"Las Haciendas autonómicas no pueden olvidar el deber de solidaridad"

Los principios generales que deben regir el diseño de las haciendas regionales en los proyectos de estatutos de autonomía que tendrán que negociarse una vez que la Constitución esté en vigor, fueron ayer abordados por el ministro de Hacienda, Francisco Fernández Ordóñez, en la clausura del seminario iberoamericano sobre las reformas fiscales celebrado en La Rábida bajo la dirección del profesor Fuentes Quintana. Se trata de la primera vez que el miembro del Gobierno define una posición, aunque sea doctrinal, sobre el futuro contenido económico y fiscal de las autonomías.

El ministro comenzó señalando que la reforma tributaria iniciada hace ahora un año coincide con un cambio en la estructura del Estado en el que la aparición de entidades autónomas con un cierto grado de autogobierno juegan un papel fundamental. Los principios básicos para las nuevas haciendas regionales fueron definidos por el señor Ordóñez en los siguientes términos:-Unidad de la política económica: La política económica es competencia del Gobierno del Estado y la Administración Central debe tener poderes para cumplirla. Sólo el Estado tiene la información para decidir las macromagnitudes que están detrás de las decisiones de política monetaria, gasto público y mecanismos de financiación.

-Responsabilidad estatal en la distribución de renta y riqueza: La hacienda pública no es sino un mecanismo de redistribución. Máxime en un país con fuertes desigualdades interpersonales, interregionales e intersectoriales. La autonomía financiera de las regiones no debe interferir el deber redistribuidor del Estado. Este debe ser el árbitro del flujo de rentas y riquezas, al margen de la política redistributiva interna que hagan las propias regiones.

-Autonomía financiera: La potestad originaria de establecer tributos, tal como establece el proyecto de Constitución, corresponde al Estado. Una ley orgánica debe regular las relaciones entre Estado y comunidades autónomas y las de éstas entre sí. Pero la realización de la autonomía implica que las comunidades tengan fondos suficientes. Esto supone reconocerles un poder tributario limitado que no rompa la unidad fiscal del Estado. Los criterios para atribuir a las comunidades autónomas capacidad tributaria son en opinión del señor Fernández Ordóñez los siguientes:

-Contar con una administración capaz de recaudar y administrar.

-Garantizar la equidad en la distribución de las cargas en coordinación con la Administración central. Esta equidad no significa uniformidad, ya que cada comunidad autónoma puede reclamar más o menos servicios sociales que requieren más o menos cargas fiscales.

-Los tributos regionales deben ser suficientes para garantizar recursos a la comunidad.

-Las cargas fiscales de las entidades autónomas no pueden trasladarse a residentes en otras.

-Principio de generalidad o de no privilegio: Esto implica que no sea admisible una hacienda regional que suponga un régimen de privilegio de una región sobre otra o que suponga la ruptura de la unidad fiscal del país.

-Principio de suficiencia: Que cada nivel tenga los instrumentos o mecanismos necesarios para obtener los recursos que permitan hacer frente a sus competencias.

-Principio de flexibilidad: Que supone capacidad de adaptación a circunstancias particulares o imprevistas.

-Principio de solidaridad: Implica que las regiones con mayor riqueza colaboren con las peor dotadas y garanticen un nivel mínimo de servicios públicos.

Finalizó la intervención el ministro de Hacienda destacando que la organización de las haciendas regionales constituirá el segundo reto, después de la reforma fiscal, para la sociedad española. Indicó que sus palabras no eran una profesión de fe centralista y para ello evocó la frase de Tocqueville: «Un gran Estado puede ser gobernado con éxito de manera centralizada, pero no puede ser administrado con el mismo éxito de la misma forma.»

La primera toma de posición sobre los contenidos fiscales de los futuros estatutos de autonomía se ha producido poco antes de que finalice la discusión de la Constitución. En opinión de la mayor parte de los expertos la definición de estos contenidos fiscales de las autonomías constituirá uno de los temas políticos claves del inmediato futuro del país.

Posteriormente, el ministro manifestó, a preguntas de Europa Press sobre si la autonomía supondrá para los ciudadanos nuevos impuestos, lo siguiente: «Temo que en parte va a ser así. El ciudadano pertenecerá al municipio, a la comunidad autónoma y al Estado, cada uno de los cuales tiene sus problemas específicos. Sobre cómo se distribuirán los programas financieros de cada uno de estos niveles es, a mi juicio, lo más importante que desde el punto de vista económico hay que desarrollar en la Constitución. Este es un tema trascendental.

Previamente, el ministro para las Regiones, señor Clavero, que participó también en la clausura del seminario, dijo que «la ley general de financiación de las regiones es uno de los grandes retos al que la política nacional tiene que enfrentarse. Después de las lenguas, las banderas y el afán de cada una de las tierras de España, vendrá el ver cómo se reparte esta parte del Presupuesto que va a ser distribuido a las regiones».

Los dos grandes impuestos

El director del seminario, profesor Fuentes Quintana, dijo, por su parte, en el acto de clausura, que «los sistemas Fiscales deben estructurarse en base a dos grandes impuestos, el de la renta y el del valor añadido. El primero debe ser progresivo y complementado con la introducción al concepto de renta de las ganancias de capital, plusvalías y todo incremento del capital con los ajustes que eviten cargas desproporcionadas. Este impuesto sobre la renta debe estar coordinado por el impuesto sobre el patrimonio, que acentúa la progresividad y discrimina en favor de las rentas del trabajo».Acerca del impuesto sobre el valor añadido, señaló que su regresividad debe ser atenuada y eliminada con la utilización de distintos tipos.