Un grupo de alcaldes guipuzcoanos, contra el gobernador civil

Un manifiesto político hecho público en San Sebastián por el grupo de «alcaldes de Vergara» pone en entredicho la autoridad real de la que goza el delegado del Gobierno en Guipúzcoa, al que sus subordinados -según el texto- no informaron en ningún momento de la detención, el martes a primeras horas de la mañana, de la máxima autoridad municipal de Oyarzun.

El alcalde de esta localidad guipuzcoana fue conducido, en la fecha señalada, a la comisaría de policía de San Sebastián por inspectores del cuerpo bajo la presunción de una posible conexión con alguna de las dos ramas de ETA. El comisario-jefe de la policía de la capital donostiarra aseguró ayer a EL PAÍS que los interrogatorios a los que estaba sometido el afectado, Iñaki Aristizábal, «se habían complicado de tal forma» que habían quedado frustrados los plazos previstos para su remisión al juzgado.

El comunicado de las autoridades municipales comienza expresando la protesta más enérgica por la inhibición del gobernador civil de la provincia, para continuar afirmando su más absoluto distanciamiento a la hora de pronunciarse sobre «la inocencia o culpabilidad de nuestro compañero, que en su día las autoridades judiciales competentes dictaminarán».

El texto, que denota en los primeros puntos la preocupación por la forma en que se está llevando a cabo el caso, deriva en su Último párrafo en una interrogante política planteada por este grupo de alcaldes, que se preguntan: «¿Quién manda realmente en Euskadi?» En concreto, las autoridades municipales representadas en este colectivo terminan cuestionando la ley antiterrorista y las nuevas medidas adoptadas últimamente por el Gobierno, preguntándose si contribuirán a resolver o a agravar la situación en el País Vasco.