Esta semana pueden quedar decididos los precios agrarios

Se reanudan hoy, en el Ministerio de Agricultura, las negociaciones entre Administración y organizaciones agrarias para el establecimiento de los precios de productos agrarios sometidos este año a regulación de campaña. Tras un proceso de reuniones, que dura ya 42 días, será posiblemente mañana cuando comiencen las negociaciones propiamente dichas, estudiando los precios, producto por producto, y con el propio ministro de Agricultura, Lamo de Espinosa, como interlocutor válido con capacidad ejecutiva. Hasta ahora, el FORPPA sólo ha sido el «coordinador» de un negociación que, según todos los indicios, está próxima a su culminación. Escribe Carlos Rodríguez.

El primer contacto entre Gobierno y sindicatos agrarios tuvo lugar el día 6 de febrero. El FORPPA convocó a cinco organizaciones nacionales a un contacto previo, en el que pulsaría su opinión respecto de una nueva negociación, explicaría su propia postura y les entregaría un cuestionario sobre cada producto, que debería entregarse, debidamente cumplimentado, en el plazo de diez días. Las organizaciones de agricultores citadas entonces fueron la Confederación Nacional .de Agricultores y Ganaderos (CNAG), Centro Nacional de Jóvenes Agricultores (CNJA), Unión de Federaciones de Agricultores de España (UFADE), Federación de Trabajadores de la Tierra (FTT) y la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG). Esta última tuvo que abandonar aquella reunión por decisión mayoritaria de los asistentes, al manifestarse en varias calles madrileñas 5.000 de sus afiliados. Era la primera tensión resultante de la pugna entre la COAG y la FTT por la hegemonía en el agro español y también en las negociaciones. La Administración, que negocia por medio del FORPPA, manifestó su deseo de seguir, en cuanto al método de fijación de precios, el utilizado por la CEE (método objetivo), que consiste en recoger da tos de varias explotaciones-tipo y con ellos establecer unos precios medios. La postura de los sindicatos, a la vista de esta alternativa de sus respuestas a los cuestionarios y de las primeras reuniones quedó así: la FTT pretendía negociar producto a producto, como el año pasado, concediendo mucha importancia a las medidas complementarias. La CNAG aceptaba la posibilidad de seguir el método objetivo, y si no fuera posible ponerlo en práctica con la infraestructura española, un sistema mixto objetivo, producto a producto; este método sería el adecuado para la COAG, dada la posición de los precios de los distintos productos. Los precios se debían negociar junto con las medidas complementarias, haciéndose necesaria una clarificación de la comercialización de los productos. El CNJA argumentaba que una evaluación del incremento global sería un buen punto de partida para descender posteriormente a los productos regulados, siempre dentro de una política agraria a corto y medio plazo. Y la UFADE aseguraba que la negociación de precios debía arrancar de los escandallos de producción; también aceptaba como válido el método mixto para la fijación de precios.

Tras varias reuniones con todos los sindicatos, por separado y en conjunto, el FORPPA sigue sin desvelar cuáles son sus propuestas concretas. Antes de viajar a Brasil, el ministro de Agricultura se reunió durante varias horas con el vicepresidente económico, Abril Martorell, y obtuvo «luz verde» del Gobierno para negociar. En su última reunión (viernes pasado), Luis García reiteró la propuesta inicial de la Administración de subir globalmente los precios en un 9%, pero todo hace suponer que Lamo de Espinosa estará dispuestos a aceptar hasta el 12%, en lo que se prevé una negociación relámpago. No hay que olvidar que las elecciones locales están convocadas para dentro de dos semanas y que un mal paso del Gobierno en el campo en materia de precios repercutiría en los votos.

El año pasado, la regulación conjunta de los precios agrarios quedó establecida en los pactos de la Moncloa y debía hacerse con antelación suficiente para orientar las distintas campañas. Este año, la Administración no tiene obligación legal de negociar, y si lo hace es por deseo expreso del ministro de Agricultura y ante una presunta oposición del vicepresidente económico, Abril Martorell. Las organizaciones agrarias temieron, en principio, por las negociaciones ante el calendario político; posteriormente, por la interinidad del Gobierno, y en última Instancia, por el distanciamiento de las posturas. Ahora se preguntan por qué el Gobierno no decide institucionalizarlas por decreto, puesto que se hacen necesarias de cara a la integración española en la CEE.

Se estudian este año los precios de los diecinueve productos sometidos a regulación: trigo, cebada, avena, centeno, arroz, maíz, sorgo, habas secas (leguminosas-pienso), algodón, girasol, remolacha azucarera, caña de azúcar, aceite de oliva, vino, carne de bovino, carne de porcino, carne de aves, huevos y leche de vaca. Algunos sindicatos -entre ellos la COAG y la FTT- han mantenido su postura de negociar además otros productos como la patata, cebolla, tomate o carne de ovino, que también están regulados en la Europa de los nueve.

Los sindicatos, preocupados por el futuro y por lo que consideran insuficiente capacidad adquisitiva de las gentes del campo, solicitaron inicialmente incrementos globales para estos precios que oscilan entre el 16% y el 21%, aunque actualmente han unificado posturas en torno al 17,5%. Pero si estructuralmente es importante la discriminación del sector agrario, a la hora de fijar los precios hay que tener en cuenta también la presión coyuntural y la inestable situación del productor agrario dentro del proceso económico. En el establecimiento de los precios, de natural tendencia osciladora, influyen fundamentalmente el carácter biológico de la producción agrícola (imposibilidad de modificar su calidad tan rápidamente como en la industrial) y la pequeña elasticidad de la demanda alimentaria.

En estas negociaciones se estudian y aprueban solamente unos precios de referencia para algunos productos, pero que marcan después una clara influencia en la cesta de la compra y que pueden disparar los índices de precios al consumo, a cuyos resultados, por impopulares, tiene tanto miedo el Gobierno. El grupo alimentario ocupa el 36,1% de los productos que integran la cesta de la compra, por ello el Gobierno habrá de tener en cuenta que unos porcentajes altos en el incremento global de los precios agrarios, como piden los sindicatos, podrían disparar aún más de lo previsto los índices de precios al consumo; teniendo en cuenta, además, que si bien la renta agraria es menor que la industrial, no lo es tanto comparadas con sus respectivos costes.

Se prevé que en la próxima década, el consumo alimentario de los países de la Comunidad Económica Europea se incrementará a un ritmo medio del 3% anual en términos reales. Las modernas técnicas industriales y financieras han abierto un proceso de creciente concentración, que varía entre los países que la integran según los sectores, y que apuntan hacia importantes mutaciones económicas y estructurales del organismo europeo. La entrada de España, Grecia y Portugal en la CEE como miembros de pleno derecho equilibrará el sector agro alimentario, por tratarse de países mediterráneos que se complementan claramente con los ya integrados. Sin embargo, no debe olvidarse que ese mayor equilibrio en el terreno agroalimentario debe comenzar por el de cada uno de los países. Por ello, el Ministerio español de Agricultura está llamado a modificar sus estructuras y acercarlas a las de los países miembros de la CEE. Para ello deberá incorporar a sus tareas a todo el sector agroalimentario, controlar su balanza comercial y tutelar el consumo del país.

Hace días, el Gobierno español solicitó a la Comisión de las Comunidades Europeas la apertura de negociaciones sobre precios agrícolas. Al parecer, a nuestras autoridades les interesa de modo especial abordar algunos aspectos relativos al tratamiento que aplica la CEE a las producciones agrícolas españolas y, en general, todo lo que pueda plantearse bajo una proyección de futuro. En este sentido, no estaría mal que el Gobierno español recordara la pretensión de la Comisión Europea de congelar los precios agrícolas en la campaña 1979-80, con el fin de «velar por los derechos del consumidor» (véase EL PAIS de 1 de febrero).

Resulta curioso observar cómo en los últimos quince años el Ministerio de Agricultura no ha propuesto ni estudiado para el campo un mecanismo diferente al de la elevación de precios, preocupándole mucho más el aspecto comercial que el productivo. A la vista de la coyuntura actual y de las perspectivas de futuro, tal vez fuera este el momento idóneo para que el Gobierno se plantee las estructuras del Ministerio de Agricultura e incluso su propia razón de ser.