Unión de Centro se enfrenta con los socialistas y los grupos vasco y catalán
La exigencia de que el proyecto de estatuto de cada comunidad autónoma deba ser aprobado en referéndum «en cada provincia», según el texto aprobado ayer por la Comisión Constitucional del Senado, a propuesta de Alberto Bailarín (UCD), desencadenó una situación de tensión en la Comisión y en los pasillos del Senado, a causa de lo que los socialistas y los grupos autonomistas calificaron de «ruptura del consenso» por parte de UCD. El ambiente habla sido preparado en la sesión de la mañana con la enmienda de Ricardo de la Cierva sobre las competencias culturales del Estado en las comunidades autónomas, y llegó a su grado máximo más tarde, cuando una nueva enmienda de UCD modificó el texto aprobado por el Congreso en lo que se refiere a las competencias del Tribunal Superior de Justicia en cada comunidad autónoma.La enmienda defendida por el señor Bailarín suscitó un movimiento de inquietud en los bancos socialistas. En los pasillos, el diputado y ponente constitucional Gregorio Peces-Barba consideró que se trataba de una traición al consenso, mientras que el portavoz socialista en el Senado, Francisco Ramos, aseguró que de esa enmienda ni siquiera habían hablado.
El diputado Virgilio Zapatero añadió que la propuesta formulada el día anterior por UCD a Alfonso Guerra había sido rechazada inmediata y tajantemente por éste. Más tarde, en el bar del Senado, el diputado socialista señor García de la Borbolla y el senador de UCD señor Bailarín tuvieron un violento enfrentamiento verbal a propósito de la enmienda defendida por el segundo.
Tras el primer momento de agitación, y después de reunirse los parlamentarios socialistas, el señor Peces-Barba manifestó a varios informadores que UCD está rompiendo los acuerdos y será responsable de las consecuencias de ello.
Más tarde, el senador del Grupo Vasco Señor Monreal aseguró que UCD ha dado tres motivos para que el País Vasco diga no a la Con titución. «Si hubieran querido ese voto negativo -añadió-, ni a propósito lo hubieran hecho mejor.»
En nombre de Entesa dels Catalans, Alexandre Cirici aludió al grave deterioro producido respecto al texto del Congreso, insistiendo especialmente en el carácter inadrnisible de la enmienda del señor De la Cierva, por la que se establece una competencia entre el Estado y la comunidad autónoma en materia cultural supergravísima. «Si esto sale adelante, difícilmente podrá votarse en. el País Vasco y en Cataluña sí a la Constitución », agregó.
Por su parte, y ya durante los debates en la Comisión, Pedro Portabella (Entesa dels Catalans) se refirió a la conflictividad que puede acarrear el desequilibrio producido por las enmiendas que rompen el consenso alcanzado en el Congreso en materia autonómica.
Juan María Bandrés manifestó asimismo, en nombre de la izquierda vasca, que las enmiendas citadas, que ignoran al País Vasco, pueden provocar la ulsterización de aquel territorio.
Más tarde, el socialista Ramón Sainz de Varanda se opuso a la enmienda formulada por el senador de UCD Emilio Valverde, relativa al tema judicial en las comunidades autónomas. El señor Sainz de Varanda señaló que, por tercera vez en la jornada, UCD destruía un texto básico de la Constitución modificando un artículo acordado por las fuerzas mayoritarias y los grupos del Congreso. Señaló que con ello el carácter del Tribunal Superior de Justicia de cada comunidad autónoma queda anulado.
La serie de intervenciones sobre la ruptura del consenso fue rematada por el portavoz socialista, Francisco Ramos, quien expresó su tristeza por la falta de fidelidad de UCD a los compromisos adquiridos y que le había permitido presentar enmiendas que rompen la arquitectura constitucional, con nostalgia hacia las leyes fundamentales del franquismo.
Explicación de UCD
Las acusaciones sucesivas y el tono dramático en el que se introdujo la sesión dio pie al presidente de la Comisión, el socialista José Federico de Carvajal, a suspenderla durante unos minutos, para rebajar la tensión producida. Varios senadores de UCD restaron importancia a los temas controvertidos. Concretamente, el señor Ballarín estimó que su enmienda en favor del referéndum provincia] para la aprobación del proyecto de estatuto respondía a un propósito democrático que favorecería a las provincias más modestas.
EL PAIS recabó del portavoz de UCD en el Senado, Antonio Jiménez Blanco, su opinión sobre las acusaciones de ruptura del consenso procedentes de otros grupos. El señor Jiménez Blanco aseguró que no existía tal ruptura en ninguno de los tres puntos discutidos. En cuanto al primero, señaló que la facultad de que el Estado vele por la cultura común y tenga derecho a establecer centros en los territorios de las comunidades autónomas viene a confirmar el contenido del artículo 25, que regula la enseñanza, y coincide con lo previsto por la Constitución republicana de 1931.
En cuanto al tema del referéndum provincial, afirmó que no creía que fuera a provocar la reacción producida. Aseguró que la enmienda sólo pretendía concordar los números cuarto y quinto del artículo 145 con lo establecido en los apartados primeros, relativos, como todo el artículo, al proceso autonómico, en los que se alude en varias ocasiones a.«cada provincia». Preguntado sobre si el texto aprobado significaba la posibilidad de veto por parte de una provincia respecto al proyecto de estatuto de la comunidad autónoma a la que perteneciera, el señor Jiménez Blanco declaró que si tal interpretación pudiera deducirse del texto aprobado, UCID estaría dispuesta a rectificarlo en el Pleno, ya que el único alcance que se pretendía es el de evitar que una provincia sea obligada, en contra de los deseos d e sus pobladores, a incorporarse a una comunidad autónoma. En su opinión, el texto permite la existencia de la comunidad y sólo evita la forzada incorporación de la provincia disidente, como sería el caso no sólo de Navarra, sino de otras provincias, como la del señor Jiménez Blanco, es decir, Granada.
Sobre el tercer punto conflictivo, el relativo a los tribunales de Justicia, el señor Jiménez Blanco aseguró que estaba hablado con los socialistas y concretamente había sido convenido al mediodía entre el senador Cecilio Valverde y un destacado miembro del PSOE.
Aunque el señor Jiménez Blanco se negó a decir el nombre de éste representante socialista, EL PAIS preguntó al diputado señor Peces-Barba, quien negó que fuera verdad lo afirmado por el portavoz de UCID, ya que las conversaciones en curso se referían a una disposición transitoria sobre materia jurisdiccional, pero de contenido muy distinto al de la enmienda ucedista.
