El conflicto de los hospitales de la Seguridad Social se extiende a catorce provincias

El conflicto que registran desde hace varios días los hospitales de la Seguridad Social se extendió ayer a catorce provincias, con especial incidencia en los centros sanitarios de Madrid, donde la mayor repercusión de los paros afectó, al igual que en días anteriores, a la Ciudad Sanitaria de La Paz. El personal facultativo, por su parte, votó ayer la adopción de una serie de medidas de presión en apoyo de sus reivindicaciones. Estas medidas no descartan la huelga, lo que podría tener efecto el próximo día 27.

Los huelguistas de La Paz insisten en imponer como condiciones irrenunciables para deponer su actitud, además de la inmediata negociación con el INP de sus reivindicaciones económicas y sociales -origen del conflicto-, la puesta en libertad de los compañeros detenidos y la retirada de la fuerza pública de los hospitales.El INP, por su parte, mantiene su postura de no negociar aumentos salariales hasta que no sean, aprobados los presupuestos de la Seguridad Social. Sobre el conflicto, la versión oficial facilitada por el Ministerio de Sanidad, a través de su oficina de prensa, da cuenta de «un intento de asalto por un piquete del exterior en el centro Ramón y Cajal, impedido por la sola presencia de la policía, que no tuvo necesidad de intervenir».

En cuanto a la actuación de los gobiernos civiles en el conflicto -actuación que viene determinada por el hecho de que los hospitales fueron intervenidos por el Gobierno, según acuerdo del Consejo de Ministros, para evitar los efectos de la huelga-, destaca la decisión del gobernador civil de Oviedo en el sentido de prohibir las asambleas, reuniones o concentraciones que perturben la actividad normal de los centros sanitarios, según informa José Manuel Vaquero. Los cuerpos de seguridad del Estado han recibido instrucciones para que, en coordinación con la Dirección de las Instituciones Sanitarias, exijan un riguroso control de asistencia y permanencia del personal en cada centro de trabajo e impidan la presencia injustificada de cualquier persona.

El gobernador civil de Madrid, por su parte, ante los incidentes registrados el pasado martes en La Paz, ha ordenado a la Delegación Territorial del Ministerio de Sanidad la apertura de un informe sobre la actividad de diversos trabajadores de centros hospitalarios a fin de determinar la posible falta de atentado a la salud pública, por impedir el normal desarrollo de los servicios, lo que supondría la inmediata rescisión de sus contratos laborales.