Las negociaciones España-CEE podrían comenzar en la primavera próxima

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El último escollo actual a aclarar en el dictamen, tema que centrará la discusión mañana del colegio comunitario que forma la Comisión Europea, es la definición o no de un período transitorio de diez años para la adaptación de la agricultura española y la libre circulación de trabajadores, a contar desde la entrada en vigor del tratado de adhesión (posiblemente enero de 1982). Algunos miembros de la Comisión, el francés Ortoli y el holandés Vredeling, optarían por períodos más largos, en contra de la propuesta del actual proyecto de dictamen, presentado por Natali. No se descarta que el «compromiso» sea la exclusión en el documento final de toda alusión a un plazo concreto, que deberá definirse en el curso de las negociaciones.

El proyecto de dictamen

La primera parte del dictamen se centra en una serie de consideraciones generales sobre el historial de las relaciones hispano-comunitarias y el proceso de recuperación democrático que, después de las primeras elecciones generales libres, permitió al Gobierno español presentar el acta de candidatura a la Comunidad, el 28 de julio de 1977. Se destaca que «la opción europea del Gobierno español se apoya sobre el acuerdo unánime de todos los partidos representados en el Parlamento, así como en los organismos sociales, y ha recibido el apoyo general de la población. El debate que se desarrolla en España no es sobre el principio de la adhesión, sino sólo sobre sus consecuencias y, en particular, sobre la amplitud de los esfuerzos a realizar para que triunfe».

Se recuerda el interés de ver la participación española en la construcción europea, en el momento de importantes decisiones, como la creación de un Sistema Monetario Europeo, la elección directa al Parlamento Europeo, además del propio proceso de ampliación comunitaria con el ingreso previsible de Grecia, Portugal y España. Desde un punto de vista económico se señalan los beneficios que representará el ingreso español para «el aumento de los intercambios comunitarios» y las posibilidades que se abrirán a la Comunidad ampliada hacia los mercados latinoamericanos.

En un análisis somero de la situación económica en la Comunidad y en España, el dictamen recuerda, a la Comunidad, las consecuencias generales de la crisis que dura desde 1973 y que crea una «coyuntura económica no muy favorable para la integración de un nuevo país». Cita el débil crecimiento del PIB, del orden del 3%, el paro y la inflación, además de las dificultades específicas en siderurgia, construcción naval y textil (sectores, precisamente, en los que España podría ser competitiva con el Mercado Común).

Recuerda que la crisis económica influye también en las relaciones exteriores de la Comunidad y en sus acuerdos con los 55 países ACP (Africa, Caribe y Pacífico), el sistema de preferencias generalizadas (SPG) y los acuerdos particulares con Turquía, países del área mediterránea (que pueden ser los más afectados por la adhesión española, sobre todo en materia de exportaciones agrícolas) y los países de la zona europea de libre cambio (EFTA).

La situación económica española es analizada a partir de las características del desarrollo económico de los años sesenta, recordando las fuertes protecciones tarifarias y paratarifarias, la gran cantidad de mano de obra, la emigración rural, la importancia del ahorro, las remesas de divisas de emigrantes y turistas y las inversiones extranjeras. Observa que «la industria española ocupa un sitio importante en el plano internacional y que debería continuar su desarrollo a un ritmo satisfactorio, a pesar que ciertos sectores, en particular el textil, siderúrgico y construcción naval, muy importantes en el plano del empleo y las exportaciones, conocen, como en la Comunidad, dificultades derivadas de la situación mundial». Alude a los problemas de paro y paro encubierto, los índices de inflación y sus previsiones (12% para 1979), la recuperación de envío de divisas de emigrantes y entradas en concepto turístico, así como «los movimientos de capital que son de nuevo positivos, al haber recuperado confianza los mercados financieros en las perspectivas de la economía española».

Cita la importancia del pacto de la Moncloa y explica que «es evidente que la continuidad de tal consensus social en el país y la realización de los objetivos de la política económica constituirían factores positivos para la preparación de la adhesión de España a la Comunidad».

Acciones concentradas para reducir el impacto de la adhesión

El dictamen sitúa el impacto de la adhesión de España al Mercado Común en problemas que surgirán en los capítulos agrícola e industrial, para los cuales habrá que encontrar adaptaciones que tengan en cuenta sus aspectos sociales, regionales y de política exterior.

En el sector industrial, «convendrá dar respuesta a tres exigencias: eliminar el desequilibrio que existe actualmente en el desarme tarifario entre la Comunidad y España, armonizar las condiciones marco de competencia, principalmente desde el punto de vista de ayudas y fiscalidad, asociar rápidamente a España a las acciones de reestructuración industrial y a las disciplinas comunes previstas en los sectores en crisis». Textil, siderurgia, naval y pequeña y mediana empresa vuelven al centro de preocupaciones comunitarias que, señalan, «será sobre todo, en el dominio de las reestructuraciones necesarias en España y en la Comunidad, donde residen los verdaderos problemas», por encima de desmovilización tarifaria o armonización de sistemas fiscales, a resolver con la introducción del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), desde el momento de la adhesión de España.

En el sector agrícola, la Comisión Europea explica en su dictamen que el ingreso de España supondrá un aumento del 30 % de la superficie agrícola, del 31 de su población rural y del número de explotaciones. «Los problemas se derivarán, en primer lugar, del nivel de autoabastecimiento que la Comunidad alcanzará para una serie de productos», de origen mediterráneo (en especial, agrios, vino, frutos y legumbres), y afectará a otros sectores de la agricultura española (cereales y carne). Recuerda la Comisión que será necesaria «una progresión prudente en el proceso de integración». Acompañado de «acciones estructurales adaptadas a las exigencias regionales y sectoriales, tomando en consideración particular la situación de las regiones menos favorecidas, que serán las más afectadas por la adhesión de España».

Problemas laborales

En pesca se prevé una reorganización necesaria de la flota y la reconversión de un número importante de pescadores, para un país que cuenta con la tercera flota pesquera del mundo.

En asuntos sociales se temen tensiones provocadas por problemas sectoriales industriales y continuidad del éxodo rural «sobre un mercado de trabajo que no podrá absorber la mano de obra disponible». El número dejóvenes en búsqueda de un primer empleo aumentará considerablemente de aquí a 1985, habrá presiones por parte de la mano de obra femenina, cuyo índice de empleo en España es bastante inferíor al comunitario y la «inclinación a emigrar, tradicional en España, reforzada por la situación del empleo, será estimulada, con riesgo de agravar las tensiones sociales y políticas que conocen ya ciertas regiones de la Comunidad». (De ahí las reservas de un período transitorio corto, inferior a diez años, para la libre circulación de mano de obra española en la Comunidad.)

En política regional, el dictamen señala la posibilidad de tensiones en las regiones menos desarrolladas de España y en ciertas regiones comunitarias (Mezzogiorno italiano y regiones meridionales de Francia), que pueden verse afectadas a corto plazo, aunque el impacto de la adhesión española puede tener efectos positivos en el futuro.

En relaciones exteriores, la entrada de España aumentará todavía la potencia comercial de la Comunidad, que es ya la primera del mundo, aunque habrá repercusiones en ciertos aspectos de política exterior, «ya sea en las relaciones con los países industrializados y, sobre todo, en las relaciones con los países en vías de desarrollo, mediterráneos, en especial». Se señalan como ventajas para la Comunidad «la apertura del mercado español para sus productos, debido a la alineación a la Tarifa Exterior Común (TEC) y a la eliminación de las barreras no tarifarias, debido a la adopción de la política comercial comunitaria por parte de España. No habrá grandes dificultades para los países ACP, algunas para los países beneficiarios de preferencias generalizadas y, en realidad, bastantes para los países mediterráneos.

Como capítulos de menor incidencia, tanto para España como para la Comunidad, el dictamen pasa revista a las situaciones y medidas que serán necesarias para la integración, sin sobresaltos, de los sectores bancario, seguros, transporte, libre competencia y ayudas (monopolios, empresas públicas), política fiscal, contribución al presupuesto comunitario y otras políticas comunitarias.