Fuerte polémica en torno a presuntos casos de corrupción y fraude a la Seguridad Social en Granada

La publicación en el diario Ideal de Granada, en su edición del pasado domingo, de una serie de presuntos casos de corrupción y fraude a la Seguridad Social descubiertos por miembros del llamado Grupo de Investigación de la Seguridad Social (GISS), ha levantado en esta ciudad una fuerte y controvertida polémica que amenaza con sacar a relucir bastantes otras irregularidades administrativas y profesionales existentes en la Seguridad Social y el INP granadinos, algunas de las cuales podrían haberse tratado de tapar, al parecer, con la filtración a la prensa de los primeros resultados obtenidos tras las indagaciones llevadas a cabo en Granada por el GISS.

El Grupo de Investigación de la Seguridad Social es un organismo especializado, creado en el verano de 1977 y dependiente de los ministerios de Sanidad y Seguridad Social y del Interior, que está compuesto por un escaso número de inspectores médicos y algunos miembros del Cuerpo General de Policía y Guardia Civil.Las investigaciones llevadas a cabo en Granada comienzan a dar resultados positivos, a consecuencia de los cuales han sido abiertos sendos expedientes disciplinarios contra un médico ginecólogo del hospital clínico de la Universidad, por posible defraudación a la Seguridad Social, y el jefe del servicio de rehabilitación del centro de traumatología de la Ciudad Sanitaria Virgen de las Nieves, por supuesto establecimiento de un monopolio con una determinada casa de ortopedia de esta ciudad.

En el primero de los casos, se investiga la posible ocupación simultánea de una plaza en Madrid y otra en Granada, desde el 14 de abril del pasado año hasta el 31 de enero último, por lo que, de resultar cierta, el fraude ascendería a unas 500.000 pesetas. El caso no está nada claro, sin embargo, ya que EL PAIS ha podido comprobar que el encartado tiene cursada su baja por «asuntos propios» a la plaza de Madrid, por lo que difícilmente habría podido cobrar ese dinero. La denuncia reflejaría, pues, sólo hechos parciales y, posiblemente, incluso falsos.

El otro caso resulta aún más confuso y contradictorio. El citado jefe del servicio de la Ciudad Sanitaria Virgen de las Nieves había establecido, según el expediente, un supuesto monopolio con determinadas ortopedias granadinas, con el consiguiente «perjuicio para las demás casas ortopédicas y las prolongadas estancias de los enfermos en los hospitales, en espera de sus correspondientes prótesis, resultando dificil calcular el perjuicio económico ocasionado por ello a la Seguridad Social».

Curiosamente, en el mismo expediente se reconoce la existencia de una circular que, «de forma antirreglamentaria, fue dictada el 17 de junio de 1977 por el entonces director provincial del INP de Granada, Alfredo Langle, y en la que, so pretexto de agilizar y descentralizar el trámite y liquidación de prestaciones reglamentarias, se rompía el control legal de la inspección médica con respecto a dichas prestaciones».

Comoquiera que la circular del señor Langle -que actualmente ocupa el cargo de director provincial en Jaén, a donde fue trasladado, al parecer, en «castigo» por su posible implicación en un affaire de carácter interno en la delegación granadina del INP, que nunca llegó a trascender a la luz pública- seguía teniendo vigencia en el momento de la tramitación del expediente, no puede dejar de extrañar que éste se abra contra la persona que cumple instrucciones de instancias superiores, y no contra quien, antirreglamentariamente, emana esas instrucciones.

Otra cuestión que ha extrañado, asimismo, a los diferentes estamentos médicos consultados por EL PAIS, incluido el propio Colegio Oficial de Médicos, es el hecho de que, hasta ahora, las investigaciones del GISS en Granada sólo hayan estado dirigidas hacia médicos auxiliares de clínica y farmacéuticos y nunca contra altos cargos administrativos provinciales del INP.

Por otro lado, dentro de los médicos indagados, los expedientes han venido a recaer exclusivamente sobre personal de los dos centros hospitalarios de la ciudad, que por lo general nunca ejercen la medicina interna y en ningún caso sobre los de los ambulatorios -servicio asistencial, que resultaba bastante deficitario en Granada-cuyas plazas están mayoritariamente ocupadas por médicos que ejercen la medicina privada en la propia capital.

Lo más grave de todo el asunto, según el presidente del Colegio de Médicos, señor, Moreu Mirasol, consiste en el hecho de que toda la información facilitada a Ideal se encuentra en la actualidad en fase de investigación y comprobación, por lo que constituye una grave falta deontológica haberla dado a la publicidad, rompiendo con ello el secreto sumarial del expediente disciplinario incoado a los presuntos implicados.

«Aunque habría otras muchas cosas que denunciar en Granada, como en toda España -declaró Moreu Mirasol a EL PAIS-, nosotros estamos dispuestos, como colegio, a sancionar a cuantos médicos se demuestre que han cometido fraude o irregularidades que atenten contra la ética profesional. Ahora bien, en el caso concreto de éstos dos médicos llegara a demostrarse que la denuncia contra ellos es falsa, entonces nos querellaremos judicialmente contra la persona responsable de que esto haya salido a la luz pública y que, en estos momentos, no creo que haya podido ser otra, directa o indirectamente, que el propio juez instructor de los expedientes disciplinarios, el inspector médico Fidel Fernández Rubio, que es el que ha venido a Granada a hacer las investigaciones en nombre del GISS.»

Por su parte, la junta de gobierno de la Ciudad Sanitaria Virgen de las Nieves hizo ayer pública una nota en la que, tras manifestar su sorpresa por la información.