Lucha abierta por la sucesión de Tito

Todo parece indicar que las grandes maniobras políticas de cara a la sucesión del mariscal Tito se están poniendo en marcha en Yugoslavia con una virulencia inusitada. Hace unos días, Tito designó a Branko Mikulic, jefe del partido de Bosnia y funcionario de carrera, para sustituirlo en la presidencia de la Liga de Comunistas Yugoslavos. Este nombramiento, que ha venido a fortalecer la posición de los adversarios de Stane Dolanc, secretario general de la Liga y portavoz del sector más antisoviético del buró ejecutivo de la organización, ha coincidido con el comienzo de una fuerte polémica pública, casi sin antecedentes en la historia del país, sobre el mal funcionamiento del sistema autogestionario y la grave crisis económica que pesa sobre la Federación.

Los «liberales pro occidentales», que se apoyan en Dolanc, y los usufructuarios del llamado centralismo burocrático, representado por Mikulic y otros dirigentes, parecen ser, en realidad, los verdaderos protagonistas del debate.Desde ayer, más de medio millón de obreros de empresas que trabajan a pérdida pasaron a ganar sólo el salario mínimo garantizado por una ley de 1976 (6.000-7.000 pesetas). Entre las causas de las pérdidas de esas industrias se apuntan, oficialmente, la «indisciplina», la «baja productividad» y una «conciencia autogestionaria insuficientemente desarrollada». También la «influencia negativa de elementos tecnocráticos y burocráticos», con lo cual la discusión económica adquiere tintes eminentemente políticos.

El semanario Nin, de Belgrado, acaba de publicar una «carta abierta» al Gobierno federal, a las, Repúblicas y a las autoridades comunales, en la que, a propósito de los obreros sometidos ahora al sueldo mínimo, expresa lo siguiente: «¿Cómo se puede forzar a un trabajador de cada quince a asumir condiciones de vida tan difíciles sin hacer antes un análisis completo de las causas de las pérdidas de sus empresas?».

Simultáneamente, el influyente periódico Politika dio a conocer una declaración de los delegados de 810 obreros de una factoría de Bjeljina (con sueldo mínimo desde hace tiempo), en la que sostienen que han sido «engañados» por sus directores sobre la situación económica real de la fábrica. Según éstos y otros muchos trabajadores, numerosos directores y técnicos de los centros de producción suelen presentar balances falsos al «colectivo».

Acusaciones mutuas

Un miembro de la ejecutiva de la Liga, también de orientación antisoviética, dijo hace unos meses a este diario que los integrantes de los consejos obreros y los delegados del partido y de los sindicatos conocen perfectamente esas trampas, «propias -explicó- del excesivo burocratismo que traba el sistema. Pero no reaccionan -agregó- porque no quieren adoptar, por motivos políticos, medidas antipopulares como la imposición del salario mínimo que además, supondrían la reducción de sus propios sueldos». Los expertos de la Liga estiman que más de la mitad de las 25.000 organizaciones de base del trabajo asociado cometen esa clase de infracciones en forma más o menos sistemática.Los «apetitos políticos» han inducido, además, a los «burócratas». según nos reiteran portavoces de los «liberales» a crear fábricas innecesarias en muchas zonas. Así, la «capacidad paralela» o doble de producción resulta muy superior a la demanda del mercado interno. Esta circunstancia no sólo destruye el sistema autogestionario del comercio federal, sino, también, la posibilidad de créditos para la exportación lo que impide a los productos yugoslavos imponerse en el exterior por carencia de precios competitivos. Los «liberales» acusan, a la vez, a los «burócratas» de estar promoviendo el «apetito insaciable» de las áreas «no económicas», como la enseñanza, la administración del Estado y los deportes, cuyos proyectos no tienen en cuenta las posibilidades financieras de las empresas. En este momento, hay en realización alrededor de 30.000 «obras sociales». en muchos casos semiparalizadas, cuyo costo es imposible evaluar.

Por su parte, los «burócratas» acusan a los «liberales» de haberse apoderado de la dirección de los bancos federales de crédito, que utilizan para recortar o anular la «capacidad social» de las empresas, e incluso para hundirlas. Ofrecen en este terreno cifras alarmantes: en el primer trimestre de este año, las sociedades autogestionarias se han visto obligadas a entregar a los bancos, sólo en concepto de intereses, más de 23.000 millones de dinares (alrededor de 83.000 millones de pesetas).

La denuncia de esta grave situación económica por Nin y Politika -un hecho sin precedentes en el régimen de Tito, que aún sigue adscrito a las tesis de la «dictadura del proletariado»- parece constituir sólo el comienzo de una dura batalla por la sucesión.