Cinco años de la "ley Veil"
Tras cinco años de aplicación de la ley Veil, las mujeres francesas han comprobado, una vez más, que una ley no soluciona el problema, sobre todo si es restrictiva. La nueva campaña no irá dirigida a conseguir una ampliación más permisiva de la ley, sino la liberalización total del aborto. Esta decisión implica para la planificación familiar francesa (el Planning) «una posición moral», pues «una ley sigue siendo el permiso o la prohibición establecida por los otros».La liberalización evitará, además, que muchos profesionales conscientes tengan que recurrir a la «desobediencia civil». («Si la máquina -el Gobierno- quiere hacer de vosotros un instrumento de injusticia contra vuestro prójimo, entonces yo os digo: violad la ley», escribió D. H. Thoreau en 1849.)
Según el informe del Planning francés, en su consejo nacional, celebrado el pasado 1 de abril en París, con objeto de definir la campaña, los reproches a la ley pueden sistematizarse en los siguientes apartados:
Gestiones. Largas, innecesarias y culpabilizadoras. En las obligadas visitas médicas se cumple la ley informando sobre los riesgos del aborto y las ventajas y derechos concedidos si se conserva el hijo, pero se infringe a la hora de dar una lista completa de los centros donde la interrupción voluntaria del embarazo es posible. La entrevista social (psicólogo, consejero conyugal, etcétera) es muchas veces disuasiva e indiscreta. «Obtener la autorización para abortar es una gestión humillante e inadmisible», pues implica «que la mujer es irresponsable y no tiene derecho a disponer de su cuerpo», afirma, con razón, el Planning. El plazo de reflexión de una semana, obligado antes de presentar otra solicitud ante el médico, esta vez escrita, sólo sirve para retrasar la solución del problema y agravarlo.
Mala acogida en los hospitales. Además de la falta de instalaciones suficientes y correctas, el trato que reciben las mujeres en algunos centros es despreciativo y culpabilizador. Los médicos, que no están de acuerdo, aunque lo practiquen, tratan a las mujeres como culpables y, consciente o inconscientemente, las castigan, añadiendo sufrimientos físicos o psicológicos: imponen un método en lugar de otro o las instalan en la misma habitación de las que vienen a dar a luz, por ejemplo.
Dinero. El aborto no es reembolsado por la Seguridad Social (pero si la inseminación artificial, que para muchos es natural, mientras el aborto es antinatural). Los problemas que supone abortar en el hospital público hacen que muchas mujeres recurran a la clínica privada (55,5% según el Planning, 34% según el Ministerio), donde además pueden ser explotadas económicamente.
Menores. Según la ley, una menor madre puede ceder su hijo a la asistencia pública sin autorización de nadie, pero si se trata de abortar necesita la de su padre, madre, tutor o responsable legal, autorizacion que al tener que ser ratificada por el alcalde o la comisaría del barrio puede tener consecuencias para la joven.
El temor de los padres, la falta de dinero, la ausencia de información, el miedo, hacen que el 7,7% de los abortos tardíos realizados a través del Planning sean de menores de diecisiete años.
Extranjeras. Necesitan residencia de tres meses. Los emigrantes, que no conocen el idioma ni la legislación y carecen de medios (la asistencia médica prevista la concede la prefectura tras una encuesta), pasan con frecuencia el plazo. La única solución entonces es la sonda (la clínica es inaccesible para muchas). Por lo que se refiere a las españolas, nadie desconoce que hoy es Francia para ellas lo que fue en otro tiempo Inglaterra para las francesas. Cuando el pasado mes de julio (Le Monde, 31 -X-78) murió en una clínica sospechosa de Lourdes, a consecuencia de la falta de asistencia, tras un aborto, una joven zaragozana, en el despacho del director se encontró una lista con 120 nombres de españolas que habían establecido contacto por el mismo motivo. Según la delegada del Planning de los Alpes Marítimos, sólo en Bayona se reciben al año setecientas solicitudes de aborto procedentes de España. y se realizan al ritmo de cuatro por semana. En Pau el ritmo es de cinco.
Tardías. El 47,5% de las interrupciones voluntarias tardías del embarazo son debidas a la falsa o mala voluntad del médico; el 15,5%, a una defectuosa aplicación de la ley, y el 17%, a ignorancia de la misma, de la sexualidad o la contracepción. Sólo el 0,03%, siempre según el estudio del Planning, son debidas a negligencia por parte de la mujer.
Las responsables del Planning francés opinan que la legislación es ineficaz, acentúa Ias injusticias relacionadas con las desigualdades socioeconómicas y no deja a quienes están desprovistas de medios financieros más que la angustia, las humillaciones y la perspectiva de riesgos graves para su salud moral y física.
