Estado negocia la fórmula para revisar la subvención a la Iglesia católica
Los humoristas españoles han visto en los últimos meses el problema dé esta forma: una larga cola de feligreses pasan por una hipotética taquilla, situada junto a la puerta principal de una iglesia, para pagar su impuesto religioso.El problema es tan profundo como el humor. El nuevo Estado español renunció ya, desde principios de año, a subvencionar directamente a las distintas diócesis de la Iglesia católica. La fórmula acordada con la jerarquía correspondiente fue más neutra. El Estado otorgaría una determinada cantidad de dinero que la Iglesia católica distribuiría de la mejor manera administrativa posible.
Pero hay otras confesiones que requieren un tratamiento similar y que le piden al Estado que sea riguroso en su interpretación de la libertad religiosa. Por eso al Estado se le ofreció la alternativa de estudiar distintos sistemas de ayuda a las diferentes confesiones. La más viable, según la mayor parte de las jerarquías, tanto civiles como eclesiásticas, es la que se practica en la República Federal de Alemania.
En la RFA, los contribuyentes pagan una determinada cantidad de dinero al Estado para que éste sufrague los gastos derivados de la dedicación pastoral a las tareas eclesiales. En España parece que prospera la idea.
Ninguna de las confesiones distintas a la católica figuran en la Constitución corno principales en el Estado español. De hecho, fue la presión de algunos sectores católicos conservadores la que obligó indirectamente a los parlamentarios a considerar el catolicismo como mayoritario y definitivo en la vida espiritual de los españoles.
Esa consideración constitucional no puede trasladarse a las relaciones totales del Estado con el resto de las confesiones. De la reunión de ayer entre el Ministerio de Hacienda y los representantes de la Iglesia católica no ha trascendido información suficiente como para saber cuál es el porvenir de este tema. Pero puede adivinarse que ambas partes buscarán una fórmula de impuesto religioso que no hiera la sensibilidad de las confesiones restantes.
Un elemento importante para convencer al resto de sus compañeros en la negociación de la conveniencia de buscar una fórmula equitativa es el director general de Instituciones Eclesiásticas, Eduardo de Zulueta, quien ha presidido las reuniones entre las distintas confesiones para lograr una revisión eficaz de la vigente ley de Libertad Religiosa.
De acuerdo con el criterio alcanzado en esas reuniones entre todas las pertenencias religiosas, es muy probable que en los formularios mediante los cuales el Estado pida el pago del impuesto religioso no se especifique la adscripción de cada uno de los fieles. De este modo, el Estado se sentirá libre para distribuir sus subvenciones en consonancia con la importancia numérica de cada una de las iglesias coexistentes en el país.
La discusión sobre la subvención a la Iglesia católica es una de las cuestiones principales que han dividido a la citada Iglesia y al Estado en la consideración de los acuerdos concordatarios de 1953, que actualmente se encuentran en periodo de prórroga, pendientes de la aprobación del texto constitucional.
De la revisión de estos acuerdos no saldrá sólo una nueva relación entre la Iglesia y el Estado, sino que podría provocarse una nueva relación entre los católicos, o los fieles de otras confesiones, con sus iglesias respectivas, a las que subvencionarían directamente y con las que estarían en condiciones de corresponsabilidad.
Uno de los argumentos por los qué los sectores más progresistas del catolicismo español han defendido hasta el momento el impuesto religioso ha sido dado por las difíciles relaciones que los religiosos han tenido con el Estado durante las décadas en que sus representantes pastorales han dependido directamente del dinero gubernamental. Esa era otra de las razones por las que ellos hubieran preferido que su confesión religiosa no hubiera a parecido de manera, explícita en la Constitución del Estado creado tras el final de la dictadura.
Según informa ayer la agencia Efe, los que se oponen al sistema estiman que, según el proyecto constitucional, nadie puede ser inquirido sobre su pertenencia a una determinada religión para distribuir convenientemente la recaudación. Otros piensan que esa distribución podría ser arbitrada de acuerdo con las distintas confesiones, conscientes de su propia envergadura. En último término, otra fórmula posible sería otorgarle al Estado la posibilidad de utilizar parte de la recaudación religiosa para obras de beneficiencia.
