Gran Bretaña teme un gran ataque surafricano en Angola

El Gobierno de Londres ha movilizado a sus representantes diplomáticos en Pretoria, Luanda y Lusaka, ante el temor de un próximo ataque surafricano en gran escala contra los campos del Movimiento de Liberación de Namibia (SWAPO) en Angola. La intervención británica sigue a la conformación en Johannesburgo de importantes movimientos de tropas hacia la frontera de Namibia con Angola y a la intensificación de los reconocimientos aéreos surafricanos en la zona.

Angola, que ha movilizado a 200.000 hombres e impuesto el toque de queda en sus provincias del Sur, acusó ayer formalmente a Suráfrica de instigar y armar a los autores de dos atentados en Huambo, una de las principales ciudades del país, en cuya calle principal estallaron el jueves dos bombas, que mataron a cuarenta personas e hirieron a más de un centenar. Según la versión de Luanda, el Gobierno surafricano intenta desestabilizar Angola antes de invadir de nuevo su territorio para destruir las bases del SWAPO. Tras el fracaso de las negociaciones entre las Naciones Unidas y el Gobierno surafricano acerca de una fórmula que permitiera la supervisión internacional de las elecciones de Namibia, Pretoria teme una escalada guerrillera destinada a impedir los comicios que bajo su exclusivo control se celebrarán el mes próximo en el territorio que ocupa ilegalmente. Los países africanos presionan al Consejo de Seguridad, que reabrió el viernes su debate sobre Namibia, para que decrete sanciones obligatorias contra el régimen de Pretoria si éste lleva a cabo sus planes para instalar un Gobierno cliente en Windhoek.Medios periodísticos londinenses sugieren que el partido gobernante surafricano necesita imperiosamente desviar la atención de sus graves dificultades internas mediante una aventura exterior. Los últimos episodios de la crisissi generada por las acusaciones de corrupción oficial al más alto nivel -acusaciones efectuadas por un juez investigador nombrado por el propio poder y ahora cesado- son la petición de la oposición para que dimita el primer ministro, Peter W. Botha, y la renuncia forzada del ex ministro de Información Connie Mulder como jefe del partido gobernante en Transvaal.

Las amenazas de silenciamiento a la prensa, de otra parte, no han conseguido sino acrecentar las especulaciones acerca de la participación del propio Botha, junto con el ex jefe de policía del presidente Vorster y el citado señor Mulder, en el comité que, con el conocimiento del entonces primer ministro John Vorster, autorizó la malversación de más de mil millones de pesetas de fondos públicos en el lanzamiento, en 1976, de un periódico aparentemente privado, The Citizen, pero destinado, en realidad, a ganar para el Partido Nacional, y desde el Ministerio de Información, las elecciones generales de 1977.