La nueva política española

Es muy lógico que el diálogo en torno a los nuevos pactos se centre en cuestiones que quedaron relativamente marginadas durante los debates del pacto de la Moncloa el año pasado. Los futuros protagonistas han descubierto desde entonces que algunos de aquellos fait accompli tenían una relevancia inesperada.Esta vez las partes interesadas querrán incidir en el ritmo que se imponga a la lucha contra la inflación en el curso de los próximos tres años; en los objetivos de crecimiento económico propuestos o, para decirlo más sencillamente, el volumen de bienes y servicios que la sociedad decida generar anualmente. Nadie querrá que se le escamotee esta vez la estrategia de ajuste utilizada: una adecuación del gasto al producto mediante la compresión del nivel de precios e ingresos o una combinación de estrategias para conseguir una reasignación del gasto que permita niveles de actividad más en consonancia con las exigencias del empleo.

Si los protagonistas son conscientes de lo que está en juego, deberán por fuerza ser capaces de ofrecer al país objetivos negociados sobre cuestiones tan fundamentales como la parte de la inversión que se quiere financiar con ahorro exterior; cuál será para el próximo ministro de Hacienda un nivel adecuado de reservas internacionales y definir con mucha mayor concreción que en el pasado, no tanto la senda de disponibilidades líquidas, sino los itinerarios respectivos con relación al gasto total del sector público y privado. En este sentido, es muy indicativo del realismo que se avecina el que las primeras palabras cruzadas entre Santiago Carrillo por la vía de su programa de emergencia y Carlos Ferrer Salat en sus declaraciones al periódico ABC, se refieran justamente a la idea que cada uno de ellos hace del sector público como motor del crecimiento.

¿Cuáles serán, en estas circunstancias, los principios de ajuste que informarán la progresiva elaboración de los próximos pactos económicos? El problema del momento no es ni puede ser el de sustituir un sistema económico por otro, sino de impedir que la evolución del aparato económico desbarate las aspiraciones generalizadas del pueblo español de consolidar un modelo de convivencia democrática. Por ello, habrá que restituir de inmediato su carácter de prioritario al objetivo de mantenimiento de unos niveles razonables de empleo. En los últimos cuatro años España ha casi doblado el porcentaje de parados con relación a la población activa como resultado de la crisis de sobreproducción mundial y. la estrategia de ajuste elegida. Un nuevo sacrificio de esta envergadura sería social y políticamente inaceptable.

Renuncia al tremendismo

Al conferir el carácter de objetivo prioritario de la política económica al mantenimiento de unos niveles razonables de empleo, se desembocará inevitablemente en la renuncia al tremendismo económico. El gradualismo en materia económica viene impuesto por los profundos cambios que han ocurrido en las relaciones históricas entre precios y salarios, por una parte, y niveles de actividact, por otra. Los últimos análisis efectuados sobre estas variables en España confirman que, al contrario de lo que ocurría en el pasado, los niveles de precios y salarios tienden a aumentar más deprisa que el ritmo de actividad económica en épocas de expansión y a desacelerarse mucho más lentamente en épocas de depresión. Esta situación entraña que la compresión de los niveles de precios e ingresos por la vía exclusiva de una contención de la actividad económica exige restricciones crediticias y financieras crecientes hasta niveles de coste social inaceptable. El propio Milton Friedinan, precursor del tratamiento de shock en materia monetaria, reconocía, en una conferencia pronunciada en Londres, hace justamente dos años esta semana, que las terapéuticas correctoras deberían diferenciar radicalmente entre situaciones como la chilena, británica o norteamericana. Y en cuestión de equilibrio interno España, lejos de aproximarse al modelo chileno, está hoy en condiciones ligeramente mejores de lo que estaba el Reino Unido en 1976.

En aras del gradualismo, los nuevos programas económicos deberán reflejar también la utilización simultánea de dos estrategias de ajuste: en primer lugar, la estrategia más progresista y con mayor contenido social de reasignación del gasto mediante la política de reconversión industrial y de precios, y, en segundo lugar, la política antiinflacionista de contención de la demanda interna mediante la política monetaria y adecuación del gasto público. Esta estrategia de ajuste conlleva, por supuesto, la devolución del protagonismo que corresponde a la política industrial en la crisis iniciada en 1973. Si la tarea básica consiste en provocar una reasignación de recursos de capital y humanos para la que sólo existe un margen razonable en el sector industrial, el control de la demanda efectiva, o si se quiere la política monetaria, deberá ceder su protagonismo a las políticas tendentes a coordinar las condiciones en que cristalice la respuesta del sector industrial al desafío que representa la realización efectiva de las transferencias reales de recursos.

Protagonismo industrial

trial dimana otro de los principios que sin duda alguna informará los próximos programas económicos: una tasa de crecimiento que a nivel global sea compatible con los objetivos de empleo antes citados y que a nivel sectorial deje un margen a la política de reasignación de recursos. Frente a las clases trabajadoras y sus organizaciones sindica les, el Gobierno y los empresarios sólo tendrán la fuerza moral suficiente para negociar e iniciar las reducciones de sobrecapacidad evidente en sectores claves de la economía cuando la política del gasto y expectativas genere esperanzas de que el desempleo de un sector podrá ser absorbido total o parcialmente en otros sectores económicos, primordialmente los más productivos y orientados a la exportación. En el semestre septiembre de 1977-febrero de 1978, la reducción de la demanda efectiva instrumentada en restricciones crediticias fue demasiado intensa para que el Gobierno pudiera plantear abiertamente la ejecución de un programa de reconversión sectorial.¿Cómo contrarrestar los efectos negativos sobre el equilibrio exterior e interior de unas tasas de crecimiento que a solo seis meses vista deberían ser el doble de las hasta ahora vigentes? Todo o prácticamente todo está condicionado, por supuesto, al éxito de la reconversión industrial. El país sólo podrá afirmar que ha efec tuado la reasignación de recurso que reclama su equilibrio interno y externo, el día en que su nivel de precios, y su nivel de reservas soporten tasas de crecimiento económico próximas a los niveles anteriores a la crisis mundial y grados de proteccionismo industrial menos elevados y en consonancia con la creciente mundialización de los procesos productivos. Pero simultáneamente con las reformas estructurales, no debe subestimarse el impacto relativamente rápido que sobre el nivel de precios plue de tener la eliminación de tácticas restrictivas y proteccionistas sobre las que tampoco se ha avanzado en los últimos años. Es preciso acelerar el desmantelamiento de monopolios de tipo arancelario e industrial. En la base de este planteamiento subyace la certeza de que los beneficios derivados de rentas monopolísticas sólo difícilmente suelen generar nuevas inversiones productivas; todo lo contrario de lo que ocurre con los beneficios propiamente dichos del sector competitivo de la economía española. El ejemplo de varios países de desarrollo intermedio ha demostrado muy recientemente las ventajas visibles e inmediatas que reportan la incrustación de dosis progresivas de mayor racionalidad económica y de adecuación a las exigencias del mercado cuando esto ocurre por primera vez en muchos años.

Al margen del grado de confianza que merezca la intervención del sector público como motor del crecimiento económico, el hecho es que en un país de las características de España nadie duda ya de que las tasas de crecimiento esperadas no pueden conseguirse sin un restablecimiento de la confianza en el futuro. El tema de las expectativas de los empresarios constituirá, en los próximos días y semanas, un elemento crucial para el nivel de actividad y empleo, Todos los estudios y análisis efectuados sobre los ciclos industriales que sufre la economía mundial están de acuerdo en que no sólo es imposible salir de la depresión sin afianzar las expectativas de beneficios y, en general, la confianza del mundo empresarial, sino que esto es particularmente verdad en épocas de incertidumbre social. La experiencia histórica de otros países demuestra que en estos momentos constituye un error grave comprimir en exceso esas expectativas porque a la hora de invertir en un marco de falta de confianza el sector empresa rial sólo tiende a hacerlo en aquellos casos en que una renta bílidad superior a la tendencia histórica le compensa el grado de incertidumbre. Y estas ocasiones no abundan.

La contrapartida del restablecimiento de la confianza a niveles normales, que debieran genenir los futuros pactos, consistirá en el compromiso formal asumido por el empresariado español de que el nivel de empleo no puede ser el subproducto exclusivo de las fuerzas de mercado y que a nivel de empresa -sobre todo en aquellas en las que el tamaño lo hace técnicamente posible- deberán reformarse de manera decisiva y de acuerdo con el sentir de los tiempos, las propias relaciones de producción.

Las rigideces del mercado de trabajo

Por otra parte, la corrección de los desequilibrios que hasta ahora han aquejado a la economía española y el mantenimiento de unas tasas adecuadas de crecimiento económico sólo podrán conseguirse si en 1979 las centrales sindicales aceptan el hecho, demostrado hasta la saciedad por la práctica de las políticas económicas de los países occidentales, de que la expansión de la demanda global sólo puede absorber aquella parte del desempleo que no obedece a rigideces institucionales inherentes al propio mercado de trabajo. Como señalaba Keynes, ya en 1944, «si se efectúa una expansión del gasto global para remediar un desempleo originado no en la falta de puestos de trabajo, sino en la falta de movilidad geográfica y ocupacional que impide que la mano de obra aparezca donde se la necesita, los objetivos de empleo del Gobierno quedarán frustrados y su política desembocará en peligrosas alzas de precios». De ahí que otro principio que ineludiblemente deberá informar los próximos programas económicos será la desburocratización negociada y progresiva de zonas específicas del quehacer económico. En lo que respecta al mercado laboral, el acuerdo se va generalizando en los medios profesionales, organizaciones patronales y en las propias organizaciones sindicales europeas, en el sentido de que las actuales rigideces auguran problemas ingentes para el stock de ajuste del mercado laboral; es decir, para los parados que pagan con unas. oportunidades de empleo menores la mayor seguridad de los que ya están empleados. La mal llamada flexibilización de plantillas debe enmarcarse en el cuadro general de la reasignación de recursos tanto humanos como de capital; esta reasignación sólo podrá operarse si nuestras sociedades consiguen aumentar el grado de movilidad social entendida en su sentido más amplio, como única avenida disponible para incrementar la productividad en economías tan plagadas de rigideces como las nuestras.

Otro sector que reclama urgentemente mayores dosis de flexibilidad es nuestra política cambiaria. Por rigideces excesivas mantenidas hasta mayo de este año -y no sólo por la paralización del ritmo de actividad económicas- se han batido todos los récords históricos de desviaciones con relación a lo presupuestado, generándose una avalancha inesperada de más de 4.000 millones de dólares, que han puesto a prueba la capacidad de la autoridad económica para controlar la oferta monetaria y resquebrajado la propia solidez del incipiente mercado monetario. Una política cambiaria que olvide la diferencia entre las tasas previstas de inflación mundial y española o la intensidad de los flujos recíprocos de capitales a corto y medio plazo y que intentara «echar el ancla» en lo que al tipo de cambio actual se refiere, no dejaría margen alguno a la política monetaria, a la que forzaría a contenciones de coste social demasiado, acusados. La política cambiaria puede recuperar en España el papel central que durante décadas no ha tenido y que en las circunstancias actuales podría adecuarse a dos postulados básicos: para introducir un cierto elemento de gradualismo en el ajuste, el país debería fijarse un objetivo de reservas por debajo de los niveles actuales, con lo que el nivel de crédito interno neto podría entonces aumentar por encima del crecimiento de las disponibilidades líquidas. En segundo lugar, debe adoptarse una política de flotación más activa con preferencia a otros sistemas. La política de flotación de la peseta es la única consistente con la actual política de control de la oferta monetaria seguida en España. Dado que el Banco de España persigue el control ordenado del crecimiento de las disponibilidades líquidas, la política de flotación neutralizaría el efecto del sector exterior sobre las variables controladas por la autoridad monetaria, puesto que el ajuste se efectuaría primordialmente por el canal del tipo de cambio.

Reforma administrativa

La aplicación de la nueva es trategia económica explicitada en los futuros pactos requerirá, sin duda, también una reforma, ádministrativa que afectará, con toda probabilidad, a los ministerios llamados económicos. Serán precisas reformas en los actuales mecanismos existentes para la administrativa, que afectará, con económica. Uno de los errores que pueden cometerse es la desmembración continuada del poder decisorio en materia de política económica entre distintos ministerios.

Desde un punto de vista técnico, existen varios factores que garantizan el éxito del proceso de recuperación que debe efectuar la economía española. El hecho de que se haya retrasado en exceso el inicio del reajuste real ha exacerbado los desequilibrios existentes, pero España afronta estos problemas en unos momentos en que a nivel financiero empieza a cosechar los frutos del pregrama de saneamiento y en que, a nivel real, esos programas han empezado ya a tener éxito en otros países industrializados. La burocratización de la economía, característica de los últimos cuarenta años, había logrado garantizar un nivel primario de desarrollo a costa de atenazar la creatividad en los campos de la cultura, de la ciencia y de la técnica. En lo laboral, la aparente seguridad en el empleo impuesta normativamente había conducido a la paralización de la inversión y abocaría al país ahora al desempleo masivo. Por último, el intervencionismo financiero para garantizar una supuesta seguridad de financiación a bajos precios ha desembocado en el racionamiento del crédito. En todos estos campos la progresiva permeabilización de la sociedad española a un grado mayor de competencia y transparencia económica generará beneficios inmediatos e insospechados.