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Nuevo Gobierno Suárez

La reducción de las competencias de Justicia y Educación preocupa a los democristianos de UCD

La creación de una secretaría de Estado para el Desarrollo Constitucional, que dependerá del Ministerio de la Presidencia -primer acuerdo adoptado por el nuevo Gobierno Suárez en una breve reunión celebrada ayer- ha despertado cierta inquietud en medios democristianos, que han manifestado su deseo de que, en un futuro más o menos próximo, una reforma administrativa vuelva a atribuir sus primitivas competencias a los Ministerio de Justicia y de Educación, afectado también este último por una reducción de su área de actuación. Según. informaron a EL PAIS fuentes solventes, José Luis Meilán es un firme candidato para la mencionada secretaría de Estado.Finalizado el acto de juramento ante el Rey, el presidente Suárez y todos los miembros del Gabinete se trasladaron al palacio de la Moncloa a fin de celebrar una reunión, de media hora de duración. Según un comunicado oficial, el señor Suárez dio la bienvenida y agradeció la aceptación de sus cargos a los nuevos ministros y dedicó «palabras de agradecimiento, elogio y solidaridad a los ministros salientes y actuales miembros del comité ejecutivo de UCD, señores Fernández Ordóñez, Lavílla -que pasó a desempeñar la presidencia. del Congreso-, Martín Villa, Cabanillas y Sánchez de León». En nombre de sus compañeros de Gobierno, contestó el vicepresidente primero, teniente general Gutiérrez Mellado.

Diversas fuentes centristas re.saltaron ayer la importancia que ha adquirido el Ministerio de la Presidencia, que de ser un departamento dedicado casi exclusivamente cuestiones relacionadas con la burocracia de la Administración (Dirección General de la Función Pública, Mutualidad de Funcionarios, etcétera) ha pasado a asumir un fuerte protagonismo político, rebañando competencias importantes que dependían hasta ahora de otros dos departamentos: Justicia e Interior. Aunque aún no ha aparecido la norma legal por la que se desgajan de la actual Dirección General de Política Interior las cuestiones relativas a los gobiernos civiles, fuentes próximas a la Presidencia aseguraron que la decisión ya había sido adoptada y pusieron de manifiesto la relación de esta competencia con Ios procesos electorales.

El Ministerio del Interior, por su parte, se ha convertido en la práctica en un Ministerio de Orden Público, del que dependen, fundamentalmente, la Policía Nacional, la Guardia Civil, el Cuerpo General de Policía y la Dirección General de Tráfico. Las competencias de la antigua Dirección General de Administración Local han pasado a depender del Ministerio de la Administración Territorio encomendado a Antonio Fontán. Según un real decreto publicado ayer en el Boletín Oficial del Estado, dicho Ministerio asume las funciones de relación con las comunidades autónomas, entes preautonómicos y ayuntamientos.

Antonio Fontán, en unas declaraciones a Europa Press, manifestó que su Ministerio tiene evidentemente un sentido de refundición de servicios del Gobierno. «El título VII de la Constitución -dijo- se encabeza precisamente con la frase "De la organización territorial del Estado". Es, por tanto, la aplicación a la realidad política y administrativa del país de todo este título VIII lo que está encomendado a la ejecución de este departamento.»

Otro de los ministerios afectados por la reforma es el de Educación y Ciencia, que pasa a denominarse sólo «de Educación» y que ha perdido, en beneficio del Departamento de Universidades e Investigación, competencias antes atribuidas a las direcciones generales de Universidades y de Política Científica.

En medios democristianos se estimaba que la reforma se ha realizado más desde la perspectiva de las personas que iban a asumir las carteras que desde el punto de vista de un criterio exclusivamente estructural.

Lamentaban que el desarrollo jurídico de la Constitución se haya desgajado del Ministerio de Justicia, que ha perdido así la posibilidad de ampliar sus competencias actuales, algo menguadas ya al establecer la Constitución la autonomía orgánica del poder judicial.

Las fuentes consultadas justificaban la decisión presidencial el presidente del Gobierno debe tener capacidad para reformar la estructura de su Gabinete, pero expresaban también su deseo de que, en un futuro próximo, el Ministerio de Justicia vuelva a recuperar su protagonismo, así como de que vuelvan a fusionarse en un único departamento las competencias relativas a Educación y a Investigación y Universidades. Recordaban estas fuentes que mientras LandeIino Lavilla estuvo al frente de Justicia, este Ministerio se dinamizó y adquirió una proyección política que, a su juicio, ya no debería perder.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 7 de abril de 1979

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