La Unión de Campesinos Leonesa, un movimiento agrario singular

A comienzos de la década de los sesenta el 57% de la población activa de la provincia de León trabajaba en el sector agrario. Frente a 142.000 agricultores autónomos censados en aquella época, solamente 56.000 personas habían encontrado ocupación en la industria y otras 53.000 en el sector servicios.En 1979, la provincia sigue teniendo una economía eminentemente agraria y los partidos políticos se disputan el voto de los 98.000 campesinos que, con sus familias, decidieron los resultados de las generales y ahora presentan sus propias candidaturas a las elecciones del día 3 como Agrupación Electoral de Campesinos Leoneses.

A pesar de su enorme potencial en número de votos y de la problemática socioeconómica del sector -emigración, déficit crónico de servicios, bajo nivel de renta, etcétera-, los primeros movimientos agrarios no se consolidaron hasta 1977, coincidiendo con las guerras de los tractores y el declive del sindicalismo vertical (hermandades de labradores y ganaderos). En marzo del mismo año quedó constituida la UCL (Unión de Campesinos Leoneses), durante una asamblea celebrada en la localidad de Cabreros del Río, mientras los tractores salían a la carretera en protesta por los bajos precios de la patata y la alubia. La Unión, integrada en la COAG, protagonizaría más tarde nuevas acciones de protesta, que sirvieron para incrementar sus cifras de afiliación: una nueva guerra de los tractores acaecida en octubre de 1977 costó el cargo al general Prieto, entonces jefe de la VI Zona de la Guardia Civil, que se negó a disolver las concentraciones de campesinos en las carreteras, desobedeciendo las órdenes del gobernador civil (fuenes oficiales del partido del Gobierno manifestaron más tarde a EL PAÍS que el cese del general Prieto había tenido lugar por este motivo y «no por el discurso de Salamanca»). Por último, la UCL dirigió la última guerra de los tractores en marzo del pasado año, coincidiendo con la negociación de los precios agrarios, así como una manifestación de más de 15.000 campesinos, llegados a León desde todos los pueblos de la provincia para pedir la disolución de las cámaras agrarias.

Enfrentamientos con la Administración

A la primera etapa de consolidación del movimiento campesino siguió un período de enfrentamientos entre la Administración y la UCL, a raíz de las elecciones a cámaras locales agrarias, celebradas enjunio del pasado año. La Unión logró copar la totalidad de los puestos directivos -diecisiete de las veinticuatro vocalías, incluida la presidencia- de la Cámara Provincial, desbancando al Sindicato Independiente Campesino, promovido por UCD y prácticamente desaparecido tras aquel primer y definitivo fracaso. La victoria de la UCL dio lugar al desmantelamiento de la antigua Cámara Provincial Agraria desde el aparato central, que redujo a la tercera parte el número de funcionarios que prestaban servicio en las oficinas. La UCL intentó negociar más tarde, sin resultados, la cesión de un ingeniero agrónomo, un sociólogo, un veterinario, un ahogado y un economista.Paralelamente, el actual presidente de la Cámara, Felipe Martínez Morán, fue apartado de todo acto protocolario u oficial, en contraste con la asidua presencia de su antecesor en el cargo. El vacío creado por el Gobierno en torno a la Cámara se hizo más patente con la designación de un secretario no aceptado por la UCL y la drástica reducción de las cantidades destinadas a dietas y desplazamientos de los nuevos directivos de la Cámara, «hasta el punto que apenas nos dejaron para hacer una reunión cada tres meses». Según la UCL, el objeto de la Administración era obligar a los representantes campesinos a abandonar la dirección de la Cámara, «limitándose solo a firmar» y dejando su gestión en manos de funcionarios más o menos adictos. Por último, la UCL entró en conflicto con la Caja Rural Provincial, de la que retiró el pasado mes de febrero 35 de los 47 millones de pesetas que constituyen los depósitos de la Cámara Agraria. La retirada de los fondos tuvo lugar en un ambiente polémico, con acusaciones mutuas entre la entidad financiera y la Cámara. Según la UCL, los depósitos confíados a la Caja están produciendo un interés diez veces inferior al que ofertaba la banca privada, si bien, cabe señalar el hecho de que los enfrentamientos entre ambas partes habían surgido muchos meses atrás con motivo de las elecciones a Cámaras Locales, cuando la Caja optó por presentar sus propias candidaturas.

Con respecto a la convocatoria electoral del pasado día 1, la Unión de Campesinos Leoneses mantuvo una postura de estricta neutralidad frente a las opciones presentadas por los partidos mayoritarios.

El voto agrario favoreció una vez más a los partidos de derecha -en especial a UCD, repetidamente acusada por los demás grupos políticos de manejar en su favor el aparato burocrático de los gobiernos civiles- y la UCL sólo intervino con ocasión de un mitin en Riegp de la Vega para el que se anunciaba la presencia del general Prieto, candidato de Coalición Democrática por Granada, que venía a pedir el voto para su compañero de candidatura, el ex ministro de Trabajo Fernando Suárez. El mitin tuvo lugar, finalmente, sin la presencia del general Prieto -que envió su discurso grabado en cinta magnetofónica- mientras que la UCL denunciaba públicamente el intento de CD por capitalizar las simpatías que se había ganado el general entre los campesinos durante las guerras de los tractores.

Por último, cabe señalar que el fracaso de recientes conversaciones entre los partidos de izquierda y la UCL para presentar candidaturas comunes en las elecciones municipales ha empujado a esta última a presentarse en solitario como Agrupación Electoral de Campesinos Leoneses. Las candidaturas de los campesinos se extienden a sesenta municipios de los doscientos con que cuenta la provincia, lo que significa que es la tercera fuerza electoral en número de candidatos, detrás de UCD y muy cerca del PSOE. La agrupación espera alcanzar «un 70 % de éxito» en la pugna electoral, aunque no podrá acceder a la Diputación, «donde esperábamos sacar cuatro o cinco puestos». Los campesinos han presentado recurso contencioso-electoral contra un acuerdo de la Junta Provincial por el que se veta su participación en las elecciones a diputados provinciales «por no estar legalizada como coalición de ámbito provincial». El recurso no ha tenido todavía respuesta.