¿Hacia un invierno caliente?

LAS PRIMERAS manifestaciones del «invierno caliente» que parece aguardar a las relaciones laborales han servido ya de munición para esa artillería pesada que dispara contra las instituciones democráticas desde cualquier posición. Pero una sociedad pluralista se distingue de las que le preceden en la historia precisamente por dar libre cauce a la expresión de conflictos que reflejan la existencia de intereses distintos y en ocasiones contrapuestos en el tejido mismo de la vida colectiva. El uso de la represión para sofocar en el huevo los conflictos laborales no significa obviamente que aquéllos no existan. La democracia norteamericana y las naciones europeas más desarrolladas son escenario, desde hace un siglo, de huelgas que, a pesar de su extrema dureza y prolongada duración en ocasiones, no han socavado, sin embargo, en lo más mínimo la fortaleza y vigor de sus instituciones representativas.En España hace falta todavía una etapa de aprendizaje para que la sociedad abandone los estereotipos de nuestro inmediato pasado. Todos somos, como consumidores o usuarios, víctimas de los paros en industrias y servicios, sobre todo si cubren áreas de interés público como los transportes aéreos, la Televisión o Correos. Sin embargo, es preciso hacer un esfuerzo para superar la irritación que tales incomodidades crean en la vida diaria y para analizar las razones que han llevado a los trabajadores a adoptar la decisión, nunca agradable, de ir a la huelga.

También los sectores que recurren el paro para respaldar sus reivindicaciones tienen la responsabilidad de hacer un correcto ejercicio de los nuevos derechos que la legalidad constitucional permite. En esa perspectiva resulta cada vez más urgente fortalecer el sistema de relaciones industriales, a fin de que los interlocutores que habían en nombre de los trabajadores sean centrales sindicales vigorosas y bien organizadas. La responsabilidad de los sindicatos se halla en proporción directa a su institucionalización, tanto en lo que se refiere a sus dimensiones como al reconocimiento por la ley de sus atribuciones y competencias. Más de dos años después del desmantelamiento de los llamados sindicatos verticales se halla todavía pendiente la ordenación del usufructo de su patrimonio. La ley de Acción Sindical se encuentra varada en el proceso legislativo. Y la ley de Negociación Colectiva, elaborada aprisa y corriendo por el Gobierno a comienzos del otoño, ni siquiera ha sido discutida en Comisión.

Las dos principales centrales sindicales tienen, en nuestro país, cierta autoridad pero muy poco poder, si se mide éste en términos de fortaleza económica y organización de servicios eficientes para sus afiliados. Durante el proceso de instauración de estructuras democráticas, y muy particularmente con ocasión de la firma de los pactos de la Moncloa, CCOO y UGT han demostrado dosis de responsabilidad y sentido común superiores a lo que los catastrofistas profetizaban. En los comienzos de este presumible «invierno caliente» no es posible que la prudencia y el realismo hasta ahora demostrados vayan a ser abandonados por el aventurerismo y la demagogia.

Las especulaciones acerca de la instrumentalización de Comisiones Obreras por un PCE despechado ante el desaire del señor Suárez pueden ser en ese punto todavía prematuras. De un lado, en el curso de los últimos meses se ha hecho cada vez más evidente que no siempre los dirigentes comunistas de Comisiones, especialmente en Cataluña, son tan dúctiles y obedientes a las consignas del secretario general de su partido, como suele parecerlo Camacho. De otro, faltan aún pruebas de que Carrillo quiera orientar a su partido, en un nuevo y brusco viraje, hacia la contestación frontal y el endurecimiento de posiciones.

Cabe apuntar, así pues, hacia responsabilidades más difusas y compartidas en este calentamiento de la situación laboral. La frustración producida por el régimen de ducha escocesa al que el Gobierno ha sometido a las centrales sindicales, a propósito de los pactos económicos, ha alcanzado su apogeo con la brusca desaparición del señor Abril por el foro de la sala de negociaciones. Hay, también, una difícil situación económica general, que se manifiesta para las empresas en el descenso de beneficios y en dificultades de tesorería, que las sitúan al borde de la suspensión de pagos, y que se materializa para los trabajadores empleados en un estancamiento de su capacidad adquisitiva. Sobre la población ocupada presiona un paro en continuo aumento, sin que se adivinen soluciones a corto plazo que permitan reducir, o incluso contener, el número de desempleados. La prioritaria necesidad de reducir la tasa de inflación recorta la capacidad de maniobra de la política económica para aumentar los salarios reales y combatir el desempleo. Las dos grandes centrales sindicales reciben además las exigencias impacientes de sus bases y los desaflos de los sindicatos controlados por la izquierda extraparlamentaria.

Los conflictos laborales y las huelgas forman parte del horizonte comprensible de una sociedad democrática. No hay, por consiguiente, motivos para tocar a rebato. Ahora bien, ese mecanismo funcional de rectificación de injusticias y desigualdades puede transformarse en una rueda loca que arrastre en su giro insensato a los actores de la vida económica, lesione sin justificación los intereses de los consumidores y endurezca y agríe el clima de convivencia. Las noticias de agresiones a personas y de destrucción de cosas en la reciente huelga, de transportes hace pensar que ese peligro no es un temor abstracto. La insolidaridad que muestran algunos segmentos privilegiados de la empresa pública al pretender mejorar de ingresos en detrimento del resto de la población ocupada en el sector privado y de los parados excede, también, la capacidad de comprensión de los ciudadanos. Finalmente, la presunta utilización por los partidos de las centrales como correasde trasmisión -pese a las escandalizadas negativas de sus dirigentes-, a fin de mejorar su posición de influencia sobre el Gobierno, arrojaría una seria sombra de duda acerca de la autenticidad y sinceridad de sus planteamientos de conjunto, desmentidos en esta ocasión por la clara violación de los principios de la autonomía sindical.