El Gobierno pide apoyo financiero a la banca privada

El ministro de Economía y vicepresidente económico del Gobierno, Fernando Abril Martorell, ha pedido a los banqueros su apoyo financiero a los planes de reestructuración industrial y a la política de recuperación económica, según comentaron a EL PAÍS medios bien informados.

La petición del responsable de la política económica fue hecha en el curso del almuerzo celebrado el martes pasado en el Banco de España, al que asistieron como invitados los presidentes de los siete primeros bancos del país, con la excepción de los de Banesto y Santander, por enfermedad de los titulares, que fueron representados respectivamente por Pablo Garnica, consejero-delegado de Banesto, y por Emilio Botín, vicepresidente del Banco de Santander.

Crédito oficial

Según las informaciones recogidas en medios solventes, la conversación entre el ministro y los banqueros se centró en la marcha de la situación económica, y en el curso de la misma el señor Abril habría expuesto los planes económicos del Gobierno para los próximos meses, para los que recabó la máxima colaboración de la banca privada, sin que se conozcan contrapartidas, que algunos esperaban durante estas últimas semanas por la vía de la fluidez de la política monetaria.Fernando Abril, según las fuentes mencionadas, habría solicitado de los banqueros su total apoyo a los dos planes de reestructuración industrial que el Gobierno tiene actualmente sobre la mesa y que los responsables del Ministerio de Industria y Energía no han podido instrumentar aún, a pesar de las triunfalistas declaraciones de alguno de sus máximos responsables.

Este apoyo financiero de la banca privada a estos dos planes de reestructuración industrial se materializaría en un nuevo tratamiento del coeficiente de fondos públicos, que forma parte del coeficiente de inversión de la banca privada. La parte de este último coeficiente, que corresponde a la suscripción de fondos públicos, es actualmente del 13 % de los recursos ajenos totales de los bancos privados y fue establecido en su actual composición en el año 1976. Pero la instrumentación de este coeficiente se hizo de forma bastante favorable para la banca, de forma que, según se interprete, puede proporcionar una cifra de financiación u otra. Lo que el Gobierno pretende es conseguir el mayor dinero posible de los bancos para la suscripción de los mencionados fondos públicos. La diferencia es de unos 30.000 millones de pesetas, que la banca debería proporcionar al Tesoro en las próximas semanas mediante la suscripción de los citados fondos públicos, que luego se convierten en dotaciones al crédito oficial.

Por otra parte, el tipo de interés de estos fondos, que actualmente es del 6%, pretende fijarlo el Gobierno al nivel a que estaba hace unos años, del 4,5%, mientras los bancos estiman que cuando menos deberían ser suscritos al 6%, tipo actual.

Esta nueva financiación, del orden de los 30.000 millones de pesetas, pasaría a las empresas afectadas por la reestructuración industrial de estos dos sectores a través del crédito oficial, que, deberá aumentar muy sustancialmente sus líneas de crédito en los próximos meses, si esta nueva operación se lleva a cabo.

Política monetaria

La petición del Gobierno, que parece ser el principio de otras nuevas apelaciones, ha sido acogida con desigual fortuna por los asistentes a la reunión, alguno de los cuales ha comentado posteriormente, en privado, su escaso entusiasmo por este esfuerzo financiero adicional que se solicita a la banca, sobre todo teniendo en cuenta las estrecheces del mercado por las que está atravesando el sector en estas últimas semanas.En materia de política monetaria, los objetivos del Gobierno parecen haber sufrido, entre tanto, un cambio que no hay que confundir necesariamente con un alivio de las tensiones monetarias recientes. Medios bancarios solventes han manifestado que los primeros avances del crecimiento de las disponibilidades líquidas en el mes de julio fue del 29,5 %, lo que llevaría la famosa tasa trimestral, en el mes de junio, a un crecimiento del 27,2 %, cuando en el pacto de la Moncloa se había establecido un compromiso del 17 % con oscilación del 2,5 % punto por arriba o abajo; esta tasa trimestral habla crecido en julio, entre el 22 y el 23%.

Si estos datos resultan ciertos, la pretensión de cerrar el año con una tasa de crecimiento de las disponibilidades líquidas del 17 % era absolutamente irrealizable. A estas alturas parece que el objetivo final de esta variable se acepta en un porcentaje del orden del 19%, lo que exigiría un fuerte descenso de los aumentos en las disponibilidades líquidas, que deberían situarse en tomo al 15 ó 16% para compensar los escandalosos aumentos de los meses pasados, cuando incluso se llegó al 30%.

Con el manejo de todas estas variables, lo que parece claro es que el crecimiento del crédito para el conjunto del año no rebasará el 14 %,cifra bastante inferior a la prevista en los pactos y que revela las enormes dificultades de financiación que están soportando las empresas en estos momentos, con importantes consecuencias, naturalmente negativas.

Medios empresariales han puesto de relieve la dificultad de proceder, con este cuadro de problemas, a un relanzamiento de la economía para el año próximo, sobre todo si no se actúa sobre la variable exterior de la economía, que sigue suministrando fondos ociosos a la economía española a unos precios a veces prohibitivos. Los mencionados medios han señalado que mientras no exista un mejor control del sector exterior a través de un cambio más realista de la peseta, la economía española va a experimentar fuertes reajustes que comprometerán continuamente su recuperación.