El Gobierno limitará al 13%, por decreto-ley, el alza de los salarios durante 1979

Una banda en torno al 13%, con dos puntos de tolerancia en ambos sentidos, limitará el alza de los salarios duante 1979, según un proyecto de decreto-ley que el Gobierno someterá en los próximos días a la Comisión de Competencia Legislativa de las Cortes, examinado ayer por la Comisión Delegada para Asuntos Económicos. El contenido del decreto-ley será vinculante para las empresas públicas e indicativo para las privadas, aunque en él se prevén una serie de penalizaciones en crédito oficial y beneficios fiscales para las que no respeten el tope.Durante la mañana de ayer, todos los ministros económicos permanecieron reunidos en el palacio de la Moncloa, presididos por el jefe de Gobierno, Adolfo Suárez. Por la tarde, un grupo reducido de miembros del Gabinete se reunió con el vicepresidente, Fernando Abril, para ultimar al gunos de los detalles del proyecto de decreto-ley, así como otras normas complementarias que deberán ser aprobadas para asegurar la coherencia de la disposición. La mayor parte de estos temas serán, con toda probabilidad, abordados por el señor Abril en la rueda informativa que ha convocado el próximo martes, en el palacio de la Moncloa.

La limitación salarial en torno al 13% impuesta por el Gobierno comenzó a plantearse hace varias semanas, a medida que crecía la evidencia de que los pactos socioeconómicos no iban a suscribirse, al menos antes de que se desvelara el calendario político inmediato. En el Consejo de Ministros del pasado viernes se adoptó el acuerdo de encomendar a la Comisión Delegada la instrumentación de la norma legal por la que quedarán limitadas las subidas salariales. Esta limitación salarial afectará, en primer lugar, a la negociación de los más de 2.000 convenios colectivos cuya vigencia ha expirado o está a punto de concluir.

De acuerdo con lo dispuesto en el proyecto de decreto-ley, todas las empresAs públicas -aquéllas en las que el Estado o sus organismos participan con más del 51%- deberán ajustar sus tablas salariales a la limitación establecida. Las privadas, por su parte, no vienen obligadas al cumplimiento de la disposición, pero aquéllas que se beneficien de cualquiera de las modalidades del crédito oficial o pretendan acogerse a cualquier tipo de beneficio fiscal, podrán ser penalizadas con la pérdida de ellos en el caso de que no respeten el tope del 13%.

Como novedad respecto a lo dispuesto en el pacto de la Moncloa y en el decreto-ley que se promulgó para su aplicación, la norma elaborada por el Gobierno para 1979 sustituye el indicativo rígido de limitación al alza de los salarios por una banda, con cuatro puntos de aplicación, -dos por encima y dos por debajo del 13%- para unos determinados supuestos de fiscalidad de los trabajadores, productividad y una larga serie, al parecer no definida por los ministros económicos tras su reunión de ayer. Las condiciones exactas de aplicación de este margen de maIniobra serán, con toda probabilidad, decididas antes del martes próximo e incluidas en el decreto-ley, aunque no se de,scarta que pudieran ser desarrolladas con posterioridad, mediante una disposición de menor rango.

Reforma del presupuesto

La promulgación del decreto ley de limitaciones salariales plantea la necesidad de remitir a las Cortes un proyecto de ley suplementario al ya remitido de los Presupuestos Generales del Estado, cuya elaboración fue examinada también ayer por la Comisión Delegada. Este proyecto de ley anejo al Presupuesto contempla sobre todo una serie de modificaciones a las previsiones de retribución de los funcionarios. En principio, el alza de los sueldos del personal al servicio de la Administración había queda do fijada en un 10% de promedio pero a la vista de las limitaciones salariales fijadas con carácter general quedará aumentado en un punto. Asimismo, se reformará la previsión de los sueldos de los funcionarios en el sentido de garantizar un salario mínimo, tal y como solicitó la ponencia de la comisión correspondiente del Congreso al examinar el proyecto del Gobierno. Asimismo, se remitirá a las Cortes en el proyecto de ley adicional al Presupuesto una previsión de incremento de las inversiones públicas en determinadas zonas y la distribución del Fondo de Acción Coyuntural. Esta distribución incluida en el proyecto primitivo, a la espera del desarrollo y eventual desenlace de las negociaciones encaminadas a un posible pacto socioeconómico, ya que era propósito del vicepresidente Abril incluir este en las negociaciones. La del Presupuesto una serie de disposiciones relativas a la régularización de balances, atendiendo, sobre todo, a la comprometida situación de las empresas.Por otra parte, el Ministerio de Hacienda tiene prácticamente ultimados una serie de mecanismos, combinando acuerdos de Consejo de Ministros decretos y decretos-ley, mediante los cuales sea viable poner en marcha el Presupuesto de 1979, especialmente en lo que se refiere a las inversiones de los distintos departamentos y la percepción de haberes por los funcionarios, en las primeras semanas del próximo año. Este grupo de disposiciones, la mayor parte de las cuales pudieran ser aprobadas en el próximo Consejo de Ministros, responden a la práctica evidencia de que las actuales Cortes no podrán ya discutir el proyecto de Presupuesto si, como se prevé, el presidente Suárez decide disolver las Cámaras y convocar elecciones durante el primer trimestre de 1979.

La disolución de las Cortes abrirá un paréntesis legislativo de varios meses, durante los cuales sólo será posible discutir disposiciones con rango de decreto-ley, al persistir únicamente la Diputación de ambas Cámaras.

El PSUC contra la limitación

El secretari general del PSUC (Partido Socialista Unificado de Cataluña), Antoni Gutiérrez se manifestó ayer absolutamente en contra de limitar los salarios por decreto-ley. «Iniciar 1979 con un intento por parte del Gobierno de decretar un tope salarial es inadmisible y no puede beneficiar en modo alguno a la negociación entre patronal y centrales sindicales», declaró a Europa Press. El secretario general de los comunistas catalanes calificó de «provocación» el intento del Gobierno, tras el fracaso de las negociaciones para establecer un pacto socioeconómico para el próximo año. El señor Gutiérrez señaló también que es ineludible mantener intacto el poder adquisitivo de los salarios, tanto desde el punto de vista de una justa retribución y nivel de vida de los trabajadores como para que la demanda interna no caiga y sea posible una recuperación económica que todos desean en estos momentos y es necesaria para el pais.