Sindicalismo y política

El movimiento sindicalista español, ¿llegará a ser de vanguardia, igual que el francés, con capacidad de participación, pero con un bajo número de afiliados que pagan cuotas?, ¿o triunfará convirtiéndose -tal como sus correlativos en los países escandinavos y Europa central- en una organización de masas estable? ¿Está destinado a ser un movimiento relativamente débil, capaz solamente de demostraciones esporádicas con poder económico o a actuar como un contrapeso en el poder económico, disfrutando del apoyo legítimo de la clase obrera mayoritaria?No hay duda de que es prematuro dar alguna respuesta con un mínimo de seguridades. Los indicativos disponibles no aportan una base sobre la que se pueda ser optimista. Los sindicatos parece ser que padecen de un caso agudo de indigestión política, la cual tiene un efecto paralizador en su desarrollo e influencia. La carga política que los sindicatos tienen que soportar actualmente es excesiva.

El concepto de sindicalismo como una fuerza relativamente autónoma, con fuertes vínculos ideológicos a un partido político está, desde luego, fuertemente enraizado en la historia y tradiciones de la mayoría de los movimientos sindicalistas tanto en Europa occidental como en España. Pero esto no es el asunto en discusión. La politización excesiva en la vida de los sindicatos a la que me refiero no es más que una consecuencia de la naturaleza de la lucha llevada a cabo por la oposición en los sindicatos bajo el régimen, franquista y el hecho de que el renacimiento de sindicatos libres ha coincidido con las transformaciones del posfranquismo que, comprensiblemente, poseen demasiado contenido y preocupación política, con cuestiones tales como la lucha por la influencia política en el proceso de consolidación de los partidos y el establecimiento de un marco político-legal posfranquista, han tenido el mayor protagonismo. La consecuencia ha sido que la elaboración de un papel apropiado para los sindicados en la nueva situación no ha recibido la atención debida.

Examinemos el rol jugado por el Gobierno hasta el momento en el campo laboral. La UCD considera a las dos confederaciones sindicales más importantes, fundamentalmente, como instrumentos de los partidos de izquierda; por tanto, asuntos tan vitales como la reestructuración del sistema de las relaciones industriales y la creación de una estructura sindical consultiva, auténticamente tripartita, se han tratado más como problemas políticos que como reformas institucionales.

En las elecciones sindicales celebradas este año, CCOO, controladas por el Partido Comunista, trataron de proyectar la imagen de un movimiento de amplia aceptación sin alianzas con un partido político determinado. Pero como para los trabajadores españoles el socialismo es más aceptable que el comunismo, la UGT respondió hacíendo hincapié en su carácter «socialista», dando a los trabajadores la alternativa entre un sindicato ligado al PSOE o al PCE. Al margen del carácter de las, tácticas empleadas, la campaña electoral sirvió para politizar aún más el movimiento sindical.

Tras una conversación que mantuve con Fernando Claudín durante el congreso de CCOO celebrado el pasado junio, me sorprendí ante el comportamiento del PCE. Yo no podía comprender, cómo, a pesar del gran predominio que tenía, el partido consideró necesario dejar tan poca libertad de movimiento en los órganos principales del sindicato a los grupos de militantes no activistas en el PCE. A pesar de las rotundas negativas al respecto, tuve la impresión de que CCOO está claramente actuando como correa de transmisión del partido. Claudín, completamente de acuerdo conmigo, me hizo la observación de que Santiago Carrillo está actualmente tan obsesionado con la extensión de la base electoral del partido, que ha reforzado el control de su partido sobre CCOO para asegurarse al máximo su utilidad en las pruebas políticas que les esperan.

El desarrollo de la vida sindical se ha visto también afectado por la recesión económica. Los controles salariales son una necesidad incuestionable para combatir la inflación, pero están teniendo un efecto inhibidor sobre el incipiente movimiento sindical, tanto en su influencia como en su desarrollo. Inaugurar un nuevo sistema de contratación colectiva bajo topes salariales es un requisito doloroso, máxime teniendo en cuenta que todavía hay por delante muchos años de estas restricciones.

Los pactos de la Moncloa fueron el producto de negociaciones llevadas a cabo casi exclusivamente entre los partidos políticos y el Gobierno. Sin embargo, en las futuras conversaciones salariales participarán también los sindicatos y los empresarios. Esto es, desde luego, lo apropiado, pero, ¿queda alguna duda sobre que el Gobierno y los líderes políticos quieren figurar como primus inter pares?

Tanto los empresarios como el Gobierno se han resistido a conceder un status legal efectivo a nivel empresarial a los sindicatos.

La falta crónica de soluciones en este tema ha contribuido a la confusión existente entre los trabajadores sobre las competencias respectivas de los comités de base y los sindicatos y asimismo a una baja en el número de afiliados sindicales. Privar a los sindicatos de una participación efectiva a este nivel es tentar al diablo. Los empresarios españoles deberían estudiar las experiencias similares de los países de Europa occidental a últimos de los años sesenta y primeros de los setenta.

En resumen, un período inicial de excesiva politización fue probablemente inevitable, pero es de esperar que en el futuro se logre un balance más adecuado entre sindicalismo y política, disminuyendo la fiebre política actual. Si esto no se consigue pronto el movimiento sindical español podría albergar a una mayoría de activistas operando entre los trabajadores que simpatizan con los sindicatos, pero que sólo quieren comprometerse parcialmente. Esta evolución no sería positiva ni para los sindicatos, ni para los empresarios, ni para la estabilidad económica del país.