La situación socioeconómica malagueña, causa remota de los incidentes
El Congreso aprobó, en relación con los sucesos de Málaga, la siguiente resolución:«La situación socioeconómica de Málaga, con su cota de paro destacando del resto de España, sus problemas de la agricultura y pesca, en la vida de las empresas y en el sector turístico, así como su carencia de desarrollo industrial, constituyó causa remota pero bien palpable de los sucesos que se analizan; una economía más equilibrada y una situación social más justa hubieran dado evidentemente otro resultado, por lo que creemos que se requiere una acción en profundidad por parte del Gobierno para obtener un desarrollo socioeconómico que evite en lo sucesivo tensiones parecidas.
Resulta inaplazable la confección de un plan de urgencia para la provincia de Málaga que ayude a resolver los problemas que tienen planteados, concretados en estudios y proyectos a los que el Gobierno ha de otorgar los créditos correspondientes, como tarea perentoria.
2. Asimismo, para comprender los sucesos acaecidos hay que tener en cuenta el clima creado por la nota de la comisión organizadora de la manifestación, al establecer que no hubiese más bandera que la andaluza, lo que indudablemente produjo una marginación de la enseña nacional, que fue rápidamente capitalizada por fuerzas de extrema derecha y contestada con violencia por elementos de signo opuesto, lo que es aún más de lamentar en una región como la andaluza, en la que nunca se dio una contraposición entre la bandera nacional y regional. Ello explica que un gran número de manifestantes estuviesen pendientes de lo que sucedía en el edificio de la Diputación y se produjesen reacciones violentas contra el mismo, así como insultos al presidente de la Corporación Provincial, sin que pudiera evitarse por el servicio de orden de la manifestación, que fue totalmente insuficiente, pese a que los organizadores en la petición de autorización asumían la responsabilidad del desarrollo del acto.
Todo ello hace aconsejable que en las reuniones multitudinarias quede perfectamente garantizado el orden público, adoptando las medidas preventivas precisas.
3. No existen pruebas suficientes, ni siquiera la convicción moral que permita atribuir una responsabilidad política a las autoridades malagueñas. En cuanto a posibles responsabilidades de orden penal y disciplinario, cuestiones ajenas de la estricta competencia de esta Cámara se sustancian en las correspondientes vías sin que se estime pertinente pronunciarse sobre estas cuestiones.
Parece oportuno insistir en la necesidad de la pronta aprobación de la normativa en materia de orden público que dé adecuada respuesta a las exigencias del actual momento democrático.»
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