Dificultades administrativas para la "marcha sobre el Llobregat"

El próximo domingo, 20 de agosto, tendrán lugar en la localidad catalana de Castellar de N'mug los actos inaugurales de la marcha del Llobregat. La citada marcha ha sido organizada por el grupo de defensa del medio ambiente de la localidad de El Prat de Llobregat, situada a unos diez kilómetros al sur de Barcelona, con el fin de protestar por la creciente contaminación del río Llobregat.La marcha del Llobregat ha sibida por el Gobierno Civil, pretende recorrer a pie, por espacio de veinte días, las diversas poblaciones ribereñas del Llobregat. En cada una de las citadas poblaciones se ha constituido comité de apoyo a la marcha con el objeto de preparar diversos actos informativos sobre la problemática del río.

Según el grupo ecologista organizador de los actos, la cuenca del Llobregat ha sufrido la mayor concentración de industria de todo el Estado español en los últimos veinte años.

Un informe oficial, elaborado por la Comisaria de Aguas del Pirineo Oriental, señala un total de 97 vertidos residuales en sus aguas. Los ecologistas, por su parte, cifran el número de vertidos de carácter ilegal en ochocientos ochenta y uno.

Los organizadores de la marcha pretenden con su acción llamar la mención de las autoridades catalanas, en concreto de la Generalidad sobre la continua de degradación del río. Proponen como alternativa la instalación de depuradoras en los márgenes, así como la plantación masiva de árboles.

De igual manera se pretende protestar contra el proyecto de desvío del tramo final del río Llobregat. Para las entidades cívicas de la comarca del bajo Llobregat, este desvío sólo responde a intereses especulativos y significaría la salinización de las aguas y el cierre de las industriasde la zona.

La Marcha del Llobregat ha sido prohibida por el Gobierno Civil de Barcelona. Sin embargo, esta prohibición tiene carácter formal ya que está basada, según los organizadores, en la no legalización del grupo de defensa del medio ambiente de El Prat. Por consiguiente, ayer una nueva solicitud, esta vez a cargo de una de las entidades legales que apoyan la acción, fue presentada en la sede del Gobierno Civil de Barcelona.