La vuelta de los arbitristas

Inspector Financiero y Tributario

Por lo que toca a la libertad de enseñanza y a las opciones que corresponden a los padres, ya vimos cómo éstas dependen, en gran parte, de obstáculos económicos que no todas las familias sufren en el mismo grado. Igualmente, es fácil que en determinadas áreas geográficas (zonas rurales) las posibilidades de elección ni siquiera existan. Por otro lado, ¿qué ocurrirá si la demanda de plazas excede a la oferta de las mismas en un determinado centro escolar? ¿Cómo van a establecerse las preferencias para entrar? Satisfacer a todos los que, en principio, han elegido un determinado centro puede no ser posible y no es baladí conocer los criterios de selección. Piénsese que si en el mejor de los casos se emplean baremos basados en resultados académicos o tests de inteligencia, éstos seguramente vendrán influidos por el origen socioeconómico de los alumnos, dada la correlación que suele existir entre clase social y coeficiente de inteligencia.Otro problema que se relaciona con el que acaba de tratarse es si se va a permitir a todos los centros, privados y públicos, que limiten a su arbitrio el número de alumnos a admitir en cada curso: si sólo se permitiese a los privados, la calidad de la enseñanza podría resentirse en los públicos, lo que podría llegar a desprestigiarlos y, presumiblemente, los clientes potenciales acabarían por retirarles su favor; el distanciamiento en la calidad de los centros públicos con respecto a los privados podría aumentar progresivamente. Y si se permitiese a todos, privados y públicos por igual, ¿qué iba a ser de aquellos alumnos de lento-aprendizaje y a los que muchos centros rechazarían como única forma de mejorar los resultados de los más despiertos y así seguir siendo demandados?

En este resbaladizo tema de las posibilidades de opción de los padres, H. Levin, uno de los críticos de la propuesta de Friedman, ha ido más lejos. Levin afirma que la posibilidad de elección vendrá mediatizada por la posición que los padres ocupan en la estructura social y, sobre todo, productiva. Por decirlo en dos palabras: muchos padres elegirán la escuela que, en su opinión, maximizará las probabilidades de éxito de sus hijos en el contexto de la propia experiencia de los padres. Es decir, un obrero industrial, por ejemplo, valorará, normalmente, resultados y hábitos a adquirir (puntualidad, disciplina ... ) distintos, digamos, de los que valorarían un ejecutivo o un profesional liberal (imaginación, capacidad de decisión ... ) y ambos obrarán en consecuencia eligiendo tipos distintos de escuela para sus hijos. La libertad de elección viene así condicionada por los roles productivo y social de los padres.

No se olvide, en otro orden de cosas, que la posibilidad de una elección satisfactoria por parte de los padres dependerá en gran medida de la transparencia del mercado de los «productos» educativos. De introducir, pues, un sistema de estas características, habría que reglamentar estrictamente y desde luego controlar la publicidad de los distintos centros, en términos de su veracidad al informar tanto de lo que ofrecen desde el punto de vista educativo como de los correspondientes precios. En forma similar, el Estado habría de proveer a los padres al término de cada curso escolar de los medios de interpretar y comparar adecuadamente los resultados educativos de los distintos centros, para que puedan disponer de una. auténtica guía orientadora de sus futuras opciones. Sin todo esto, apenas podrá hablarse de una verdadera y satisfactoria elección por parte de los padres. Pero el proyecto no se para en barras y ni siquiera alude a estos extremos: a todas luces los considera minucias.

En realidad, si de elección se trata, no puede olvidarse que muchas de las condiciones que permiten actuar con éxito en un mercado (que permiten de verdad elegir), tales como un cierto nivel de renta, educación, acceso al crédito y movilidad geográfica son cosas de que disponen amplios sectores de la clase media, pero no son tan habituales en las familias de baja renta. Y si eso es verdad para muchas clases de bienes privados, ¿no habrá que andar con pies de plomo para aplicar este esquema a los servicios educativos?

Como puede verse, del dicho del proyecto a los posibles hechos va un trecho muy largo. En suma, que los bonos de UCD y la libertad de elección para todos no son sinónimos. Ni muchísimo menos.

No todo bono es bueno

No terminan aquí las críticas que un escéptico contumaz podría hacer a un sistema de bonos, tanto en su versión friedmaniana como en la contenida en el proyecto, Se ofrecen algunas a renglón seguido.

1. En lo que respecta a las mayores posibilidades de opción que se brinda a las familias, y en el caso muy común de existencia de regulaciones académicas mínimas o muy similares para la admisión en la mayoría de los centros, ¿es plausible pensar en grandes variaciones en la orientación y calidad de la enseñanza? ¿No ocurrirá, como apunta R. Perlman, que las diferencias se reducirán a planteamientos diversos en los terrenos social, político y religioso? En tal caso, puede que más que una enriquecedora diversidad se esté fomentando la división y compartimentación sociales.

2. ¿No cabría, de otra parte, favorecer ese mayor deseo de aumentar la capacidad de elección de los padres dentro del propio sector educativo público, como sugiere Ch. S. Benson? Si se piensa, además, que una de las probables razones por las que muchos padres españoles prefieren enviar a sus hijos a escuelas no públicas radica, aparte de la relativa escasez de escuelas públicas en algunas áreas, en el hecho de que suele asociárselas a una enseñanza de baja calidad, ¿no se ampliarían también las posibilidades de elección de los padres si en vez de dedicar masivamente recursos financieros al sector privado se encauzaran éstos a mejorar el sector público?

3. Por otro lado, si se ponen límites de algún orden para paliar el aumento de la estratificación social, por ejemplo la prohibición de adicionar fondos privados al valor de los bonos o de limitar el uso de éstos a aquellas escuelas que no cobraran un precio superior a dicho valor, ¿no se tambalearía uno de los grandes atractivos del sistema, al menos en su versión original: el incremento de los recursos financieros totales dedicados a educación?

4. ¿Y qué decir de las deseconomías que podrían tener lugar como consecuencia de la proliferación de pequeñas escuelas que, eventualmente, se crearían al amparo del sistema?

5. Pero no acaba aquí la cosa. Al establecer el proyecto que los centros privados acogidos a las ayudas a la gratuidad no funcionarán bajo ánimo de lucro, ¿quiere decirse que no va a admitirse la posibilidad de que algunos centros obtengan beneficios? Si la organización eficiente de un centro los hace posibles, ¿cuál será el destino de ese excedente? ¿O se multará a los centros que estén en esa situación? Y si, por razones distintas de la mala administración económica o la falta de aceptación por el público, los costes de un centro son superiores a las cantidades recibidas vía bonos más partidas «extra», ¿habrá de desaparecer el centro? En su afán por impedir lo que podría denominarse las actitudes frívolas para entrar y salir del sector educativo, el proyecto establece, es cierto, una serie de cautelas; aunque éstas -valgan verdades- se pasan de rosca (artículos 6.4 y 12). Pero no tener el propósito único de obtener beneficios es una cosa y estar dispuesto a perder dinero es muy otra. Muchos centros podrán encontrarse bien pronto, literalmente, en la cuerda floja.

6. No son menores los problemas que podrán plantearse a los centros públicos. Si no se ven lo suficientemente concurridos por algunos (porque no son elegidos por sus padres) podrán darse situaciones que entrañen un cierto grado de ineficiencia económica: bajo índice de utilización de las instalaciones, semiinactividad de los enseñantes... Y, por cierto, ¿repercutiría una situación de esta índole en las remuneraciones de dichos enseñantes si cada centro no va a disponer de más ingresos que los constituidos por nuestros conocidos sumandos (importe de los bonos más las cantidades autorizadas)? Ello podría llegar a lesionar sus actuales derechos económicos como funcionarios públicos, aunque siempre queda el recurso de modificar las disposiciones correspondientes. Falta por saber, no obstante, como ya se apuntó, si las escuelas públicas estarán siquiera autorizadas para el cobro de las cantidades adicionales de marras. En puridad, ni siquiera está claro en el proyecto que las escuelas públicas vayan a alterar su funcionamiento actual en lo que respecta a su financiación. Y es que los puntos oscuros del proyecto son legión como ya se habrá percatado el lector a estas alturas.

Coda

Una observación final. Para estimar las cantidades de fondos públicos adicionales que serán necesarias para poner en marcha el proyecto, sus redactores, según parece, han hecho los cálculos en base a la actual distribución de los alumnos entre los sectores público y privado. Tal vez porque tienen la idea de que en el futuro dicha distribución se mantendrá en los términos presentes. Pero no hay ninguna garantía de que así vaya a ocurrir. Ni, en rigor, se puede saber nada hasta que la elección, por parte de las familias, de unos u otros centros haya tenido lugar en el nuevo marco representado por los bonos. Así, que, de resultar cierto tan alegre como infundada previsión, ¿qué pasaría si, pongamos por caso, como resultado de la implantación del sistema y sus reiteradamente predicadas virtudes para favorecer las posibilidades de opción familiares, se altera sustancialmente la distribución de los alumnos en el sentido, por ejemplo, de optar muchos más padres (alumnos) que hasta el presente, por un sector educativo distinto del que ahora frecuentan?

Si el sector privado resulta ser el más demandado en este trasvase, no sólo habría de ampliarse notablemente y a toda prisa, sino que además haría falta movilizar notables cantidades de fondos públicos adicionales.

Amén de que esta situación se reflejará en la ya mentada infrautilización de un sector educativo público que, mientras tanto, continúa ampliándose en la actualidad, tal vez para ser declarado en parte obsoleto dentro de un par de años. Pero también podría ocurrir que fuera el sector público el que se viera beneficiado por una mayor demanda. En ese caso habría que improvisar instalaciones que conllevarían nuevas y urgentes asignaciones de fondos. Y habría que recordar que éstos no son ilimitados ni movilizables de la noche a la mañana. Así las cosas, les tocaría -en esta segunda hipótesis- a muchos centros privados actualmente en funcionamiento el turno de echar el cierre.

Algunos pusilánimes podrían llegar a insinuar que estas pequeñas faltas de previsión convierten al proyecto en algo completamente descabellado. O que los cautos experimentos llevados a cabo en otras latitudes se orientan, precisamente, a evitar este género de indeseables resultados. Pero estos apocados no confían en los valores de la raza ni perciben que aquí somos otra gente, como decía el poeta.

Sólo faltaría que el curso siguiente al del inicio del sistema un buen número de familias que hayan conseguido sobrevivir al maremágnum de improvisaciones, carreras e incertidumbres que tal vez hayan atravesado muchos de sus retoños, decidan, decepcionadas de su primera opción, probar fortuna en el otro sector educativo. El batiburrillo consiguiente sería de los que hacen época. Con una cosa así, nuestra notoriedad en el concierto de las naciones acabaría -¡ay! - de consolidarse.