Las vacas flacas

CON ACUERDO o sin acuerdo de los partidos políticos, confederaciones patronales y centrales sindicales, el futuro a corto y medio plazo de nuestra economía se presenta bajo el signo de las dificultades y la austeridad. Esta va a ser una temporada de vacas flacas. Un país como España, ligado estrechamente al mercado mundial. no puede eludir las consecuencias, de la crisis que afecta al hemisferio occidental desde 1974. Los intentos de contrarrestar los efectos de la recesión durante las postrimerías del franquismo y los dos primeros Gobiernos de la Monarquía mediante una política económica eufórica sólo consiguieron agravar los problemas y dificultar sus posibles soluciones. Los pactos de la Moncloa fueron firmados casi al borde de juicio. La inflación galopante y el endeudamiento exterior hubieran condenado a nuestro país a la suerte no sólo económica, sino también política, de tantas naciones latinoamericanas.El peligro ha sido detenido, pero no conjurado. Todavía queda largo tiempo para que la recuperación de la economía mundial v el saneamiento de la economía española nos devuelvan a una fase de expansión homóloga a la de la década de los sesenta. Nos enfrentamos así pues, con un período de reajuste de las antiguas expectativas, que inconscientemente presuponían el crecimiento infinito de los niveles de vida y del bienestar material, reajuste que nos es impuesto, de manera inexorable, por las realidades de la economía y no por los deseos de pérfidos empresarios o de obreros holgazanes.

En este sentido, la propuesta del profesor Fuentes Quintana que hoy publica EL PAÍS (véanse páginas, 36,37 y 38), para una política de rentas coherente con un plan trienal contra la crisis, debe ser juzgado según criterios de realismo. Aunque se discrepe de algunas de sus estimaciones o recomendaciones, parece difícil negar que, en líneas generales, describe la única política concebible dentro del marco de nuestra situación. En líneas generales supone que los españoles deseamos e conformarnos con no aumentar en el próximo futuro la capacidad adquisitiva de nuestros salarios y sí en cambio la productividad de nuestras empresas si queremos evitar que el paro se extienda como una mancha de aceite y obtener a medio plazo mejores expectativas de prosperidad individual y colectiva. Dice la leyenda que los emperadores de la antigua China solían ordenar la decapitación de los mensajeros que les traían malas, noticias. Al menos en este terreno ha habido cierto progreso en la historia. La responsabilidad y el sentido común demostrados hace un año por los partidos que suscribieron el pacto de la Moncloa permiten concluir que los líderes políticos, empresariales y sindicales -que han comenzado, con la «jornada de reflexión» del pasado jueves, a debatir los términos de un nuevo acuerdo- saben que la única forma de acabar con las malas noticias es poner fin a los hechos que las producen y no arremeter contra quienes simplemente las anuncian.

La previsible dureza de la vida cotidiana de los españoles durante e inmediato futuro va a ser lluvia de verano sobre el secarral de la ultraderecha. Ya sus órganos de opinión, como era previsible, y algunos dirigentes de la derecha conservadora, cosa ya menos esperable, han comenzado una violenta y frenética campaña para atribuir, en relación de causa a efecto, la crisis económica a las instituciones democráticas. No hay que infravalorar esa estrategia. Los defensores del pluralismo tienen que ser conscientes, desde ahora, que la demagogia populista va a utilizar para sus propósitos las dificultades del camino a emprender.

No obstante, hemos de hacer frente al deterioro de nuestra economía con sudor, pero sin sangre y sin lágrimas. En cualquier caso habrá que estrecharse el cinturón; pero si la crisis económica es responsablemente afrontada por los partidos las organizaciones patronales y las centrales sindicales que apuestan en favor del pluralismo, lograremos que su costo no incluya, además, la pérdida de las libertades.

Por lo demás, la idea de que ese plan debe ser aplicado desde arriba, por las cúpulas de los partidos, llevaría al languidecimiento del sistema representativo, sustituido por una especie de Movimiento Nacional ampliado por la izquierda y respetuoso de las libertades ciudadanas. Mientras los ucedistas contemplan la pelea sentados en la cerca, los comunistas propugnan la intervención de los partidos en un pacto trienal para establecer el marco de la política económica del Inmediato futuro; pero los socialistas argumentan que el precio del acuerdo no debe ser el bloqueo de la vida política y el aplazamiento indefinido de las elecciones generales. La única forma de que la austeridad sea aceptada por los ciudadanos, y no impuesta contra su voluntad, es que su participación en la gestión pública sea real y que se inicie una seria reforma del aparato del Estado, de la vida municipal, de las empresas públicas, de la Seguridad Social y del monopolio televisivo que acabe con la corrupción y el despilfarro y asegure la eficiencia de sus servicios.

El pacto económico a medio plazo entre todos los partidos del arco constitucional y las centrales patronales y sindicales es necesario. También son necesarias las elecciones municipales inmediatamente después de la aprobación del referéndum. La conveniencia de no organizar tres convocatorias a las urnas -referéndum, municipales, generales- en el espacio de pocos meses y la absoluta inconveniencia de hacer coincidir el mismo día los comicios de la vida local y de las Cortes hace aconsejable para algunos aplazar hasta el verano o el otoño de 1979 las también inexcusables elecciones para el Congreso y el Senado. Ese calendario podría tal vez dar satisfacción parcial a las razones e interés de UCD, el PSOE y el PCE. Y si para los socialistas el plazo fuera demasiado largo, nada les impide exigir en el otoño de 1978 lo que pudieron reclamar en junio de 1977: la participación en el Gobierno para asegurar el cumplimiento del plan económico y el comienzo de una verdadera reforma democrática de la Administración pública, Seguridad Social, las empresas estatales y paraestatales y la televisión