Acuerdo básico entre Gobierno y CEOE

Patronal, centrales sindicales y Gobierno se reunirán conjuntamente el próximo martes día 21, para iniciar las auténticas negociaciones cara a un eventual pacto socioeconómico para 1979. Ayer, representantes de la CEOE y el Gobierno discutieron durante cinco horas diversos temas relacionados con el documento de política económica presentados por el Ministerio de Economía. El crecimiento del crédito y el coste del dinero fueron los pilares de la discusión.

La actitud de los empresarios fue mucho más acorde con respecto a las propuestas gubernamentales que la evidenciada por las centrales. Los puntos esenciales de discordia estuvieron centrados en los temas monetarios y fundamentalmente en el crédito interno al sector privado. En torno a este tema, Carlos Ferrer, presidente de la patronal, reveló que el crecimiento real del crédito en 1978 ha quedado reducido al 11%, lo que coloca a las empresas en difícil posición de cara al último mes del año. El líder empresarial insistió en que las medidas son urgentes y anunció que va a crearse una nueva comisión, de composición no especificada, para estudiar el tema crediticio.Otros temas debatidos en la reunión fueron el fiscal, el laboral, incremento de empleo e inversión.

Carlos Ferrer manifestó a la salida que habían mostrado al señor Abril su preocupación por el incremento del sector público, mucho más fuerte que la generalidad de la economía. «Como el empleo, -dijo- se crea sobre todo a través de la inversión productiva que hace el sector privado, el crecimiento del sector público retrae recursos del sector privado, lo que a su vez provoca un encarecimiento del dinero.»

Por su parte, el señor Leal, que insistió en repetidas ocasiones en que la lucha contra la inflación es incuestionable, aclaró que el fundamento de las reuniones «es una mera exploración. Primero se ha hablado con los sindicatos, se ha explorado un poco cuál es el marco general, se ha planteado la cuestión básica para el Gobierno, que es la inflación, si se considera como objetivo básico llegar al 10%. Hoy hemos estado explorando con la parte patronal».

En cuanto a la postura de las centrales sindicales, de oposición a las previsiones del Gobierno, el señor Leal manifestó que «tenemos que empezar a acostumbrarnos a una cosa que es básica, y es que el Gobierno fija un marco general de todo lo que es privativo del Gobierno, y luego la sociedad discute. En este tema, que es básico, tienen que hablar empresarios y sindicatos, y tenemos que encontrar un terreno de negociación de acuerdo, que es lo que estamos haciendo».

En cuanto a la política monetaria propuesta por el Gobierno, José Luis Leal afirmó: «El Gobierno da un cuadro, pero ese cuadro no es rígido. Lo que no puede modificarse son los objetivos fundamentales, como son reducir la inflación e introducir más racionalidad en el sistema, en resumen, proteger el futuro de esta sociedad. A partir de ahí hay terrenos en los que las partes pueden ponerse de acuerdo, y eso es lo que estamos explorando.»

El señor Leal volvió a insistir en el tema de precios: «Aun con el objetivo fijado estaremos todavía al doble de los países del Mercado Común y seremos el país que más alta tasa de inflación tendrá dentro del área industrializada de la OCDE. Parece que no es un objetivo fuera de alcance.»

«Por otra parte -añadió-, hay que tener en cuenta que en los Costes examinados no hay ninguno que para el próximo año vaya a crecer por encima del 12%, lo que demuestra que es un objetivo posible de alcanzar con un crecimiento cercano al 5%. Técnicamente nada contradice la consecución de este objetivo. Lo que es imposible es crecer a tasas estables, a ritmos del 5 % con tasas de inflación tres veces más altas que las del vecino. Eso lleva a una dislocación de los mecanismos económicos, a una depreciación de la moneda y, por consiguiente, a una nueva alimentación de la inflación, y, al final, a la bancarrota.»

«Que es mucho más fácil vivir con la inflación -prosiguió- es incuestionable, pero a costa de los ahorradores a los que se expolia, los parados, la población marginal, pensionistas..., en definitiva, quienes menos poder de negociación tienen. Parece que es una cosa normal que el Estado asuma la defensa de estas categorías de personas que realmente no pueden ir a una huelga. Es comprensible que cada estamento defienda los intereses que representa, pero también es normal que el Estado defienda los intereses generales. »