Pisos vacíos: culpables, todos

Coordinadora Asociaciones de Vecinos de Carabanchel BajoEl último incendio ocurrido en las chabolas de Carabanchel Bajo, en el que estuvieron a punto de perder la vida un matrimonio y sus tres hijos de corta edad, demuestra el grado de insensibilidad de la Administración ante los problemas humanos de los chabolistas. No nos vamos a remontar a la historia de las veces que los bomberos han tenido que acudir a las chabolas, ya sea por incendio, hundimientos o riadas producidas por la lluvia. Si algún día tenemos tiempo de elaborar una estadística y ver los datos globales, tendremos que preguntarnos cómo ha sido posible aguantar tanto.

Por una parte, existen en Carab,anchel Bajo varias zonas de viviendas promovidas por el Instituto Nacional de la Vivienda, como son las colonias de experimentales, Oporto, Girón, Tercio Terol, Marcelo Usera y San Vicente de Paul. En estos momentos que en todas ellas existen unos trescientos pisos vacíos en total, localizados y denunciados por los vecinos ante la Administración, más los que puedan haber sidó detectados desde la Delegación Provincial de la Vivienda y que nosotros no conocenios. Esta coordinadora, antes del verano, comenzó a entregar listas de pisos vacíos a los organismos oficiales competentes. Hasta la fecha sólo se han resuelto dos casos aislados. Desde la Delegación Provincial se nos envió una lista de 54 casos de los que afirmaba que los datos son erróneos. En cambio, no hemos recibido contestación de las denuncias restantes, que por pura deducción suponemos que serán ciertas.

Por otra parte, la ley 24/ 1977, de 1 de abril, determina la expropiación forzosa por incumplimiento de la función social de la propiedad de viviendas de protección oficial..., cuando se mantenga habitualmente deshabitada sin justa causa, cuando se utilice para fines distintos del domicilio del propietario, su cónyuge, ascendiente o descendiente o cuando sus adquirentes utilicen otra vivienda construida con la protección del Estado excepto las excepciones legales establecidas.

En enero del año anterior el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo dijo que le harían falta dos meses para proveerse de los mecanismos legales que facilitarían la expulsión de los titulares irregulares y la nueva adjudicación. Hace apenas un mes, y transcurridos once, el delegado provincial nos dice que le harán falta siete meses para resolver los casos denunciados. No nos creemos la necesidad de plazos tan desorbitados. Sabemos que cuando la Administración ha querído, los expedientes se han resuelto con rapidez. Por otra parte, con esta tardanza, la propia Delegación Provincial está dando pie a que los titulares de los pisos denunciados pasen a ocuparlos de nuevo, aunque sea transitoriamente, para burlar la investigación. O acelerar la venta de pisos (como ejemplo podemos citar que en San ,Vicente de Paul y en Tercio Terol se han vendido cuatro, que costaron en su día 40.000 pesetas -uno de ellos- y 400.000 -los tres restantes- por cerca del millón de pesetas. La venta se ha realizado dejando dentro los muebles para no levantar sospechas).

Mecanismos de control

Como creemos que la Administración sí tiene suficientes mecanismos de control, no tenemos más remedio que pensar que existe un desinterés por el problema, al menos en la forma que los vecinos pensamos que debería solucionarse. Es muy sintomático de este tipo de mentalidad las recientes declaraciones de Luis Laorden, delegado provincial, quien afirmó que en Madrid nunca se resolvería el problema de las chabolas y que exIsten tres clases de ellas, entre las que menciona las chabolas sólidas (?).

El señor Laorden, al defender el sistema de adjudicación denominado gota a gota, lo que quiere decir es que, en caso de que el adjudicatario irregular sea una persona sin enchufe, se le puede quitar el piso y dárselo a una familia necesitada. En caso de que el piso en cuestión esté situado en una zona atrayente, y el titular sea alguna persona protegida, el mecanismo de expulsión se frena. Por eso necesitan que la investigación de los expedientes sea lenta e individual y no una investigación global, simultánea y rápida, como pedimos los vecinos.

El problema de los pisos vacíos sólo se ha aireado desde la Administración para hacer declaraciones demagógicas sobre una preojupación que luego se ha demostrado que no es real. Tal vez las siglas MOPU signifiquen Momento Oportuno Para Utilizar..., los pisos vacíos como recurso electoralista, de cara a las municipales.

El último soplo de esperanza, fallido, fue la intención del señor Rosón, gobernador civil de Madrid, de crear una comisión con partidos políticos y la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos. El intento se planteó hace algo más de un mes y de él nunca más se supo. En este caso no podemos responsabilizar sólo al señor Rosón, de desinterés, cuando los propios partidos, y en cierta medida la Federación, vienen desocupándose del mismo o planteándolo en un clima de colaboración que ya ralla con la complicidad.

La coordinadora quiere insistir en que es un delito social jugar con las necesidades de aquellos que no saben cómo defenderse, lo es el no proporcionar viviendas a las personas que las han construido y financiado con un trabajo duro y mal retribuido. Es un delito social que se autorice la venta de una vivienda de adjudicación directa cuando el titular ya no la necesite, es un delito social que haya que, mendigar un piso, y lo es que las llamadas fuerzas democráticas no sean capaces de exigir una solución efectiva al problema.