El Colegio de Arquitectos de León, contrario al cambio de calificación de una finca del aIcalde

El Colegio de Arquitectos de León presentó ayer recurso contra uno de los últimos acuerdos adoptados por la Comisión Provincial de Urbanismo, en el que se autorizaba al Ayuntamiento de Sariegos -distante seis kilómetros de la capital- a remodelar sus normas urbanísticas con el único fin de cambiar la calificación de una finca propiedad del alcalde de León, Oscar Rodríguez Cardet, miembro a su vez de la citada comisión por razón de su cargo.Las nuevas normas fueron aprobadas provisionalmente por la Comisión de Urbanismo el pasado 10 de octubre y se encontraban hasta ayer en período de información pública. La finca en cuestión, con una extensión aproximada de 150.000 metros cuadrados, estaba calificada hasta ahora como rústica y su conversión en parcelas urbanizables figuraba en un plan parcial ya elaborado hace meses. La redacción de las nuevas normas urbanísticas del Ayuntamiento de Sariegos, necesaria para dar paso a este plan parcial, había sido financiada por una empresa también propiedad del alcalde.

Según el pliego de alegaciones presentado por el Colegio de Arquitectos, la remodelación que se pretende llevar a cabo contradice toda la normativa anterior sobre las condiciones que deben reunir las fincas urbanizables en cuanto a comunicaciones, posibilidad de expansión, facilidades para la dotación de servicios, etcétera.

El presidente del Colegio de Arquitectos, Ramón Cañas, se ha negado, sin embargo, a comentar el tema, a pesar de que hace un mes desmintió a EL PAIS -junto con el alcalde de León- que hubiera ninguna oposición al proyecto, alegando que éste adolecía únicamente de «defectos formales»; en contra de aquel desmentido, el pliego de alegaciones presentado por el colegio llevaba ayer su propia firma.

En otro orden de cosas, EL PAIS ha podido saber que el Ayuntamiento que preside el señor Rodríguez Cardet está concediendo en estos días numerosas licencias de construcción en contra de los informes técnicos de los propios funcionarios municipales que, por su parte, declinan cualquier responsabilídad en el tema. La concesión de tales licencias debería haber quedado suspendida desde el pasado 7 de junio, fecha en que tuvo lugar la aprobación inicial del nuevo Plan de Ordenación Urbana, cuyos objetivos pueden verse seriamente afectados. En estos momentos están siendo prorrogadas por otros seis meses muchas de las licencias autorizadas -«para no colapsar el sector de la construcción»- con anterioridad al citado plan.

En esta ocasión, el Ayuntamiento basa su postura en la concesión de una primera «prórroga» a favor del primer teniente de alcalde, Fernando Salgado, único que contaba con el informe favorable de los técnicos, al haber sido elaborado éste antes de consultar con los arquitectos redactores del plan. El precedente, sin embargo, carece de validez, por cuanto la prórroga fue concedida antes de que el primer teniente de alcalde retirara la licencia inicial y pagara los derechos de comisión (casi un millón de pesetas).