La izquierda, indignada con el gobernador civil de Zaragoza

El virtual alcalde de Zaragoza, el abogado socialista Ramón Sainz de Baranda, ha acusado públicamente al gobernador civil de la provincia, Francisco Laína, de retrasar deliberadamente los resultados electorales registrados en Zaragoza capital, que han dado el triunfo de las candidaturas de izquierda.Esta acusación ha coincidido con la detención, hace unas horas del secretario provincial de UGT y concejal electo, Santiago Vallés, cuando circulaba en su coche formando parte de una caravana constituida por militantes de partidos de izquierda, que, con banderas políticas y de Aragón, recorrían las principales calles de Zaragoza.

Al llegar la comitiva a la plaza más céntrica de la ciudad, fuerzas de la Policía Nacional salieron al paso de los vehículos y procedieron a desviarlos de su curso. Algunos agentes de la Policía Nacional se abalanzaron sobre el automóvil en que viajaba Santiago Vallés, secretario provincial de UGT, en el que se exhibía una bandera de dicha central sindical.

Los agentes requirieron al señor Vallés que les entregara la bandera, a lo que el concejal electo replicó que sólo lo haría a cambio de un recibo. En ese momento los agentes se lanzaron sobre el capó de su automóvil, contra el que descargaron varios golpes; uno de ellos hizo añicos el parabrisas del vehículo. Inmediatamente después el señor Vallés fue trasladado a un furgón polícial y conducido a la comisaría de policía, para pasar poco después a disposición judicial acusado de presuntas ofensas a la fuerza pública.

La indignación de los principales partidos zaragozanos de izquierda por este incidente no se hizo esperar. En una enérgica nota de repulsa por lo sucedido, protestan «contra la provocación de que hemos sido víctimas por parte de las Fuerzas de Orden Público, que cumplían las órdenes recibidas del gobernador civil de Zaragoza». En la nota dicen que los agentes de la Policía Nacional, en su intervención, «hirieron a una menor, la cual ha tenido que ser trasladada a un centro sanitario ».

Los partidos PSOE, PCE y PTE, en su comunicado añaden que «pedimos al Gobierno de UCD que ponga fin a estas formas de actuar de los jefes y superiores que dan «órdenes contrarias al entendimiento de todos los españoles». «También queremos recordar que en Zaragoza hemos mantenido y respetado el orden público siempre, pero constatamos que esta situación apacible ha ido empeorando desde que llegó a Zaragoza el gobernador civil de la provincia, Francisco Laína.»

La indignación socialista contra el gobernador Laína se extiende también al hecho de que, en la noche electoral, éste se negó a recibir en su despacho del Gobierno Civil a una comisión de la candidatura socialista triunfante, encabezada por Ramón Sainz de Baranda.

Por otra parte, las protestas contra la actitud adoptada por el gobernador Laína en las últimas jornadas también tienen eco entre algunos periodistas e informadores de la capital aragonesa, que tuvieron que sufrir en la noche del cómputo electoral desusadas dilaciones y notorias faltas de información sobre la marcha del escrutinio, en la oficina de prensa montada por el Gobierno Civil de Zaragoza.

Respecto a la detención del concejal electo Santiago Vallés, al mediodía de ayer el juez decretó su libertad incondicional, a los pocos minutos de trasladado al edificio de los juzgados, donde le aguardaban numerosos dirigentes políticos de los partidos de la izquierda zaragozana. El señor Vallés, a la salida del juzgado, ha hecho unas declaraciones en las que imputa toda la responsabilidad por su detención y por la intervención de la policía para disolver la caravana de vehículos al gobernador civil de la provincia.

Asimismo la agrupación provincial de UGT ha celebrado una asamblea con carácter de urgencia, a la que han asistido casi un millar de comisionados. Los presentes decidieron dirigir telegramas al presidente Suárez y al ministro y subsecretario del Interior, solicitando el cese del gobernador de Zaragoza. También se tienen noticias de que ha sido presentada una denuncia judicial contra el capitán de la Policía Nacional que mandaba la fuerza que protagonizó los incidentes con la caravana de vehículos.