País Vasco: negociar es la palabra

LAS ULTIMAS declaraciones de algunos dirigentes del PNV subrayan de forma dramática la preocupación de los nacionalistas vascos moderados ante las probables incomprensiones de «Madrid» -topónimo que en este caso representa al poder ejecutivo y a la mayor parte de la llamada clase política-, frente a sus reivindicaciones de autogobierno. El desenterramiento de unas palabras del lendakari Aguirre, pronunciadas en 1932, cuando republicanos y socialistas ocupaban el poder y eran mayoría en el Parlamento, y el anuncio de una «campaña de desobediencia civil» para el caso de que el Estatuto de Autonomía sea mutilado en el Congreso pretenden, sin duda, sacudir la modorra gubernamental y vencer la sordera de los partidos parlamentarios. Y desde los sectores de la izquierda abertzale, que buscan, al menos verbalmente, una salida negociada a la situación en Guipúzcoa y en Vizcaya, el señor Bandrés, diputado de Euskadiko Ezkerra, lanza una advertencia parecida: la aceptación por las Cortes españolas, sin modificaciones sustanciales, del Estatuto de Autonomía aprobado el pasado mes de diciembre sería el último vagón del último tren para la pacificación del País Vasco. La tónica dominante de la reforma del posfranquismo fue la adecuación entre las ofertas de los políticos del pasado régimen, dispuestos a transformar las instituciones en un sentido democrático y las exigencias de las más importantes fuerzas de la oposición ilegal bajo el franquismo.La Constitución, aprobada por consenso, ha delimitado el terreno de juego, ha promulgado un reglamento y ha cerrado el período de transición. Pero no en el País Vasco, como es evidente, donde sólo fue respaldada por una minoría de ciudadanos.

La hipótesis de que ETA militar era una rueda local girando en el vacío social y de que la violencia iría cediendo por la dinámica de su propio aislamiento ha resultado, desgraciada y terriblemente, errónea. Sin que ese dato atroz debilite en lo más mínimo las convicciones éticas y democráticas, según las cuales el derecho a la vida es el primero de los derechos humanos, y la actividad criminal y terrorista de los etarras es por lo mismo deleznable y debe ser combatida. Los 170.000 votos de Herri Batasuna prueban que un sector de la ciudadanía vasca reinterpreta el terrorismo de ETA con motivaciones y raíces políticas casi ancestrales. Y aunque esta versión descanse sobre mitos y, tergiversaciones y se alimente de olvidos e ignorancias, también es cierto que la historia nunca la han hecho tanto los razonamientos como las pasiones.

Los votantes de Herri Batasuna no son, desde luego, los únicos habitantes del País Vasco. Los electores que se han pronunciado el pasado 1 de marzo en favor de opciones no nacionalistas -la UCD y el PSOE, más los sufragios confiados al PCE y a CD- casi los triplican en número. Sin embargo, están en minoría frente al nacionalismo vasco en su conjunto. Entre el independentismo radical, en claro ascenso, y los partidos llamados españolistas, en evidente repliegue, se sitúan el PNV, que encauza al nacionalismo moderado y constituye la fuerza más importante en el País Vasco, y Euskadiko Ezkerra, que agrupa a la izquierda abertzale dispuesta a buscar una solución pacífica al deterioro político, moral, económico, social y humano de Euskadi. Ambas opciones son denunciadas desde Herri Batasuna por su posibilismo y, desde el resto de España, por su anticonstitucionalismo; y ambas se encuentran emparedadas entre el independentismo irreductible de Telesforo Monzón, que sólo promete sangre, sudor y lágrimas, y el impenetrable muro de un Gobierno y una mayoría parlamentaria que nada prometen, en espera de que -al viejo estilo franquista- las cosas terminen por arreglarse solas. Por sí solas las cosas no están haciendo sino empeorar. Aquí radica precisamente el nudo dramático de la cuestión vasca: la política de UCD hace imposible el manifiesto posibilismo del PNV y abdica de los síntomas, por leves que sean, de voluntad negociadora por parte de Euskadiko Ezkerra. Con ello, refuerza las bases electorales de Herri Batasuna y condena a las otras dos formaciones nacionalistas a la desesperación independentista. Si el PNV, Herri Batasuna y Euskadiko Ezkerra se unieran, serían mayoritarias en Euskadi. Y si el Gobierno se niega a negociar seriamente -esto es, cediendo en aspectos sustanciales- con el nacionalismo vasco, que busca el pacto, abocaremos, sin duda. a una radicalización de tensiones de enorme peligrosidad. Aquí no está ya en juego quién tiene más razón en sus argumentos en un régimen de libertades, sino qué proyecto democrático es posible.

Las más elevadas instituciones de la nación, el Gobierno, los partidos parlamentarios y las demás fuerzas que participan en el régimen establecido, deben ser conscientes de que el consenso refrendado el 6 de diciembre no incluye a la mayoría de los vascos. Esto es una mala noticia, pero es menos malo saberla que ignorarla. Por esta razón, es necesario que las fuerzas del nacionalismo vasco partidarias de una salida pacífica lleguen a un segundo nivel de consenso con el resto de la comunidad española, para establecer un auténtico régimen de autogobierno en Euskadi. Resulta altamente dudoso que Herri Batasuna y sus bélicos protectores admitan otra cosa que no sea la capitulación. Aun así, habría que intentar, si las armas callaran, alguna forma de diálogo, sin hacerse demasiadas ilusiones sobre su viabilidad. Ahora bien, el PNV, desde luego, y Euskadiko Ezkerra, muy probablemente, están dispuestos a discutir, a pactar y a suscribir compromisos razonables y honorables. No va a ser tan fácil como lo fueron en el pasado las negociaciones del presidente Suárez con los socialistas, los nacionalistas catalanes, los comunistas o la izquierda extraparlamentaria. Pero en ninguna parte está escrito que esas transacciones deban servir de modelo para la cuestión vasca.

Por lo demás, ocultaríamos la verdad si dijéramos que somos optimistas al respecto. Todos los síntomas dejan traslucir que la estrategia del Gobierno para el País Vasco imita la política del avestruz. Aunque el rumor de que el señor Martín Villa puede ser nombrado ministro para los Territorios Autónomos no termina de resultar verosímil, digamos por si acaso que la designación para esa cartera del responsable político de los sucesos de Pamplona y Rentería sería un incomprensible error. Y a todo esto, mientras el País Vasco se debate en un conflicto sangriento, dramático y cargado de negros presagios, el presidente del Gobierno medita en los salones de la Moncloa, con lentitud, las cuestiones de la investidura y lanza guiños a los desasosegados ministrables. Si Suárez desea de verdad ingresar en la categoría de los hombres de Estado, deberá conferir de una vez a la cuestión vasca el carácter de objetivo central y prioritario de su Gobierno e instalar simbólicamente en algún edificio público de San Sebastián, de Bilbao o de Vitoria su despacho presidencial, hasta dar con las claves que permitan la solución pacífica y negociada de lo que, de otra forma, puede convertirse, si no, en un formidable frenazo histórico al desarrollo democrático en España y en una interminable sangría -en todos los aspectos- debilitadora del país durante lustros.