Conflicto en Agricultura

El conflicto que hoy tiene planteado el personal técnico del Ministerio de Agricultura, que es el resultado de varios meses de peticiones razonadas por conductos reglamentarios y no atendidas ni al mínimo límite del diálogo, no es sólo de ingenieros agrónomos, sino también de los ingenieros técnicos, tanto agrícolas como forestales, de los ingenieros de montes y de los veterinarios, no faltando incluso personal de otras escalas.Este conflicto colectivo presenta unas reivindicaciones que distan mucho de inexistentes concomitancias de cuerpo con presuntas oligarquías privilegiadas del sector. Los técnicos agrarios sólo pueden ser «élites» en asuntos de conocimientos, de entrega y de afición, pero en nada más. Económicamente, en cambio, no lo son.

La alusión que hace el articulista. Enrique Díaz González (EL PAÍS, 19 de octubre), a la «asignación de por vida de un sustancioso salario que en conjunto detrae buena parte del presupuesto estatal» es simplemente pura demagogia. No es real ni absoluta ni relativamente, y tanto en comparación con los niveles salariales de otras ramas similares de la Administración como en comparación con las remuneraciones habituales en el sector privado, menos aún en el ámbito europeo.

¿Sabe el señor Díaz González que en este momento, en España, se encuentran sin colocación o en niveles de subempleo del orden de 3.000 ingenieros agrónomos, quinientos ingenieros de montes, más de 8.000 ingenieros técnicos y 4.000 veterinarios?

¿Cree el señor Díaz González que si dependiesen tanto de las oligarquías como de los «intereses particulares» habría ese tremendo desempleo, que es una de las más grandes preocupaciones de nuestros colectivos?

El paro técnico, secundado por un altísimo tanto por ciento de los técnicos del Ministerio de Agricultura, está ausente «de prepotencias y de brutales intervencionismos», ya que en los servicios que pueden significar un directo daño para el contribuyente, se está actuando hasta con celo, cuidando de no desequilibrar ni la economía nacional ni los intereses personales.

No es licito entremezclar problemas distintos con los de estructuras funcionariales, común a toda la función pública, con el específico de unas reivindicaciones de un colectivo tan definido como los técnicos del Ministerio de Agricultura.

La función técnica es de planeamiento y desarrollo, pero discurre al margen de la política legislativa, que al estar en manos de las Cortes cuenta con la capacidad representativa de todas las fuerzas del país. El asociar las leyes de Fincas Manifiestamente Mejorables y de Arrendamientos Rústicos con unas reivindicaciones concretas es, al menos para nosotros, ininteligible y no alcanzamos dónde está su pretendido nexo.

Somos absolutamente «permeables» y nuestra línea de diálogo está abierta y desde aquí ofertada a cuantos en aras de una agricultura mejor puedan ofrecer consejos y funcionalismo.