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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

El PNV y la Constitución

LAS NEGOCIACIONES entre el PNV y el partido del Gobierno para modificar, en un sentido favorable a las reivindicaciones del nacionalismo vasco, los artículos de la Constitución que conciernen a los regímenes de autonomía se han saldado con un fracaso. Después del paso del anteproyecto por el Congreso y por la Comisión Constitucional del Senado, sólo queda ya como una oportunidad, remota, la esperanza de que el Pleno de la Cámara alta sirva de escenario para un entendimiento entre las dos encontradas posturas. Sin embargo las declaraciones de los portavoces del PNV, después de las sesiones de la Comisión senatorial de los últimos días, invitan al pesimismo. Salvo imponderables de última hora, el texto de la Constitución no recogerá las exigencias de los nacionalistas vascos, que se abstendrán en el referéndum constitucional o recomendarán un voto negativo.Las consecuencias van a ser malas para todos menos para la izquierda abertzale, que recibirá, casi como un la escisión de las fuerzas parlamentarlas y hoy en el País Vasco. En cualquier caso, las perspectivas para la desaparición del tenso clima, casi prebélico que está produciendo en Euskadi, entre otros negativos efectos, la emigración empresarial, la huelga de inversiones y la descapitalización se debilitarían de forma acusada con el abandono PNV del arco constitucional.

Seguramente, el proyecto de los herederos de Sabino Arana descansa sobre la idea de la plena compatibilidad entre la vía democrática y pacífica, que los distinguirían de los grupúsculos revolucionarios y de los activistas de ETA. y su vasquismo intrarísigente. que marcaria sus distancias respecto a los partidos con implantación electoral, tanto en Euskadi como en el resto del territorio español. No faltarán, incluso, entusiastas en sus filas que apuesten a favor de esa lucha en dos frentes como procedimiento para ensanchar su influencia electoral y su espacio político en Euskadi.

Resulta difícil, sin embargo, creer en la viabilidad de esa estrategia. El rechazo de la Constitución puede desequilibrar la balanza que mantiene en relativo equilibrio, dentro del PNV, la racionalidad política, que no autoriza más salida que la autonomía, y el irracionalismo emocional, que acaricia todavía los ensueños Independentistas del viejo bizcaitarrismo. Por lo demás, el viejo Partido Nacionalista Vasco se halla en inferioridad de condiciones para pujar con la izquierda abertzale en la subasta de las reivindicaciones de autogobierno. Sería el primer caso en que la rivalidad entre un partido interclasista, respetuoso del pluralismo y defensor de la empresa privada, y grupos ultra nacionalistas, típicas expresiones ideológicas del radicalismo pequeñoburgués, no produjera un socavamiento de las bases militares y electorales de los moderados y un fortalecimiento a su costa de los exaltados. Así, pues, el PNV puede quedar inerme tanto frente al incremento dentro de sus filas del independentismo radical, como ante la competencia demagógica de los grupos situados a su izquierda, que se apresurarán, en un primer momento, a dar la bienvenida al hijo pródigo por su regreso al redil de los principios y de la intransigencia, pero que, luego, lo combatirán por moderado.

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Pero sería un evidente error creer que el destino del País Vasco incumbe exclusivamente al PNV y a la izquierda abertzale. La autocomplacencia en la pureza de las estirpes o el intento de transformar a las patrias en abstracciones a costa de los hombres no elimina hechos tan obvios y tan tercos como los votos ciudadanos que arrojan los resultados electorales. Aunque el PNV insista, una y otra vez. en hablar en nombre de todo el País Vasco y se autodesigne intérprete exclusivo de su historia, es imposible olvidar que en las elecciones de junio de 1977 obtuvo menos del 30% de los votos en Guipúzcoa, Vizcaya y Alava y que los socialistas les aventajaron en los resultados globales de esas tres provincias y Navarra. Los sucesores de Sabino Arana tienen sólo el apoyo de una parte de los vascos, que ni siquiera es mayoritaria dentro de su territorio. Su manera de interpretar y defender la historia desu países muy respetable: pero nocs ni la única ni la predominante.

Esta condición minoritaria, aunque influyente, del nacionalismo vasco refuerza todavía más la opinión de que sus posiciones de partido para la discusión del texto constitucional eran desmedidas. La decisión de condicionar su voto favorable a un regreso a las instituciones anteriores a la primera guerra carlista resulta ahistórica, No sólo por las transformaciones sociales sufridas a lo largo de casi siglo y medío por una colectividad primitivamente agraria y sometida luego al impacto de la revolución industrial. También porque los procesos migratorios de las últimas décadas hacen que casi la mitad de la población vasca actual descienda, en primera o segunda generación de castellanos, extremeños o andaluces.

La exigencia de un restablecimiento inmediato de los antiguos conciertos económicos, tal y como funcionaban antes de la guerra civil, merece, en cambio, otro tipo de crítica. Pocos son los que ponen en duda la necesidad de una descentralizact ón fiscal para que los regímenes autonómicos funcionen. Pero la sospecha de que la pelición del PNV, por los términos en que se halla formulada y por la irriperiosidad de su planteamiento, apunta, sobre todo, al privilegio, en detrimento del resto de los contribuyentes españoles, y lleva la cuestión a un terreno sólo indirectamente relacionado con la necesidad de hacer viables las instituciones de autogobíerno. Sería una triste conclusión que la sangre derramada en el País Vasco se convirtiera en un valor de cambio y que el principal obstáculo para llevar la paz a Euskadi fuera el dinero. En cualquiercaso. la pretensión de transferir recursos reales desde, las zonas subdesarrolladas hasta las más ricas mediante pilivilegios Fiscales poco tiene que ver, en teoría, con una causa tan noble y tan respetable como el derecho de las comunidades históricas a la autonomía.

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