Esta noche se inicia una huelga ilegal de gasolineras en Barcelona

Con la expresa declaración de ilegalidad, por la Delegación de Trabajo, y con la abierta oposición y condena de CCOO y UGT, la Confederación Nacional de Trabajadores (CNT) está dispuesta a llevar adelante, a partir de las cero horas del día 2, una huelga de gasolineras en la provincia de Barcelona.

Seis compañías de la Policía Armada y algunos equipos especiales reforzarán la vigilancia en las distintas gasolineras, en cumplimiento del plan adoptado por el Gobierno Civil de la provincia para garantizar el suministro de carburantes y evitar la acción de piquetes.La convocatoria de este paro, preconizado por CNT y decidido en asamblea por los trabajadores del sector, reivindica la negociación de un convenio de ámbito provincial de gasolineras al margen del convenio nacional del sector, firmado por la patronal, CCOO y UGT el pasado mes de julio y vigente para toda España excepto Baleares. El diferente nivel de vida existente en Barcelona con respecto a otras provincias justifica, según CNT, la exigencia de un convenio específico que mejore las condiciones del estatal.

Las peticiones planteadas por el comité de huelga creado para el paro se centran en la exigencia de 250 pesetas diarias más que las fijadas por el convenio estatal, una jornada laboral de cuarenta horas semanales (el acuerdo nacional prevé 48 horas), primas y mejoras en la retribución, de horas extras.

Fuentes de la CNT, al tiempo que reiteraban ayer su decisión de llevar adelante la huelga, rechazaban las acusaciones de UGT y CCOO, que en un duro comunicado habían condenado la misma, afirmando que «las asambleas de trabajadores se opusieron al convenio nacional, por lo que no es cierto que la mayoría de los empleados del ramo lo apoye».

La Delegación de Trabajo, por su parte, emitió ayer una nota rechazando la pretensión de un nuevo convenio del sector por estar vigente un convenio nacional homologado el pasado 28 de julio por la Dirección General de Trabajo. La decisión de esta dirección, recuerda la nota, no es recurrible en vía administrativa por ser simplemente homologativa de lo voluntariamente pactado por las partes en el convenio. La nota dictamina, en base al derecho a huelga y a su regulación legal, que el pretendido paro del día 2 «altera, dentro de su período de vigencia, lo pactado en un convenio colectivo o lo establecido por un laudo», por lo que tiene carácter ilegal.

El Gobierno Civil, por su parte, afirmó en una nota que «todas las gasolineras estarán especialmente protegidas por servicios de vigilancia permanente a cargo de la Policía Armada o de la Guardia Civil, quienes adoptarán enérgicas medidas para gatantizar la normalidad del wministro y prevenir cualquier actuación de piquetes, cuyos componentes, en su caso, y previa declaración ante la autoridad gubernativa, serán puestos a disposición judicial. Igualmente se prestará servicio de protección a los camiones de CAMPSA». Termina la nota gubernativa confiando merecer la adhesión ciudadana «a estas medídas y a cualesquiera otras que fuera preciso adoptar para evitar o, en su caso, aliviar a la comunidad las posibles molestias por deficiencias en este importante servicio público, del que depende no sólo el transporte privado y público, sino, también, el normal funcionamiento de la industria y la agricultura».

En las negociaciones del convenio nacional, que tuvieron lugar el pasado mes de julio, también existió una amenaza de huelga en todo el sector, que no llegaría a llevarse a efecto, y que motivó una seria advertencia de Hacienda en el sentido de estar dispuesta a la incautación de las gasolineras.

La oposición de CCOO y UGT al paro barcelonés y la postura firme de las autoridades hace dudar sobre los niveles de seguimiento que conseguirá la convocatoria.