Hay que prevenir Ia inflación latente en precios agrícolas, energéticos y de servicios públicos

Un generalizado pesimismo ha dominado en España en torno a los posibles efectos de una política de control de precios como remedio de la inflación. Por eso la rápida desescalada del índice de precios de consumo desdejulio de 1977 ha constituido una noticia sorpren dente en la que muy pocos creían. No creían los economistas cuyos escépticos y críticos comentarios a la política de precios del Gobierno de julio de 1977 fueron generales. Dudaban de sus efectos los propios firmantes de los acuerdos de la Moncloa que introdujeron cláusulas de garantía para corregir los salarios si los precios desbordaban una tasa de crecimiento prevista -11,5% de enero ajunio del 78. No creían, en fin, los consumidores, pues el 71%, en una encuesta realizada en febrero del corriente año, pensaban que las medidas incluidas en los acuerdos de la Moncloa referentes a los precios no serían eficaces.Esta generalizada prevención frente a la política de precios no era gratuita. Se basaba en los limitados resultados conseguidos en el período 1974-julio de 1977, en el que una serie de disposiciones sobre el control de precios (decretos 12/1973, 690/1975, 11/1976, 2.730/1976) apenas habían logrado otros efectos que complicar la legislación, crear dificultades a los sectores más susceptibles de control y apenas reducir el crecimiento del índice del coste de vida (las estimaciones más aceptadas han cifrado en un 1% la disminución de la tendencia inflacionista debida al control directo sobre los precios en esta etapa).

Estos antecedentes fundamentaron la crítica del decreto 2.695/1977, que establecía la nueva política de precios para 1978. Si la prueba del pastel está en comerlo, es claro que el mejor contraste de la política de precios está en analizar sus resultados con el índice a la vista. Y estos resultados son claramente positivos.

Los últimos datos disponibles del índice de precios al consumo muestran un crecimiento del 19,5% entre agosto de 1977 y agosto de 1978. Un año antes -agosto de 1977 sobre agosto de 1976 ese aumento era del 29,5%. En un año la inflación se ha reducido en más de diez puntos porcentuales. La forma en cómo esto se ha logrado añade aún más optimismo a las cifras, porque, en efecto, si el comportamiento de los productos alimenticios hubiese respondido mejor, el grado de inflación se habría reducido considerablemente. Las cifras del cuadro 1 prueban la creciente responsabilidad de la elevación del componente alimenticio en las alzas registradas en los precios al consumo desde el mes de enero hasta agosto del corriente año. La alimentación explica la mayor parte de las alteraciones ocurridas, lo que prueba que el resto de los componentes del índice han ido disciplinando el crecimiento de sus precios a pautas mucho más satisfactorias. En concreto. y dentro del componente alimentación, vistas a corto plazo las cosas -diciembre 1977 a julio 1978- las hortalizas y verduras, con un 34,1% y frutas, con un 22,1%, encabezan el alza.

Sin embargo, si se contemplan las alzas sobre julio de 1977, el mayor incremento corresponde a bebidas con el 36%, tabaco con el 26,7%, aceites y grasascon el 26,6%, pescadocon el 25,2% y carne con el 22%. Verduras y hortalizas creció en un año el 13,9%, y frutas bajó el 2,1%. Estos datos muestran cómola la mayor tensión en los precios de los productos alimenticios se sitúa en este momento en los productos de carne y pescado, cuya incidencia es muy acusada en el índice general (15%).

En conclusión, resulta fundado esperar que si se moderan los impulsos alcistas del componente alimenticio -lo que reclamará un perseverante esfuerzo hasta fin del año y suscitará no pocas protestas- el grado de inflación pactado hace un año en la Moncloa quede cumplido al llegar su vencimiento en diciembre de este año.

Ante estos resultados hay que preguntarse por qué. ¿Por qué la política de precios ha conseguido en 1978 esos objetivos? Y a la vista de la respuesta a esa pregunta tratar de definir el papel futuro y los criterios a los que debería responder la ordenación de los precios en un programa de política económica a plazo medio en los tres próximos años.

Los fundamentos de los resultados de 1978

Se ha dicho muchas veces que el control de los precios se aplica irremediablemente cuando la inflación estalla en una economía. Si los precios avanzan al 30% anual hay que hacer algo más que lamentarlo o afirmar que nada puede hacerse. Es preciso hacer todo lo que detenga los precios, destruya las expectativas alcistas, disminuya la capacidad de agresión de los distintos grupos sociales para ganar ventajas relativas en sus ingresos e impida que la capacidad especulativa dirija el ahorro disponible de una economía. Esa actuación necesaria de la política económica debe comenzar por no perder la calma y no confundir los papeles de las distintas medidas que reclama la corrección de un proceso inflacionista. Este consejo se traduce -para muchos economistas- en dos criterios fundamentales a los que debe responderla política de control de precios:

1º.) Su carácter complementario y subordinado a tres políticas diferentes: a una política monetaria que limite la cantidad de dinero, a una política presupuestaria que limite gasto público y déficit presupuestario y a una política de rentas que consiga una moderación salarial. Si estas políticas no existen, si las disponibilidades líquidas desbordan cualquier límite, si el gasto público multiplica su expansión y el déficit presupuestario su cuantía, si las reclamaciones salariales no se disciplinan por una negociación centralizada que considere responsablemente sus efectos sobre los precios, la política de control directo de precios será inútil y perturbadora.

2.º) Una política de control de precios debe ser transitoria y flexible. Los controles no son soluciones definitivas: proporcionan tan sólo tiempo para introducir soluciones. Esto es: otras medidas que consigan reducir precios variando las fuerzas de oferta, demanda y competencia que los determinan en los distintos mercados. La política de control de los precios debe ser, además de transitoria, flexible. Debe admitir elevaciones. Su fin es moderar precios. No congelarlos. Ha de limitar su campo por criterios de eficacia: no ha de controlarlo todo, sino los menos precios posibles, para conseguir el mayor efecto posible sobre el nivel general de precios.

El primero de estos criterios fundamentales de la política de control de precios se ha cumplido plenamente en 1978, demostrando la decisiva, importancia que para la política de precios posee el juego combinado de una política de contención salarial que rompa las anticipaciones inflacionistas, de una política monetaria que controle la evolución de la cantidad de dinero y de una política fiscal, en fin, que dosifique el crecimiento del gasto público y vigile el límite del déficit del presupuesto. Tras de ese importante y eficiente parapeto, la política de intervención y vigilancia de precios estratégicos ha jugado el papel complementario que le corresponde para conseguir la difícil desescalada del índice de precios del consumo.

Más discutible es si esa política de control de precios se ha ajustado al segundo de los criterios que exige de ella la temporalidad y la flexibilidad. Si se escuchan las quejas que han acompañado a la política de precios de los sectores que han padecido su disciplina, la respuesta sería negativa, pero los economistas sabemos desde los tiempos de Adam Smith que los empresarios se reúnen muy pocas veces para cosas distintas que para confabular cómo elevarán sus precios y que, por tanto, cualquier interferencia en este comportamiento empresarial difícilmente podría aceptarse por los sectores interesados. Por otra parte, no puede negarse que la temporalidad ha sido un criterio presente en la política de precios española. La liberalización de precios realizada a finales de julio testimonia la realidad de ese deseo.

Mirando hacia el futuro y teniendo en cuenta la experiencia que acaba de relatarse son dos las opciones que se abren a la política de precios española: 1º) Cabría adoptar una postura intervencionista que aun reconociendo el éxito logrado en 1977-78 en el frente de la inflación se marcara una meta más exigente tratando de asegurarla a través de un sistema generalizado de control de precios que garantizase una mayor estabilidad en el coste de la vida. 2º.) Cabría frente a esta alternativa la opuesta: afirmar que el control de precios ha cumplido su papel y que la política antiinflacionista debe discurrir por los cauces exclusivos de una política de negociaciones salariales responsables que tengan en cuenta sus efectos sobre los precios y de una política monetaria y fiscal exigentes que garanticen la caída del índice de inflación.

Estas dos posiciones extremas no son aceptables. No es aceptable una extensión de la política de control de precios porque esa política de control responde a lo que puede llamarse la ley de su envilecimiento paulatino. Esto es: un control cada vez mas complejo es necesario para conseguir cada vez menor efecto. El control tiende a resultar tanto más ineficiente cuánto más tiempo dura y produce en el sistema económico que lo aplica una propensión hacia su esclerosis que distorsiona las funciones vitales de los precios como orientadores de la producción y de la demanda.

Tampoco es admisible la eliminación del control directo de los precios. La importancia de la política de rentas, monetaria y fiscal para unos precios estables es innegable. Sin ellas de poco sirve el control directo de los precios, pero estas afirmaciones no deben conducir nunca a una actitud inhibida de la Administración, que tras felicitarse de la existencia de la política monetaria, fiscal y de rentas, lo espere todo de ellas sin actuación positiva de su parte. La eliminación de una política de precios no estaría justificada en España en ningún caso y ello por dos razones diversas: la primera de carácter más inmediato exige partir del reconocimiento de la existencia de una inflación latente, reprimida circunstancialmente, pero que constituye un peligro potencial de aceleración del coste de la vida, porque reprimir la inflación no es controlarla. La segunda, de carácter más estructural, deriva de las claras divergencias entre las reglas de comportamiento de la economía española, de aquellas que definen al sistema económico de mercado,

Hay, por tanto, un lugar para un papel positivo de una política de precios: de una parte para conseguir que el aumento medio anual del 12%, que refleja el programa económico que vinimos exponiendo, no se vea amenazado como consecuencia de los factores de la inflación reprimida que hoy existen. La política de precios debe dirigir la incorporación de esta inflación latente hacia el índice general de precios al consumo, evitando sus sobresaltos e impidiendo su descontrol, que nos llevaría hacia una política inflacionista aguda. Por otra parte, es necesario que la competencia sea un principio que informe los distintos mercados, necesidad que impone deberes muy extensos a una política de intervención de los precios.

Los riesgos de la inflación reprimida

A corto plazo, cinco peligros principales acechan a la evolución de los precios y constituyen, en este momento, piezas fundamentales de la inflación latente de la economía española.

1. El riesgo de las alzas de precios agrícolas. Un riesgo en el que, a las perspectivas climatológicas poco favorables, se suman los defectos sobre el coste de la vida introducidos por la política excesivamente generosa del Gobierno, en la regulación de campaña de algunos precios agrarios. Una estimación realizada sobre tales efectos permite cuantificar en una variación cercana al 3% la que esa política incorporará al índice de precios al consumo en 1978.

Parte de estas variaciones no se han incorporado aún al índice de precios al consumo. Por otro lado, es preciso constatar el descontento profundo del sector agrario respecto de sus precios que desencadena su presión constante sobre la política agraria y de importaciones. Si esta fuerza no se controla, los precios experimentarán un crecimiento cualitativo importante. Un alza de la alimentación posee una importancia especial en cuanto justifica peticiones salariales mavores al afectar a los núcleos de población menos protegidos. amplificando así la resonancia económica, social y, política de la varlación de los precios.

2. El necesario proceso de asimilación, aún no realizado, del alza de los precios de los productos energéticos. En la medida en la cual se estime que es misión de los precios racionar con eficiencia el uso de los recursos productivos, cabe poca duda de que los precios de los productos energéticos exigen un reajuste que los alinee con la brutal elevación producida en sus niveles internacionales, y que la sociedad española se ha negado, con base a una política permisiva del Gobierno, a asumir. Como muestra de esta situación peculiar de España, puede afirmarse que el rendimiento por la Hacienda española de una tonelada compuesta de productos petrolíferos es la mitad aproximadamente del que reporta al Tesoro en un país como Francia, con una estructura similar de consumo, lo que da idea de la dimensión de la subvención implícita incorporada por la política de precios energéticos. Para trazar el cuadro completo tal vez habría que añadir a esta irracionalidad de tipo económico el coste social que entraña el conocido y creciente nivel de fraude que la diferenciación de precios de algunos de estos productos genera, del que sin duda el ejemplo más característico es que la diferencia de precios entre los gasóleos tipo A (para uso de carreteras) y tipo B (agrícola) ha elevado en forma a todas luces ficticia el consumo de gasóleo para uso agrícola.

El ajuste de estos precios constituye una parte importante del programa energético cuya aprobación se ha diferido tanto tiempo. La política de precios energéticos debe estar informada por un exigente servicio al interés público y de ella no pueden estar -en manera alguna- ausentes los órganos de control de precios existentes en nuestra administración económica.

3. Un tercer factor que amenaza la estabilidad de precios, es el lógico crecimiento que habrían de experimentar los precios administrados de ciertos bienes y servicios públicos, que van desde los servicios municipalizados de transportes hasta las grandes empresas nacionales, que al ser incapaces de cubrir sus costes generan déficit que luego han de asumirse a través de la vía presupuestaria por el conjunto de la sociedad. Ni razones de eficacia económica, ni de justicia social -no siempre los usuarios o adquirentes de los productos son las personas de más baja renta -justifican en todos los casos la existencia de precios públicos subvencionados.

4. El ciclo pirita-potasas-fertilizantes constituye un punto muy sensible en la intervención actual de precios y de su servicio al criterio de flexibilidad, lo que obligará a una corrección que no puede diferirse por mucho tiempo. La política de precios debe amortiguar y dosificar los efectos de estas modificaciones.

Esas cuatro actuaciones de la política de precios describen un programa amplio, no fácil, «como de costumbre», y del todo punto necesario para programar el crecimiento del índice de precios de consumo.

Algunos criterios para la política de precios

Desde la perspectiva de una política económica a plazo medio, es absolutamente indispensable potenciar el adecuado funcionamiento del mercado. Todos los que han padecido la dirección de la política de precios en una economía han llegado a una conclusión: el poco arraigo efectivo de la competencia en la mayoría de los mercados de un país. La ascética de la competencia no es fácil de aceptar por nadie. Hay una mala disposición general a competir en precios. La competencia se considera como desleal en muchas ocasiones y poco deseable en todas. El criterio de fijar los precios bajo el principio de coste más el margen prueba la reacción instintiva de todos los sectores a repercutir en el crecimiento de costes sobre precios sin preocuparse de reducirlos mediante una mayor eficacia. Una actitud generalizada de ausencia de competencia se halla en las economías que se dicen de mercado. Por ello el primer principio de una política de precios debe ser el tributar a los grandes nombres no solamente honores ceremoniales. No debe tratarse tanto de hablar y exaltar a la economía de mercado cuanto de aceptarla y cumplir sus exigencias. Este debe ser el propósito permanente de toda la organización que respalde la política de precios española en los próximos años. Principio que tiene una serie de consecuencias fundamentales. ya que obliga a:

1. Avanzar gradualmente en la apertura de los mercados internos que implica:

a) Programar adecuadamente las importaciones estratégicas de los productos agrarios de forma que la ocasional escasez interna de estos artículos no presione sobre los precios, y al mismo tiempo evite que la inesperada irrupción en el mercado de importaciones de choque desanime a los productores agrarios cuando los precios de sus productos comienzan a ser rentables.

b) Practicar rebajas en forma selectiva y gradual enlas partidas arancelarias, que impiden, en perjuicio del consumidor final, la competencia exterior en determinados productos.

c) Liberalizar progresivamente los productos sometidos a régimen de comercio de Estado (¡el cafe!) dejando a la iniciativa privada el juicio sobre la oportunidad de su importación.

2. Mejorar los canales de distribución en el mercado interior, evitando que los márgenes percibidos por los intermediarios eleven artificialmente los precios del sistema e impidan que las reducciones de precios que pudieran derivarse de las importaciones estratégicas lleguen con toda su intensidad al consumidor final.

3. Informar sobre la marcha de los precios. Debe afirmarse que el seguimiento diario de los precios es una condición indispensable para su moderación. Las autoridades deben luchar todos los días por las décimas del índice del coste de vida porque si no perderán sus unidades. Y de esa lucha diaria deben ofrecer testimonio público a la sociedad, que debe estar informada de lo que pasa con los precios y de lo que va a pasar según las previsiones razonables.

4. Valorar el índice de precios disponible. Debemos conocer bien el metro que utilizamos para medir la inflación. Es fundamental responder a sí: ¿mide bien el índice de precios al consumo la inflación española? O si, por el contrario, ¿exagera alguna de sus partidas? Disponemos de una experiencia corta pero suficiente, para contrastar virtudes y defectos del nuevo índice de precios al consumo vigente. Es mucha la polémica que levantó su establecimiento, pero, pese a ello, sería bueno realizar hoy un examen paciente que nos dijese a los españoles hasta qué punto contamos con un metro idóneo para medir la inflación.

5. Necesitamos, finalmente, variar la estructura administrativa a la que se ha encomendado el control de los precios. Existen hoy organismos distintos que no pueden ni deben seguir viviendo separados porque tienen la misma finalidad: la Junta Superior de Precios y el Tribunal de los Servicios de Defensa,de la Competencia. La economía española mantiene un alejamiento de la competencia en muchos mercados que debe eliminarse por la existencia de un órgano eficiente que aúne los elementos personales y materiales de que se dispone para que la asignación de los recursos escasos de nuestra sociedad se oriente por precios competitivos. Esta política de reforma institucional no debe demorarse. Es preciso contar de inmediato con ella para administrar la nueva política de precios que el país necesita, pues debe ser parte indispensable del programa de política económica.

Una síntesis de las propuestas realizadas en, el terreno de la política de precios como parte integrante del programa de política económica respondería al siguiente cuadro de objetivos y medidas: