor convinieran al Gobierno, los portavoces de todos los partidos, excepto UCD, se comprometieron a presentar como moción propia la convocatoria de dichos debates si no se hubieran celebrado antes de finales del presente mes de mayo.El «mal sabor de boca» de los partidos de la Oposición quedó patente en las declaraciones formuladas por Miguel Roca, de la Minoría Catalana, quien afirmó que el Gobierno muestra escaso respeto hacia el Parlamento y que había sido necesario recordar al señor Arias Salgado que, según la Constitución, España es una Monarquía parlamentaria, en la que el Gobierno está obligado a comparecer ante el Congreso siempre que éste lo desee.

La reunión de la Mesa y de la Junta de Portavoces tuvo como principal objetivo la fijación del orden del día del pleno del Congreso que tendrá lugar hoy jueves. Dicho orden del día será el siguiente: aprobación del dictamen de la Comisión de Incompatibilidades, modificación del artículo 20 del Reglamento de la Cámara a fin de permitir la creación de grupos parlamentarios propios a aquellas formaciones políticas o coaliciones electorales que tienen cinco o más diputados (hasta ahora se exigían quince) y constitución definitiva del Congreso.

Dado que el propio Reglamento de la Cámara establece que éste sólo podrá ser modificado conforme al trámite de una proposición de ley, la Junta de Portavoces acordó, por unanimidad, que en la reunión de la Comisión de Reglamento que había de celebrarse inmediatamente después se sometiera a aprobación un dictamen para la modificación de dicho artículo 20. Asistieron a la reunión representantes de Coalición Democrática y del Partido Socialista de Andalucía, las dos formaciones políticas a las que beneficiará directamente la nueva normativa para la constitución de grupos parlamentarios.

Se aplaza el debate sobre la fuga de Lerdo

Al término de la reunión conjunta de la Mesa y la Junta de Portavoces, Antonio Jiménez Blanco, presidente del grupo Parlamentario centrista, afirmó que se había planteado la discusión en el Pleno de hoy de una interpelación del Grupo Comunista en relación con la fuga de Fernando Lerdo de Tejada. El Gobierno -dijo- estima que una respuesta tan urgente podría resultar algo incompleta y prefiere que el debate tenga lugar otro día.

El señor Jiménez Blanco dijo también que el ministro para las Relaciones con las Cortes había presentado un documento sobre prioridades legislativas y que se había comprometido a exponer en un plazo de 48 horas un calendario específico para debates generales en torno a la problemática autonómica, la política energética y la financiación de las comunidades autónomas.

Horas antes, el PCE había hecho una declaración en la que insistía en que el Parlamento debe tratar la fuga de Lerdo de Tejada y denunciaba un posible escamoteo del debate energético a base de reducirlo al Pleno, con lo cual no se entraría en las sugerencias o enmiendas formuladas en su día por los distintos grupos políticos, y cuyo marco lógico de discusión sería la Comisión de Industria.

Por otra parte, la versión de la reunión de la Mesa del Congreso ofrecida por el señor Jiménez blanco fue después modificada en la conferencia de prensa mantenida por el diputado socialista Alfonso Guerra. Según el señor Guerra, Rafael Arias Salgado, «en una intervención prolija», intentó demostrar que la iniciativa legislativa corresponde exclusivamente al Gobierno, «lo que supone -en palabras del diputado socialista- un cierto desprecio al trabajo de la Cámara». Se refirió, en concreto, a los sucesivos aplazamientos para el debate sobre política energética y se quejó de que el Gobierno pretenda que sus ministros acudan a las Cortes «cuando tengan un rato libre o estén de vacaciones».

El portavoz del PSOE señaló que el Gobierno se había comprometido a celebrar un debate sobre política económica y empleo el próximo día 9, así como a que el ministro de Industria acudiera el día 16 ó el 23 de este mismo mes para explicar la política energética. Antes de que termine mayo se celebrará también un debate sobre seguridad pública, y en las dos primeras semanas de junio los correspondientes al estado de las negociaciones con la CEE, autonomías y política agraria. Según el señor Guerra, el Gobierno ofreció tratar el «caso Lerdo» el mismo día 16, siempre que el PCE estuviera dispuesto a presentarlo como una pregunta y no como una interpelación, a lo que los comunistas se negaron.

Alfonso Guerra anunció que su partido solicitará un período extraordinario de sesiones si al finalizar la legislatura ordinaria el Gobierno no hubiera presentado el proyecto de ley para el Estatuto de RTVE e ironizó algunos aspectos del programa legislativo anunciado por el señor Arias Salgado. «Dicen que han preparado ya el proyecto para el Tribunal Constitucional, pero no lo han presentado ante: la Cámara. A lo mejor se lo han entregado, para que lo revise, al juez Gómez Chaparro.»