Juez y parte

Las declaraciones del subsecretario de Trabajo, Gerardo Harguindey, ante los empresarios vallisoletanos, el pasado domingo, no han gustado ni a sus presuntos beneficiarlos: Unión Sindical Obrera. Esta central, al igual que UGT y CCOO, ha hablado de injustificadas intromisiones de la Administración en un campo que no le corresponde, el de la vida sindical. Las afirmaciones del señor Harguindey, en el terreno ambiguo de su doble condición de diputado de UCD y subsecretario de Trabajo, han provocado también la indignación entre los distintos cuerpos profesionales de su departamento, en los que existen funcionarios cuyo color o ideología personal no es la verdinaranja del subsecretario. El escrupuloso respeto a las fuerzas sociales, sindicatos y patronales, desde la Administración, es esencial para que sus mediaciones, directrices o laudos gocen de una obligatoriedad moral que haga que sean aceptados por todos. La Administración continúa siendo juez y parte como en los mejores tiempos del franquismo. Y en la democracia, o se es juez o se es parte.

Los intentos de UCD por fortalecer un sindicalismo descafeinado frente a lo que denomina sindicatos marxistas, al margen de que sea una decisión viable u oportuna, es una opción respetable siempre que el Gobierno no utilice para tales fines -es decir, de forma partidista- los aparatos de la Administración del Estado. Las palabras de Harguindey, sin embargo, hacían referencia a observaciones desde su despacho del Ministerio («noto una pérdida importante de afiliación en CCOO y UGT»), que aparecían junto a deseos u opiniones de UCD («es fundamental que surja cuanto antes una tercera fuerza sindical autónoma») y junto al anuncio expreso de una voluntad de intervención en la configuración del espectro sindical («hay que pensar en nuevas elecciones sindicales para dentro de un año, porque los niveles de representatividad han cambiado»).

A las desafortunadas declaraciones del subsecretario, habría que añadir las presiones más o menos veladas para que participen en la negociación de determinados convenios determinadas centrales, las advertencias y circulares internas del Ministerio de Trabajo a determinados delegados provinciales que no son afiliados de UCD y, por último, la utilización de temas como el patrimonio sindical o la regulación de las relaciones laborales, cuando hay una conflictividad en puertas derivada de la revisión de convenios, como moneda de negociación o consenso para otros temas.