El Consejo Español de Curtidores, disconforme con la adquisición de Segarra por el Estado
La definitiva adquisición de la empresa de calzados y curtidos Segarra por el Patrimonio del Estado ha merecido la desaprobación del Consejo Español de Curtidores, según una carta remitida por el secretario de esta asociación en la que matiza algunos aspectos de la información publicada sobre el caso Segarra, el pasado día 17 de septiembre.
La Asociación de Curtidores señala que en ningún caso ha defendido la liquidación de Segarra como una operación para eliminar un competidor. La propuesta de los curtidores hecha al vicepresidente Abril, cuando éste pidió opinión al sector sobre el futuro de Segarra, se concreta en los siguientes objetivos.«Primero: Creemos que la empresa Segarra debe "privatizarse" nuevamente, sin perjuicio de los buenos oficios de la Administración de cara a lograr el máximo saneamiento posible del pasivo de aquélla, público y privado, así como las mayores incorporaciones posibles a su activo.
Segundo: Descomponer la empresa (en un plazo predeterminado) en diferentes partes como si de empresas distintas se tratase, a tenor de las diferentes especialidades de producción y comercialización. Hay que tener en cuenta para ello que no es igual, por ejemplo, la curtición de suela que la de cromo, el calzado,de señora que el de caballero, o el militar, el vulcanizado, los servicios distintos, etcétera.
Tercero: Poner a pública licitación cada una de aquellas partes, con absoluta claridad en cuanto a los respectivos bálances, situación de plantillas financieras,etcétera.
Cuarto: Para tales licitaciones, ofrecer prioridad de participación y oferta a los obreros en plantilla correspondientes a cada una de aquellas secciones o partes, a fin de que ellos puedan acceder prioritariamente a tal propiedad, mediante incluso la oferta, a tal fin, de crédito oficial en cuantía e interés convenientes. Y sólo en el supuesto de que no se ejerciese o no llegase a buen fin aquella preferencia en las licitaciones, éstas quedarían abiertas para cualesquiera otros postores.»
Segarra fue incautada por el Estado, en 1976, a propuesta del ministro de Industria, Pérez Bricio, con el apoyo del de Hacienda, Carriles. El Estado concedió un crédito extraordinario de más de ochocientos millones para garantizar la supervivencia de la empresa y el mantenimiento de los puestos de trabajo. Posteriormente, y una vez que los administradores del Estado se hicieron cargo de la empresa, se procedió a suscribir un compromiso de responsabilidad social con los trabajadores que permitió reducciones de plantilla.
