Marruecos afirma que la captura de los pesqueros españoles es lícita

Mientras las autoridades del Ministerio de Asuntos Exteriores de España desmentían ayer que los buques pesqueros capturados días atrás por Marruecos hubieran sido desvalijados de sus artes de pesca y del producto de la misma, la asamblea de Armadores de Pesca Fresca de Huelva, reunida hasta última hora de la tarde de ayer en sesión extraordinaria, se hacía eco de las declaraciones del cónsul español en Agadir, emitidas por Radio Popular de Huelva, en las que afirmaba todo lo contrario. Los armadores han cursado telegramas al Rey y al ministro de Asuntos Exteriores en los que lamentan la falta de seguridad de los pescadores españoles.

El Gobierno de Marruecos parece dispuesto a exigir de las autoridades españolas una estricta aplicación de las normas que incluye el acuerdo pesquero hispano-marroquí, pendiente de ratificación por el Parlamento de Rabat, y sobre el que los responsables de Marruecos han desarrollado, en los cerca de diecisiete meses de su vigencia, una cierta flexibilidad, sólo rota en momentos claves para ejercer presión política sobre el Gobierno español.Esta es la impresión que se recoge en medios oficiales hispanos en relación con la redada de barcos pesqueros españoles, que ha elevado a once el número de buques capturados el pasado martes, y hoy amarrados en los puertos de Agadir (siete), Casablanca (tres) y Safi (uno). Capturas éstas que las autoridades marroquíes aseguran como lícitas, por estar todos estos barcos en plena ilegalidad y al margen de las normas del acuerdo vigente. Según estas fuentes, los tres barcos llevados a Casablanca y el de Safi faenaban a menos de seis millas de la costa marroquí, con artes no permitidas y sin licencia pesquera, lo que les da una ilegalidad total. Los otros siete, llevados a Agadir, fueron interceptados por patrulleras en una acción de control más política que pesquera, para ver si desarrollaban alguna actividad sospechosa. Durante la investigación se comprobó que estaban también en aguas no incluidas en el acuerdo, a unas diecisiete millas de la costa, y que tenían caducadas sus licencias de pesca.

Todos los buques se encuentran amarrados desde el martes, y sus tripulantes, en libertad, esperan decisiones marroquíes, en las que pueden surgir multas y confiscaciones de capturas y aparejos. Para acelerar los trámites, el Gobierno español ha iniciado una serie de gestiones diplomáticas a través de su embajador en Rabat y de sus cónsules en Agadir y Casablanca. También en Madrid se mantuvieron contactos con el embajador de Marruecos en España, en busca de precisiones sobre los hechos y para intentar conseguir una próxima liberación de los barcos. Asimismo, el subdirector general de Cooperación Internacional del Ministerio de Transportes, Lorenzo González, se desplazará hoy a Rabat para iniciar conversaciones sobre estos hechos y sobre la situación actual del acuerdo hispano-marroquí.

Una situación esta que es bien confusa y que espera, por parte española, la ratificación formal del Parlamento de Marruecos, que se retrasa una y otra vez, al parecer con claras intenciones políticas. Tampoco están ausentes de culpa los armadores y pescadores hispanos que faenan en la ilegalidad, al amparo de una flexibilidad marroquí, a lo largo de cerca de diecisiete meses, sólo interrumpida en momentos claves para presionar políticamente al Gobierno de Madrid, del que Marruecos quiere, especialmente, conseguir que avance la lista de buques con licencia para pescar, según lo estipula el acuerdo.

En este momento se desconocen las razones políticas que han provocado este apresamiento masivo de buques. De todas maneras, la Administración española debería imponer una rígida disciplina pesquera que evite situaciones como ésta, al amparo de una supuesta «vista gorda» de Marruecos, que ha permitido a muchos barcos faenar a su aire en los últimos meses.