"El anteproyecto de ley sobre arrendamientos urbanos es antisocial"
«La próxima ley de Arrendamientos Urbanos debe forzar a los propietarios a sacar al mercado de alquileres todas las viviendas desocupadas. Para ello deben formularse una serie de gravámenes fiscales ante los cuales los propietarios no tengan más opción que alquilar las viviendas», pide la Coordinadora de Arrendatarios en un documento difundido ante la noticia de que se prepare una nueva ley de Arrendamientos Urbanos (véase EL PAIS de ayer).La Coordinadora manifiesta en el documento que las bases difundidas hasta ahora sobre la nueva ley deben anularse en su totalidad por su «contenido antisocial, regresivo y antijurídico».
Uno de los puntos que más preocupa a la Coordinadora de Arrendatarios es la declaración de ruina que últimamente han sufrido numerosos edificios. Al margen de la merma que esto supone para el parque de viviendas, se crea el problema de los desalojados que, si bien al ser propietarios tienen derecho a una compensación, en el caso de los inquilinos, se quedan directamente en la calle, sin recibir ninguna clase de ayuda.
Según datos de la Coordinadora, hay en Madrid un total de 8.000 pisos vacíos y un millón en toda España. Estos datos, añadidos a los resultados de estudios técnicos que aseguran que las necesidades de vivienda en toda España son hoy superiores a las de hace diez años, sirven de base a la Coordinadora para pedir que la futura ley defina el concepto de viviendas desocupadas todas aquellas que sus propietarios mantienen vacías durante todo el año y aquéllas que sólo se arriendan en la temporada veraniega. Para evitar esta situación, la propuesta es imponer fuertes gravámenes fiscales a los propietarios.
El proyecto en que actualmente trabaja el Ministerio asegura un mínimo de una subida del 30% sobre los actuales precios de alquileres; aumento que sustancialmente se invertirá en obras obligatorias de mantenimiento y en alimentar un fondo municipal para subvenciones. El punto de vista de la Coordinadora de Arrendatarios ante este tema consiste en negarse globalmente a cualquier subida, aunque en caso de producirse -admiten- éste debe ser moderado. La posibilidad de que la Seguridad Social subvencione a las familias incapacitadas para hacer frente a los aumentos es considerado innecesario e inadecuado por la Coordinadora. Además, no sólo niegan un aumento en los precios, sino que plantean una corrección en los alquileres que, bajo la liberalización actual de las rentas, han llegado a precios abusivos.
Las claúsulas de estabilización, cuyos efectos son un sistemático encarecimiento anual, también desaparecerían si la futura ley toma en cuenta las peticiones de la Coordinadora.
La realización de obras de conservación de las viviendas que en el proyecto actualmente en manos del Ministerio, correrían a cargo de los propietarios, y para lo que se especificaba que éstos debieran destinar un 30% de los aumentos, la Coordinadora pone este punto bajo el decreto de julio de 1958, norma que consideran debe perfeccionarse y ampliarse. Las modificaciones que traería consigo consistirían en facilitar préstamos a inquilinos y arrendatarios para fines tales como la ejecución de obras de mantenimiento y conservación, posibilitar a los arrendatarios la compra de las viviendas, derecho a la opción de compra en los casos de inquilinos de viviendas de protección oficial o de desahucio, sea cual fuere la fecha del arrendamiento.
Los restantes puntos del documento difundido por la mencionada coordinadora tienen como objetivo el asegurar por todos los medios a los inquilinos amenazados de expropiación y, a pedir protección para los conjuntos urbanos.
