El Ministerio del Interior, decidido a la reorganización policial

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Al margen del incidente que ha originado la sustitución de los señores González Cerrillo y Fernández Dopico, Martín Villa se encuentra de este modo con las manos libres para reorganizar la Comisaría General de Documentación. La vacante dejada por el señor Cerrilo puede ser cubierta esta misma semana por un destacado funcionario de policía adscrito al Gobierno Civil de Madrid. Tanto este nombramiento como el del futuro jefe del gabinete técnico del subsecretario de Orden Público «van a ser revolucionarios», dijo un alto cargo de seguridad a EL PAIS. Es probable que se rompa en estos nombramientos la práctica habitual de que recaigan sobre personas con categoría de comisarios.

El reglamento policial vigente establece que ascenderán a jefes superiores de policía «preferentemente » los comisarios. El adverbio ha sido hasta ahora interpretado abusivamente y no es descartable que en adelante inspectores jóvenes sean promovidos a cargos de responsabilidad policial, aun cuando no detenten comisarías.

En cualquier caso, fuentes oficiosas del Ministerio del Interior manifestaron a EL PAIS que el Departamento no pretende proceder a ninguna depuración de significado político entre los funciónarios a sus órdenes, sino que, por el contrario, se trata de renovar algunos cargos medios cuya incompetencia o incuria profesional ha sido denunciada incluso por sus propios compañeros.

Timón de Lara, en precario

Por lo que respecta a más altos cargos y en concreto a las fuerzas de la Policía Armada puede tenerse por precaria la situación del general Timón de Lara al frente de las mismas, dada su errónea política de promoción de mandos. El general Timón de Lara sirvió en el Sahara al mando del Tercio de la Legión Juan, de Austria. Uno de sus hombres, el comandante Avila, también procedente de tropas le gionarias, fue destinado al frente de la Policía Armada de Pamplona a raíz del asesinato del comandante Imaz, y tuvo que ser destituido tra los incidentes de los últimos sanfermines. Se estima, igualmente que Timón de Lara no asumió por completo las responsabilidades inherentes a los desmanes de una compañía de la reserva general de la Policía Armada en Rentería, cuyo capitán, José Farizo, acaba de abandonar la Policía Armada reintegrándose voluntariamente al Ejército.

Entre los responsables políticos y policiales de Interior cunde el desagrado por la falta de disciplina de algunos capitanes y comandantes de la Policía Armada ante las autoridades civiles. Timón de Lara, finalmente, se habría equivocado de táctica al intentar «puentear» al ministro del Interior pretendiendo despachos con el teniente general Gutiérrez Mellado, en la ignorancia de que el responsable de la cartera del Interior y el vicepresidente de la Defensa coinciden plenamente en la política de orden público a seguir.

Sustitución problemática

La sustitución más problemática, y ésta le corresponde hacerla al ministro para la Defensa, sería la del director general de la Guardia Civil. Sin embargo, en círculos res ponsables se afirmaba a EL PAIS que era imprescindible en un plazo prudencial proceder al relevo del general Oliete para integrar satisfactoriamente a este cuerpo en una más eficaz acción antiterrorista.

Toda esta operación de reorganización de las fuerzas de seguridad, en base a criterios de eficacia y de competencia profesional de los altos cargos, se ve complicada en estos momentos por el problema político originado por las notas de las asociaciones de policía de Madrid y Bilbao y las sanciones impuestas a sus redactores.

A pesar del movimiento de solidaridad impulsado desde la asociación profesional de Madrid ayer tarde se daban a conocer nuevas sanciones hasta un número de ocho. Los funcionarios afectados son Juan Elías del Peso, Gonzalo Martín García, Antonio Mesas Tribes, Carlos Ballesteros Oliva, Enrique Martín Tola, Francisco Pelegrina Aguilar, Manuel Dafauces Lasheras (destinado en Irún) y Carlos Cabreriza.

Sin embargo, a primeras horas, desde la Asociación Regional de Madrid, se extendió el rumor de que las sanciones iban a alcanzar a todos los miembros de la junta directiva, operación que en el Ministerio del Interior fue entendida como un afán de pretender enfrentar a la Asociación con la Dirección General de Seguridad y con el Ministerio del Interior.

Las noticias sobre lo que estaba pasando en las distintas delegaciones de la Asociación, no dejaron de ser contradictorias a lo largo de toda la jornada. Por lo que respecta a Madrid se dijo a primera hora que, ante el expediente abierto al señor Cabreriza, quedaban vacantes la presidencia de la Junta Nacional y la de la Asociación de Madrid. Sin embargo, fuentes de la Asociación manifestaron anoche a EL PAIS que después de un estudio detallado de los estatutos se estima que en ningún caso la separación temporal del cuerpo se traduce en la baja en la asociación, mientras se esté al corriente en los pagos de las cuotas. Por tanto, estiman que no procede la renovación de los cargos ocupados por funcionarios sancionados.

El movimiento de solidaridad promovido desde Madrid se materializó en una recogida de firmas en apoyo a los compañeros sancionados, así como manifestar su acuerdo con el contenido de las notas por ellos difundidas. De los 1.991 funcionarios del Cuerpo General destinados en Madrid habían firmado unos setecientos policías a primera hora de la noche. Se desconocía el resultado de la recogida de firmas en otros puntos del territorio nacional. Sí se conocía la celebración de asambleas en varias capitales y, en términos generales, se expresaban mayoritariamente por suscribir los acuerdos que adopte la asamblea de la Asociación, a celebrar en Madrid.

Fuentes policiales informaron a este periódico que en ningún caso se iba a producir un plante de policías y que se estaba por buscar soluciones al problema creado a sus compañeros. Sin embargo, en alguna de las asambleas regionales, en concreto la celebrada en Las Palmas, se acordó llegar a la huelga si es preciso. Puede afirmarse, en todo caso, que de producirse un plante o una huelga de policías, inmediatamente serían militarizados. Opositores al Cuerpo General de Policía también expresaron su solidaridad con los sancionados.

De todas formas existen tensiones dentro de la Asociación entre los que, por un lado, meten en un mismo cajón a la directiva y a los sancionados con el contenido de la nota y, por otro, los que creen que el apoyo a la junta directiva no tiene nada que ver con la aceptación del contenido de la nota. Al menos tres delegados regionales de la Asociación enviaron telegramas a la Dirección General de Seguridad en apoyo de la nota de respuesta a la difundida por la Asociación.

Nota de la Asociación de Navarra

El comunicado más duro en este sentido viene del presidente de la Asociación Regional de Navarra, quien descalifica la nota tanto por su contenido como por el procedimiento por el que fue redactada: «Es opinión de los asociados de esta provincia, a los que represento, que la solución de nuestros problemas no está en echar la culpa a los demás, sino en trabajar con los medios que tenemos, dado que de un tiempo a esta parte los encargados de las investigaciones en materia terrorista en esta provincia no han realizado ni una sola detención, no cumpliendo con su responsabilidad social, ni tampoco con sus propios compañeros cuando realizan un servicio de vigilancia domiciliaria, no incluyendo en este recorrido y vigilancias más que las de sus propios domicilios. »