Importantes modificaciones al proyecto de estatuto de la empresa pública

Hasta mediados de la próxima semana no remitirá el Gobierno a las Cortes el proyecto de estatuto de la empresa pública, aprobado por el Gabinete en su reunión plenaria de la pasada semana, según ha podido confirmar EL PAÍS en fuentes solventes. Dirigentes de los ministerios de Economía, Hacienda e Industria han efectuado diversos retoques al proyecto inicial, bajo la directa supervisión de los titulares de los tres departamentos citados.

La elaboración de un estatuto de la empresa pública quedó pactada en los acuerdos de la Moncloa, aunque el Gobierno ha incumplido reiteradamente los plazos que sucesivamente ha ido señalándose para remitir a las Cortes su proyecto. El último de dichos plazos, fijado por el ministro de Industria para el próximo 31 de diciembre, parece que por fin va a ser cumplido.La primera redacción del proyecto de estatuto para la empresa pública fue elaborada tras varias semanas de debates por una comisión interministerial que presidió el subsecretario de Hacienda, Dionisio Martínez. Dicho anteproyecto, tras un prolongado olvido, ha servido de base para el texto que finalmente será remitido a los parlamentarios para su consideración. Sobre dicho texto inicial, los ministros de Economía, Industria y Hacienda han efectuado numerosas correcciones, ayudados por sus colaboradores más directos. Ni el Instituto Nacional de Industria -primer holding público del país-, ni los miembros de la citada comisión interministerial han sido consultados para efectuar las correcciones finales, según ha podido confirmar EL PAÍS en fuentes próximas a los dos sectores aludidos.

El primer anteproyecto de estatuto fue contestado por el staff del Ministerio de Economía, por considerar que su carácter era excesivamente intervencionista y que adolecía de importantes defectos técnicos. No obstante, parece que no han sido precisamente los criterios exteriorizados por el staff de Economía los que han servido de base para las correcciones efectuadas. Otras opiniones en contra del texto del estatuto elaborado por la comisión le achacaban un excesivo carácter progresista, sin que se especificara en qué radicaba concretamente. Algunas fuentes consultadas atribuyen todo el protagonismo de las reformas que finalmente figuran en el texto que se remita a las Cortes al vicepresidente económico, Fernando Abril, y a los titulares de Industria y Trabajo, aunque éste último sólo haya participado en los temas específicos que pudieran afectar a su departamento.

La redacción previsiblemente definitiva del estatuto suprime toda la parte inicial del primer anteproyecto, por estimar que suponía una superposición excesiva a la legislación ya vigente en materia de sociedades anónimas. El criterio final del Gobierno es el de remitir al Derecho ya promulgado la regulación de toda la actividad de las empresas públicas, circunscribiendo el estatuto a aquellas materias que carecen de regulación legal en estos momentos.

Otra importante modificación introducida ha sido la de complicar los mecanismos de control parlamentario, estableciendo para las empresas públicas la obligación de remitir al Parlamento información sobre la marcha del ejercicio al final de cada trimestre. Al parecer, persisten todavía discrepancias de última hora respecto de la instrumentación concreta de esta obligación, así como del tipo de información específica que debería ser remitida a los parlamentarios.

Respecto a la creación y funcionamiento de las empresas públicas se han aligerado las condiciones requeridas en el primer borrador de proyecto, aunque manteniendo la no mención del principio de subsidiariedad. El número máximo de consejeros de las empresas públicas ha sido, sin embargo, ampliado desde los nueve previstos inicialmente hasta doce.

En cuanto a la participación de los trabajadores en los consejos y la gestión de las empresas públicas se ha acentuado el criterio ya discriminatorio imperante en los trabajos de la comisión interministerial redactora del primer borrador. Concretamente se fija el criterio de designar un consejero de representación laboral por cada tres miembros del consejo de la sociedad, así como diversas facultades de los comités de empresa y las secciones sindicales, más allá de las reconocidas en el ámbito de las empresas privadas. En algunos momentos se ha llegado incluso a considerar la posibilidad de establecer comités paritarios para la gestión de las empresas públicas, según han comentado a EL PAÍS medios próximos a la primitiva comisión redactora del anteproyecto.

Correcciones definitivas

El proyecto de estatuto fue aprobado por el Consejo de Ministros de la pasada semana, pero no se encuentra totalmente redactado y, al parecer, continúan los contactos entre representantes de Economía, Hacienda e Industria, tendentes a ultimar el texto, incorporando las definitivas correcciones. En medios de la Administración se estima que el plazo que concluye el 31 de diciembre próximo será cumplido en esta ocasión y que el proyecto de estatuto de la empresa pública será remitido finalmente a las Cortes en el curso de la próxima semana. Según los acuerdos de la Moncloa, el proyecto de estatuto debió haber entrado en la Cámara parlamentaria antes del 30 de junio pasado.