Enfrentamiento UCD-PSOE sobre los decretos-ley

La Diputación Permanente del Congreso de los Diputados -órgano integrado por 38 ex diputados, que sustituyen a esta Cámara mientras esté disuelta- convalidó, por unanimidad, el decreto-ley que permite incrementar el sueldo de los funcionarios según lo previsto en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado. La sesión, que se celebró a puerta cerrada, abrió la posibilidad -de acuerdo con la tesis socialista- de que, en sucesivas ocasiones, se tramite como proyecto de ley, por el procedimiento de urgencia, el texto del decreto-ley que podría resultar por este medio modificado. UCD discrepó de esta interpretación.

La primera cuestión del orden del día estudiada fue el nombramiento de secretario, como consecuencia de no pertenecer el socialista Pablo Castellano a la Diputación Permanente. Por dieciséis votos a favor, uno nulo y dieciséis abstenciones resultó elegido el también socialista Enrique Barón.A continuación fue aprobado por unanimidad el proyecto de normas de funcionamiento de la propia Diputación Permanente, del que ofrecemos un resumen en esta misma página. Seguidamente, el decreto-ley sobre aumento de sueldo a los funcionarios fue aprobado también por unanimidad.

En nombre del Gobierno asistieron a la sesión el vicepresidente segundo y ministro de Economía, Fernando Abril, y el ministro de Hacienda, Francisco Fernández Ordóñez. Este último aludió a la importancia de que fuera aprobado el citado decreto-ley, primero presentado después de aprobada la Constitución, y cuya finalidad obedece a que «no va a haber presupuestos por lo menos hasta el próximo mes de mayo, como consecuencia de las elecciones». Como resultado de la convalidación del decreto-ley, los aumentos de sueldo -establecidos en un 10 %- se anticiparán desde el próximo mes, sin perjuicio de que el nuevo Gobierno que surja de las elecciones los modifique.

Convalidado el decreto-ley, el presidente de la Diputación Permanente, Fernando Alvarez de Miranda, formuló a los miembros de la misma una pregunta, en el sentido de si algún grupo quería que se tramitara como proyecto de ley el texto del mismo. La pregunta, previamente pactada con UCD y PSOE, al igual que el silencio de los grupos, desencadenó una serie de explicaciones, de entre las que destacaron la explicación del silencio socialista, a cargo de Gregorio Peces-Barba, y la puntualización a esta explicación, por parte del portavoz de UCD, Pérez Llorca.

En ambas intervenciones subyacía una diferente interpretación de los preceptos constitucionales referidos a la Diputación Permanente, criterios contrapuestos que ya habían quedado expresados con ocasión del dictamen del Cuerpo de Letrados de las Cortes. La interpretación socialista, favorable a una mayor amplitud de funciones de la Diputación, entendía que los decretos leyes pueden tramitarse como proyectos de ley, mientras que la versión centrista es contraria a este criterio mientras la Cámara esté disuelta.

En los pasillos del Congreso, el señor Peces-Barba aseguró a los periodistas que la formulación de la pregunta por parte del señor Alvarez Miranda creaba el precedente, concorde con el texto constitucional, de la posible tramitación del decreto-ley como proyecto de ley, lo que, en definitiva, supone que aquél es modificable. El señor Pérez Llorca estimó lícita la interpretación socialista, pero dijo que no se deducía de la formulación de la pregunta por el presidente.