El Gobierno iría forzado en la "reintegración de los derechos históricos"
El Gobierno iría, indudablemente, forzado a la reintegración de los derechos históricos de los territorios forales, y sólo como forma de hablar podría emplearse el término negociación. Esta es una de las numerosas objeciones contra el texto de la disposición adicional al proyecto de Constitución aprobado el jueves pasado en el Senado, a propuesta de los Senadores Vascos, según el informe técnico-jurídico elaborado por expertos de UCD, en el que se alude a las graves consecuencias que se derivarían de la aplicación de la misma.El informe citado, al que ha tenido acceso , analiza de modo exhaustivo, las posibles consecuencias legales de la disposición adicional, indicando los textos de las que se desprenderían y que, fundamentalmente, son las leyes de 21 de julio de 1876 y de 25 de octubre de 1839, así como en diversas leyes recogidas en la Novísiina Recopilación.
"Peculiaridades" históricas
En cuanto a las peculiaridades históricas que podrían quedar subsistentes, el informe técnico-jurídico alude a la exención del servicio militar; voluntariedad en el pago de impuestos; existencia de una serie de aduanas; peculiaridades en la circulación de dinero; privilegios para la gente del mar; existencia del pase foral -una especie de placet tanto para las resoluciones del Gobierno como para las providencias y ejecutorias de los tribunales-, consagrado por uso o costumbre inveterada, y derecho a que los fueros no se modificasen más que por pacto con el poder central.Por otra parte, el informe técnico-jurídico citado llega a la conclusión de que las mencionadas leyes de 1839 y 1876 derogan el derecho a que las modificaciones fueran pactadas y consagra el principio de la soberanía única del Estado para la modificación de los restantes fueros, así como derogan expresamente algunas de las peculiaridades ante citadas. Al derogar ahora la disposición adicional aprobada por la Comisión Constitucional del Senado, ambas leves resucitarían -según la expresion utilizada por el informe- esos derechos o peculiaridades, aunque actualizados.
Precisamente sobre la actualización de los derechos históricos el informe de UCD se plantea una serie de interrogantes sobre los autores de la reintegración, el marco en que se realiza el acuerdo entre el Gobierno y las instituciones representativas y la propia identidad de estas instituciones. Al no precisarse este extremo en la disposición adicional, los redactores del informe manifiestan que subsiste la duda sobre si tales instituciones son el Consejo General Vasco, la Asamblea de Parlamentarios, el Gobierno vasco en el exilio o las diputaciones.
Junto a las consecuencias económicas, el informe hace hincapié en las políticas, ya que la aplicación de la disposición adicional dibuja una forma de Estado confederal, que permite pensar en una posible separación.
El informe concluye con una serie de objeciones de carácter procedimental.
