Los derechos de sindicacion y huelga no sufren modificaciones

La regulación constitucional de los derechos de sindicación y de huelga fue superada ayer por el Pleno del Senado sin que sufriera el consenso entre UCD y PSOE. Durante el debate se puso de manifiesto el diferente enfoque de uno y Ptro partido sobre esta materia, si bien ambos coincidieron en apoyar con sus votos el texto procedente del Congreso. La opinión del socialista José Vida, favorable a la huelga revolucionaria, suscitó una seria advertencia por parte del empresario y senador real Luis Olarra, quien junto con el almirante Gamboa fue el único que se opuso a la aprobación del artículo.Al comienzo de la sesión, el señor Satrústegui denunció que había sido objeto de coacciones -no procedentes de ningún senador- para que no defendiera su pensamiento respecto al artículo 28, referido a la libre sindicación y al derecho a la huelga, en el sentido de evitar las «huelgas salvajes»; y recordó que había sido elegido con muchos votos socialistas, pero que también él había conseguido muchos votos liberales para los socialistas.

Le contestó el socialista José Vida, quien señaló que las enmiendas del señor Satrústegui ponían de manifiesto un recelo frente al fenómeno laboral, además de que conduciría a pensar que el cierre patronal es consecuencia del ejercicio del derecho a la huelga.

Los votos particulares defendidos sobre la sindicación fueron rechazados. El de Luis María Xirinaes solicitaba que no se admitiera ninguna exclusión al derecho de sindicación; el de Juan María Bandrés era contrario a que pudieran ser excluidos de la sindicación los cuerpos sometidos a disciplina militar y no integrantes de las fuerzas o institutos armados; Gregorio Monreal pedía la supresión de la última frase del número uno del artículo -«nadie podrá ser obligado a afiliarse a un sindicato»-; Marcial Gamboa y Abel Matutes solicitaron una tajante exclusión del derecho a sindicarse de los cuerpos sometidos a disciplina militar.

Sobre el derecho de huelga sólo fue sometido a votación el voto partícular del señor Olarra, que pretendía limitar este derecho a la defensa de los «intereses profesionales» de los trabajadores. Un vot particular en igual sentido del uce dista Alejandro Royo Villanueva fue Finalmente retirado, tras manifestar este senador que el texto constitucional no amparaba la huelga política.

José Luis Monge, al exponer la postura oficial de UCD, insistió en que no era preciso incluir el adjetivo «profesionales», porque en todo caso queda excluida la huelga política. Esta explicación fue bastante para que Joaquín Satrústegui, que había expresado su preocupación ante los peligros de huelga salvaje, retirara su voto.

Por parte socialista, José Vida rechazó los recelos ante la clase trabajadora por parte de quienes, por un procedimiento u otro, pretenden restringir el derecho de huelga. Su argumento fue que la huelga es un hecho y que bastante hace la clase trabajadora con permitir que se integre en el ordenamiento jurídico. El señor Vida terminó esta intervención con las siguientes palabras: «Señores, no le pongamos puertas al campo, que será peor.»

En la votación del texto propuesto por el señor Olarra, diecisiete senadores -entre ellos el ucedista señor Royo Víllanueva y varios senadores reales- votaron favorablemente. mientras que 150 se manifestaron en contra, y once -entre ellos dos de UCD, el señor Irujo y otros dos senadores vascos, y los senadores de designación real Gloria Begué, Enrique Fuentes y Justino Azcárate- se abstuvieron. El texto del artículo 28 obtuvo 165 votos a favor; dos en contra -Luis Olarra y el almirante Gamboa- y doce abstenciones (en su mayoría, senadores- de designación real).

Los artículos 29, sobre el derecho de petición; 30, que regula la objeción de conciencia, y 31, sobre la obligación de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos, fueron aprobados con escaso debate y según el dictamen de la Comisión Constitucional del Senado, que modificó el texto del Congreso.

Sobre el tema de la objeción de conciencia contrastaron las posiciones del almirante Gamboa y del señor Xirinacs. El primero manifestó que si se admite la objeción de conciencia, el servicio sustitutorio no debe ser más cómodo que el militarque hubiera correspondido. Porsu parte, el señor Xirinacs pidió las máximas facilidades para el servicio civil sustitutorio.