El Gobierno español informa al Comité de Derechos Humanos sobre los avances alcanzados

El Comité de Derechos Humanos, reunido en Ginebra hasta el próximo 3 de noviembre, examinará en la presente sesión los informes sobre el cumpíimiento del pacto internacional de derechos civiles y políticos de la ONU, remitidos por la Unión Soviética, Isla Mauricio, Chile, Bulgaria, Bielorrusia y Ecuador. Por otra parte, el Comité conocerá el informe presentado sobre esta materia por el Gobierno español y que deberá ser examinado en la próxima sesión del Comité, integrado por dieciocho personalidades de diferentes países. España suscribió hace dos años el pacto sobre derechos civiles y políticos de la ONU.

El informe del Gobierno español, que consta de diez fólios y una segunda parte adicional, se refiere en detalle a la evolución político-constitucional del país, así como a ciertas modificaciones en el aspecto civil, penal y procesal del cuerpo legislativo español. Se hace especial hincapié en que la ley es «la expresión de la voluntad soberana del pueblo» y que «los derechos de la persona humana son inviolables y vinculan a todos los órganos del Estado».En el documento, el Gobierno español hace referencia, desde el establecimiento del Congreso democrático, los procesos preautonómicos, hasta el sufragio «como instrumento de libre opción entre alternativas políticas concurrentes» o la proclamación del derecho de libre información y otros aspectos constitucionales.

Aunque el informe no hace mención extensa de las leyes y principios del Movimiento Na cional, sin embargo, deja constancia «del carácter excepcional en materia de libertades públicas, que imponía -afirma- restricciones por motivos de orden público, moral pública y defensa del orden político instituido, y establecía -agrega- unas jurisdicciones especiales, sin las garantías de la jurisdicción ordinaria, así como se ampliaba la jurisdicción militar por razón de la persona y del delito con ampliación del Código de Justicia Militar y en unos procedimientos sumarios que tampoco alcanzaban las mismas garantías procesales de la jurisdicción ordinaria», señala.

El informe del Gobierno español no se limita a hacer mención de los avances alcanzados en España en materia de derechos civiles y políticos, sino que, además, hace mención expresa de aspectos que serán perfeccionados con el proceso democrático.