La ley de Policía no suprimirá los somatenes

La ley de la Policía no suprimirá los somatenes, aunque sí derogará los decretos que, en cierto modo, dieron respaldo legal a su actuación irregular. El texto aprobado ayer por el Pleno del Senado -que todavía tendrá que superar el trámite de la Comisión Mixta, dadas las diferencias con el que en su día aprobó el Congreso- marca un cierto grado de aproximación entre UCD y PSOE, que en los debates de la Comisión de Justicia e Interior habían mantenido posturas contrapuestas que provocaron fuerte tensión sobre la regulación de las funciones de la policía. El ministro del Interior reafirmó ayer ante la Cámara la profesionalidad de los cuerpos de seguridad del Estado, a pesar de «la actitud crítica, inadecuada, improcedente e inoportuna» de algunas determinadas y muy limitadas minorías del colectivo de funcionarios policiales».

El Pleno de la Cámara alta aprobó el proyecto de ley de la policía, de acuerdo con el dictamen de la Comisión de Justicia e Interior, excepto en dos puntos en que prosperaron votos particulares del Grupo Socialista. El primero se refiere a una más correcta redacción del párrafo sobre la competencia de la jurisdicción ordinaria en los delitos cometidos contra miembros de la Guardia Civil. El segundo consiste en la derogación de sendos decretos -de 21 de enero de 1933 y de 9 de octubre de 1945- relativos a los somatenes. No prosperó, en cambio, entre otros muchos votos particulares socialistas, el que pretendía la supresión total de los somatenes.La defensa del dictamen de la comisión correspondió al senador de UCD Carlos Calatayud, quien subrayó la conveniencia de que la minoría acate el criterio de la mayoría, y aseguró que el dictamen pretende institucionalizar la policía al servicio del pueblo español y en defensa del ejercicio de los derechos y libertades ciudadanos, y no de ninguna ideología concreta.

En el artículo 5." el Grupo Socialista, por boca del senador Joaquín Navarro, defendió una redacción distinta a la ofrecida por el dictamen para el apartado relativo a la jurisdicción a que serán sometidos quienes atenten contra miembros de la Guardia Civil. El texto del dictamen comenzaba estableciendo el fuero militar de la Guardia Civil, y a continuación incluía la salvedad respecto a tales delitos.

El texto propuesto por los socialistas y que resultó aprobado unánimemente dice así: «También será competente la jurisdicción ordinaria para conocer de los delitos que se cometan contra miembros de la Guardia Civil en el ejercicio de las funciones señaladas en esta ley. En lo demás, la Guardia Civil seguirá teniendo fuero militar.»

El señor Navarro rechazó la interpretación que se había intentado dar a la propuesta socialista, como contraria al fuero militar de la Guardia Civil, en un intento de presentar a los socialistas arremetiendo contra fantasmas inexistentes. El señor Navarro recordó que a la afirmación gratuita hecha en la Moncloa con ocasión de los pactos por alguien que luego no suscribió el acuerdo político -el senador se refería, sin nombrarlo, a Manuel Fraga, manifestando sus temores sobre el desarme jurídico que los pactos supondrían para -la Guardia Civil-, el ministro del Interior había contestado contundentemente. El senador socialista preguntó por qué no se empleaban ahora esos mismos argumentos, que coincidían con el propósito del voto particular socialista.

Contestó, por UCD, Carlos Calatayud, reduciendo el problema a una cuestión de sistemática y anunciando que su grupo no tendría inconveniente en aceptar la redacción del Grupo Socialista. Previamente , el ministro del Interior, Rodolfo Martín Villa, había hecho indicaciones al señor Calatayud, que fueron interpretadas como respuesta a la pregunta del senador socialista en orden a la aceptación de su propuesta.

Menos fortuna tuvieron los socialístas en relación con el intento de suprimir los apartados segundo y tercero del número 3 del -mismo artículo, en los que se establece la competencia de las audiencias provinciales en los delitos cometidos por miembros de losícuerpos de policía.

El señor Navarro declaró que la protección penal ac ordada en la Moncioa para los miembros de las fuerzas de orden público no se fortalecen sustrayendo a sus miembros de la competencia de su juez natural, ya que ello sería institucionalízar una vejación aljuez de instrucción, desconociendo la historia judicial española.

El señor Calatayud defendió como correcta la sumisión a fuero especial de los delitos cometidos por policías, La votación sobre este voto particular fue de 84 votos favorables, 103 en contra y once abstenciones.

Los artículos sobre la estructura orgánica de la policía, así como los que regulan el Cuerpo Superior de Policía y el Cuerpo de Policía Nacional fueron aprobados sin votos en contra y con las abstenciones de Juan María Bandrés y Lluis María Xirinacs, quienes sólo votaron faveírablemente la disposición adicional que establece la posibilidad de creación de policías por las comunidades autónomas. En la votación del artículo 14, relativo al régimen funcionarial de los miembros del Cuerpo de la Policía Nacional, a la creación de una academia especial y a los empleos y su cobertura, las abstenciones de los dos senadores citados fueron acompañadas por las de los dos senadores de designación real almirante Gamboa y teniente general Salas Larrazábal.

No habrá supresión de somatenes

En defensa de una disposición adicional nueva propuesta por el Grupo Socialista, Francisco García-Borbolla pidió que el proyecto de ley estableciera que en el plazo de quince días desde la publicación de la ley, el Gobierno retirara todas las documentaciones acreditativas de la pertenencia a somatenes, así como las armas en , poder de los'miembros de estas organizaciones, que quedaban suprimidas.

El señor García-Borbolla recordó el carácter de fuerza represiva con el que desde 1945 se habían extendido por todo el país, los somatenes. El señor Calatayud contestó que si el somatén se convertía en un servicio civil no había por qué suprimirlo.

En relación con el argumento que se había utilizado en la Comisión sobre la petición formulada. por la Generalidad de Cataluña para el mantenimiento de los somatenes, el senador de Entesa deis Catalans José Antonio Baixeras anunció que su grupo votaría a favor del voto particular del Grupo Socialista, si bien reconoció que el somatén había cumplido con su papel histórico.

Por parte del grupo PSI, Manuel Villar reiteró la conveniencia de que los somatenes sean suprimidos, ya que sería incongruente preservarlos mientras se adoptan razonables medidas contra las bandas armadas.

Por último, el señor Navarro señaló que la petición de la Generalidad para mantener los somatenes quedaba atendida mediante lo dispuesto en la disposición adicional primera, que establece la posibilidad de creación.de policías por las comunidades autónomas.

Sometida a votación la disposición adicional cuarta propuesta por los socialistas sobre supresión de los somatenes, fue rechazada con 72 votos favorables (socialistas y varios senadores reales), 93 en contra (UCD y el senador real Andrés Rivera Rovira y cinco abstenciones de los senadores reales Alfonso Osorio, almirante Gamboa, teniente general Salas, Luis Sánchez Agesta y Julio Gutiérrez Rubio. En cambio, la disposición final primera, a la que se incorpo.ró la propuesta socialista de derogar los decretos de 1933 y 1945 referentes a somatenes, fue aprobada por unanimidad.