Acciones sobre el sector eléctrico con independencia de la nacionalización

Ingeniero industrialAgregado en la Embajada de España en Washington

En los últimos tiempos se han acentuado las críticas sobre la actuación del sector eléctrico en España. Se ha señalado así en diversos documentos cómo el sector se encuentra lastrado por un enfoque parcial e individualista de las distintas empresas existentes, al decidir el desarrollo y la explotación de sus instalaciones. Desde un punto de vista económico, se ha indicado como especialmente preocupante la descapitalización de las sociedades eléctricas, consecuencia de la política financiera que vienen practicando. Se ha llegado por ello a una situación en la que no disfrutamos de las ventajas derivadas de los sistemas públicos unificados dominantes en la mayor parte de los demás países, sin que tampoco se manifiesten algunas de las ventajas que un auténtico sistema empresarial privado posee en los escasos países en que sigue prevaleciendo un sistema eléctrico de este tipo.

En unos recientes artículos (Véase EL PAÍS 25, 26 y 27 de mayo) traté de poner de manifiesto cómo la productividad de las principales empresas privadas españolas era muy inferior a las de sus homólogas en Estados Unidos. La elección de este último país -que me ha sido luego reprochada- responde, sin embargo, al hecho de que es el único significativo a escala mundial (junto con Japón y Bélgica) en el que el sector eléctrico no es mayoritaria o totalmente de propiedad pública (estatal o local). La dimensión muy superior de las empresas americanas (y japonesas) respecto a las españolas. es una indicación de las ventajas de la gran escala en este sector, que sólo pueden lograr empresas privadas con dimensión muy superior a las principales compañías españolas (por no hablar del gran número de medianas y pequeñas existentes) o por integración de todo el mercado nacional en los países más reducidos.

Con respecto a los índices de productividad que utilicé, y que han sido luego contestados en otros artículos de expertos de UNESA aparecidos en estas mismas páginas, es curioso que sus objeciones no las hubieran efectuado previamente, cuando esos mismos índices habían sido utilizados poco antes por el presidente de una de las principales sociedades eléctricas en su última junta de accionistas, aunque entonces, eso sí, se aplicaran con excelentes resultados a una empresa de otro país nacionalizada, que no se distingue precisamente por su buen funcionamiento.

Paralelamente a las críticas al sector eléctrico, a las que antes me he referido, se han propuesto Asimismo en las sucesivas versiones del, actual Plan Energético diversas medidas para ordenar el sector y adecuar su funcionamiento a sus características de servicio público estratégico. La reacción de la parte del sector eléctrico más integrista y hasta ahora dominante en él ha sido:

- Denunciar las supuestas motivaciones ideológico- políticas de los que han propuesto algunas de dichas Miedidas.

- Negar la existencia de problemas: «El sector eléctrico es ejemplar», decía al respecto el presidente de otra empresa en su junta.

- Politizar unas medidas racionalizadoras -que indudablemente lesionarían algunas situaciones privilegiadas- aleccionando al Gobierno sobre una supuesta alternativa «entre el sistema de economía de mercado o el colectivismo de Estado, que necesita para sobrevivir de sanciones en aquellos que trabajan sin estímulo».

Esta radicalización y politización de posturas no pretende sino establecer una cortina de humo que oculte unos problemas específicos de naturaleza funda mentalmente técnica y de una gran trascendencia económica. Por ello, dicho planteamiento es inadmisible, ya que al « no estar la situación política para nacionalizaciones», como ha indicado recientemente un representante del Partido Comunista al hablar del tema, la consecuencia es que no se abordaría hoy la reforma del sector por su «ejemplar» funcionamiento, mientras que su probable nacionalización a más largo plazo tampoco constituiría ninguna panacea, si no iba acompañada de otras medidas técnicas que en parte ya podrían abordarse ahora.

Acciones que habría que adoptar

La eventual conveniencia y. posibilidad de una nacionalización futura no debería, pues, en ningún caso detener hoy una serie de acciones, qué no implican ningún tipo de cambio político, institucional, ni siquiera legislativo y que, sin embargo, serían de una gran transcendencia para el interés general. Dichas acciones podrían abarcar los siguientes aspectos:

- Planificación más estricta y con visión nacional del desarrollo del sector.

- Explotación de las centrales y red de transporte.

- Tarifas.

- Incentivación de la iniciativa y eficacia empresarial.

- Reestructuración de la empresa pública eléctrica.

Para no alargar, sin embargo, este artículo, me voy a referir aquí únicamente al segundo de dichos aspectos, la explotación del sistema, que es un claro ejemplo de cómo el pedir la nacionalización del Reca (Repartidor Central de Cargas) puede posponer el problema de su funcionamiento adecuado. En primer lugar no hay ninguna necesidad de nacionalizar un organismo que desde su creación en 1944, para conjugar los sistemas regionales de producción eléctrica, ha estado adscrito a la Dirección General de la Energía del Ministerio de Industria, que es la que debe establecer las normas y directrices para su funcionamiento y donde cuenta ya con un delegado. En la práctica, sin embargo, el Reca ha sido instalado dentro de las oficinas de UNESA, en un local por completo inadecuado, desde el punto de vista de la seguridad, y con unos equipos anticuados e insuficientes.

La explotación del sistema no puede así efectuarse de acuerdo a un modelo de optimización económica para el conjunto del país, en el que pudieran introducirse las directrices de la Administración, quedando en cambio sometido al posible sesgo de las compañías eléctricas en la optimización de su beneficio empresarial. Como muestra de esto, puede citarse una reciente sentencia del Tribunal Supremo, en la que se indica cómo Hidroeléctrica Española, «no obstante existir excedentes de energía hidroeléctrica en su zona, puso, repetidas veces, en funcionamiento el grupo III de la central de Escombreras, sin razón alguna que lo justificase, salvo la baja de tensión en la red de dicha zona, ocasionada por su propia iniciativa», citándose, asimismo, en ella el informe que efectuó al respecto el ingeniero de la Dirección General de la Energía, en el que «se evidencia que Hidroeléctrica Española no quiere aceptar las directrices de la Dirección General dé la Energía y, de hecho, no las ha cumplido ... ».

La modernización del Reca, junto con una dotación de medios a la intervención de la Administración en dicho órgano, serían así ejemplo de medidas difícilmente asimilables al «colectivismo de Estado», de las que saldrían ganando, en primer lugar, muchas de las empresas con menor posibilidad de beneficiarse del sistema actual, y que permitirían instrumentar una optimización económica conjunta objetivamente cuantificable.

Por otra parte, es evidente que el Ministerio de Industria y Energía no da la talla en cuanto a los medios imprescindibles para ejercer sus competencias respecto al sector y su responsabilidad frente al país, por lo que urgentemente debe ser potenciado al respecto, ya que en caso contrario seguirá sirviendo de cobertura a una actuación de las empresas, no siempre acorde con los intereses del conjunto del país, pero dentro, siempre, de una ineficaz burocracia de autorizaciones, directrices y controles por parte de una Administración no dotada de medios para ejercerlas:

Frente a los tradicionalmente escatimadores o despilfarradores conceptos presupuestarios de nuestra Hacienda, habría -aquí sí- que introducir ese otro criterio empresarial del análisis coste-beneficio, a la hora de dotar y fijar la actuación de un Ministerio como el de Industria y Energía, del que depende un tercio de las in versiones totales del país y en el que, sin embargo, no se encuentran institucionalizadas funciones propias de los economistas, al no tener desarrollado- siquiera un sistema formal de evaluación de las inversiones que tiene, que aprobar y, en gran parte de los casos, financiar directa o indirectamente.

Con respecto a la electricidad, este sector, en concreto, invierte anualmente unos 100.000 millones de Pesetas, por lo que una optimización de esta cifra que produjera al país un ahorro de sólo un 1% ya supondría una cifra de mil millones de pesetas, que es muy superior al presupuesto para este año, de setecientos millones de pesetas.