La Dirección General del Patrimonio pretende el derribo de dos edificios con valor ambiental

Ese es el camino, señor alcalde, y señor gerente de Urbanismo; que si promotores e inmobiliarios alzan el dedo de la protesta, también lo alzamos, pero como signo de asentimiento y gratitud, muchos de los sufridos habitantes de Madrid. Temía uno, tal es la verdad, que a las licencias de derribo tramitadas en los dos meses precedentes viniera a sumarse un holgado centenar a lo largo del que corre. Y no sólo se ha detenido el curso de aquéllas, sino que (y en ello median sorpresa y contento) desde comienzos de agosto a esta parte, y por lo que hace a edificios ambientales incluidos en el Precatálogo, no ha vuelto a aparecer un solo decreto en el Boletín Oficial de la Provincia de Madrid, del que, según prometimos, seguimos siendo asiduos lectores. Quince fueron las alegaciones que, a caballo de junio y julio, interpuso Adelpha (Asociación de Defensa Ecológica y del Patrimonio Histórico-Artístico), con el eventual respaldo del COAM (Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid), y las quince han surtido, por ahora, salutíferos efectos, hasta el punto de haber sembrado el desconcierto en algunos de los propietarios y haberles incluso inducido (¡cosas veredes!) a suplicar a la primera de las citadas entidades que retire la alegación formulada frente a la tramitación de la correspondiente licencia de derribo. ¿Un rasgo de provechosa humildad versus las ínfulas de antaño? Un indicio más, me creo, de esa picaresca a que nos tienen habituados no pocos de los promotores inmobiliarios, consistente, por ejemplo, en borrar o arrancar las placas indicativas de los números y de las calles mismas o tapar la fecha en que se construyó el edificio del caso, con el ánimo de dificultar su identificación histórica.

Si la autoridad municipal se mantiene en sus trece, logrará su efectivo cumplimiento el Precatálogo que ella misma ordenó compilar de cara al Plan Especial de Madrid y para consecuente preservación de sus monumentos, casas singulares y edificios ambientales, a no ser que, como acaba de ocurrir, venga la mismísima Dirección General del Patrimonio Artístico a desmentir y entorpecer tan encomiable tarea rectificadora. Sucede, en efecto, que dicha Dirección General del Ministerio de Cultura ha resuelto autorizar el derribo de las casas sitas en los números 14 y 20 de la calle de Almagro, edificios, ambos, de inconfundible traza ecléctica, fechados entre finales del siglo, pasado y principios del nuestro, incluidos en el Precatálogo municipal y comprendidos en la zona de respeto del conjunto histórico-artístico, cuya incoación responde a orden ministerial de 4 de junio de 1977.

Se han invertido paradójicamente los términos del habitual proceder. Lo normal era que ante cualquier arbitrariedad o descuido por parte de la gestión municipal, saliera al paso dicha Dirección General del Patrimonio Artístico. Ahora es al revés. Decide aquélla incluir en su Precatálogo los citados edificios, y ésta, por mala obra y desgracia de su enigmática y recién creada comisión oficial para el casco histórico de Madrid (de cuya anomalía o abierta ilegalidad no es infundada la duda) autoriza, a lo que se ve, su derribo, habiendo colaborado, por más señas, en el proyecto de las casas que habrán de sustituir a las amenazadas de muerte por el anterior jefe inspector técnico de Monumentos y Conjuntos de la Dirección General del Patrimonio Artístico. Toda una alegre comedia de enredo, si en ella no anduviera en juego la entidad fisonómica de la ciudad que nos cobija.

¿Hay alguien que, frente a la previsora norma municipal, haya venido en apoyo de la insensata autorización cursada por la susodicha Dirección General dependiente del Ministerio de Cultura? Sí, uno y muy caracterizado: el promotor del derribo, señor Várez Cisa. Metido a intérprete de la ley o autoinvestido de extraña capacidad exegética en torno a ajena doctrina, tiene nuestro hombre la osadía de alegar que el COAM reconoce la falta de valor de los edificios que nos ocupan, agregando, para colmar el desatino, que Adelpha está totalmente de acuerdo con la operación demoledora. Sólo la imaginación calenturienta o la situación de absoluto temor y probado desconcierto cabe achacar la doble apoyatura en que el señor Várez Cisa quiere sustanciar su alegato.

Una simple ojeada al opúsculo editado por el COAM, este mismo año, bajo título general Ante la destrucción de la ciudad, le sería suficiente a nuestro intrépido promotor para percatarse de la inexactitud de su referencia argumental. En la página 13, y refrendados por el correspondiente testimonio fotográfico, se nos ofrecen las fincas números 14 y 20 de Almagro, al lado de las número 16 y 18 de la misma calle y otras de Zurbano y García Morato, adoptando el COAM para todas ellas, una clara actitud de defensa en cuanto que conjunto y anteponiendo el problema urbanístico, que forzosamente va a derivarse de las posibles demoliciones, por encima de los propiamente arquitectónicos. Y por lo que concierne al supuesto voto favorable de Adelpha respecto al desmantelamiento de tales edificios, la falsedad sólo podría correr pareja con el más absoluto desvarío.

No siéndole vinculante, según creo, la intempestiva y absurda decisión de la Dirección General del Patrimonio Artístico, es de esperar que la autoridad municipal mantenga en el Precatálogo dichas dos fincas y se niegue a tramitar la correspondiente e improcedente licencia de demolición.