Enfrentamiento entre el gobernador civil y la Gestora Municipal de San Sebastián

Ayer se enfrentaron en San Sebastián el poder gubernativo y el municipal al prohibir el gobernador civil el encierro en el Ayuntamiento donostiarra organizado por las gestoras pro amnistía y a cuyo efecto la recién constituida gestora municipal había cedido, por una noche, los bajos de la casa consistorial.Hacia las ocho de la noche, varios autobuses y jeeps de la Policía Armada impidieron por la fuerza, con su presencia, el acto programado para protestar por la situación en que se encuentran los presos políticos vascos. A las ocho y media de la tarde, tras una asamblea celebrada ante las puertas del Ayuntamiento, que permanecían cerradas, varios cientos de personas se manifestaron, profiriendo gritos, contra la policía. No habían pasado diez minutos desde el comienzo de la manifestación cuando efectivos de la Policía Armada dispararon pelotas de goma contra los concentrados, produciéndose diversos enfrentamientos entre estos últimos y agentes de la fuerza pública. La situación creada no ha supuesto ninguna sorpresa a los donostiarras, que ayer pudieron informarse a través de los periódicos locales de las posturas radicalmente encontradas del gobernador civil y de los gestores municipales.

La gestora municipal había hecho público un comunicado en el que señalaba que ante la solicitud presentada por una organización para utilizar los locales del Ayuntamiento, «y sin entrar en los objetivos ni en la entidad de los solicitantes, atendían la solicitud por considerar que se trataba de una llamada ciudadana que debían atender». A esta decisión se opuso la representante comunista municipal y posteriormente los gestores adscritos a Democracia Cristiana Vasca y a AP, que se sumaron a los plantearnientos del PCE, que se centraban en considerar que la amnistía ya había sido concedida y que los que hoy la siguen pidiendo confunden esta palabra con la impunidad.

Horas más tarde, el gobernador civil de la provincia daba a la publicidad un comunicado en el que consideraba que «los edificios municipales son bienes públicos destinados al servicio de la ciudad y que en ningún caso cabe tolerar que se utilicen para fines totalmente ajenos a su función».