Piden al Gobierno Suárez la anulación del tratado
La nulidad de los acuerdos tripartitos firmados en Madrid el 14 de noviembre de 1975 por España, Marruecos y Mauritania, y la exigencia de que el Gobierno español desempeñe una política activa para que haga efectivo su reconocimiento del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui y de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), fueron la nota dominante en las intervenciones que hubo ayer en el mitin dedicado a las consecuencias de los acuerdos tripartitos de Madrid.El acto tuvo lugar ayer en el Colegio Mayor San Juan Evangelista y en él participaron Antonio Massip, presidente de la Asociación de Amigos del Sahara; Luis Rodríguez de Viguri, ex secretario general del Gobierno español en el Sahara; el catedrático de Derecho Internacional Luis González Campos; Celestino Arenal, profesor de Política Internacional, y Juan Carmelo, secretario general del Instituto de Estudios Políticos para América Latina y Africa (IEPALA). El acto estuvo organizado por la Asociación de Amigos del Sahara y lEAPALA, contando con el apoyo de los partidos y organizaciones sindicales de la izquierda española.
El catedrático González Campos, que fue defensor de España ante el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya cuando dictaminó sobre el Sahara, insistió en la nulidad de los acuerdos tripartitos por considerarlos contrarios a la Carta de las Naciones Unidas y las resoluciones de la Asamblea General de la ONU.
En su intervención señaló que el Gobierno de Madrid debe abandonar su papel pasivo con relación al Sahara, ya que habiendo reconocido el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui, debe actuar en la esfera internacional para hacerlo efectivo.
Por su parte, Antonio Massip hizo una valoración de los aspectos positivos de la nueva política de UCD con relación al problema, pero consideró insuficientes tales aspectos, mientras el partido en el Gobierno no rompa con los acuerdos tripartitos de Madrid.
Dentro de los actos organizados, hoy será presentada una petición al Gobierno español en la que se pide la nulidad de los acuerdos tripartitos y el reconocimiento de la RASD, firmado por varios miles de personas.
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