Oposición general al proyecto de ley de bases para los funcionarios civiles

El Consejo de Ministros no aprobó ayer el proyecto de ley de Bases de Funcionarios de la Administración Pública. La referencia se limita a consignar que el ministro de la Presidencia informó al Gabinete sobre el tema. Ello confirma la impresión de que el proyecto ha suscitado una fuerte polémica en el seno del Gobierno.

El proyecto ha provocado un rechazo generalizado por parte de las centrales sindicales con incidencia en el funcionariado, y de las asociaciones profesionales de funcionarios.Se le acusa de estar elaborado totalinente al margen de la opinión de los implicados, de ser más regresivo en muchos aspectos que el proyecto elaborado por el anterior secretario de Estado para la Administración Pública, José Luis Graullera, que según informan los representantes de los funcionarios, consultó las líneas del que se gestó durante su mandato.

De hecho las centrales y asociaciones de funcionarios han tenido conocimiento del texto elaborado gracias a filtraciones habidas en el departamento donde se gestó, pero la primera información pública sobre tan importante texto fue conocida a través de las páginas de EL PAIS, tras el informe que publicó ayer.

Ayer mismo, representantes de CSUT, CCOO, UGT, SU, USO y la Asociación Española de la Administración Pública se reunieron con carácter de urgencia para reafírmar su oposición total al proyecto de ley de bases, al que acusan de regresivo, respecto a los extremos en que el proyecto anterior,al que tuvieron acceso oficialmente, se definía.

Afirman también que el texto ahora conocido institucionaliza la libre designación se los cargos directivos. restriniie los derechos sindicales, por debajo de las directrices acordadas por la OIT, no resuelve el problema de la neutralidad política de los funcionarios, aumenta el abanico de las diferencias salariales, que en la actualidad multiplican por tres el mínimo -de tres a diez- mientras que en el proyecto se multiplica por cinco -de uno a cinco- y no ofrece ninguna oarantía de control por parte de los propios funcionarios para muchos aspectos estrictamente profesionales en los que entienden debieran tener cauces de participación.

Especial irritación ha provocado la previsión de las hojas de servicio, en las que se anotarán méritos y deméritos, puesto que al ser los cargos directivos de libre designación el funcionario está expuesto -afirman- a la discrecionalidad del jefe nombrado por el político de turno y con toda probabilidad, con criterios políticos y no profesionales. Ello mismo les lleva a contestar la afirmación del proyecto de ley, de bases en el sentido de que se promueve la carrera administrativa. con ascensos basados en presupuestos profesionales.

Por su parte, la comisión de Administración pública del Partido Comunista de España (PCE), ha hecho pública una nota en la que se suma a las críticas que ha suscitado el proyecto y, entre otras cosas. señala que «el estatuto omite sentar criterios claros en los temas más problemáticos de la función pública».

Califica estos criterios como más regresivos en algunos casos, porque «supone la desfuncionalización de las categorías más bajas de funcionarios. Lejos de resolver el problema de la estabilidad en el trabajo del personal no funcionario -añade- lo complica todavía más, al admitir nuevas clases de trabajadores que se regirán por el Derecho Privado».

El comunicado afirma que el proyecto empeora el grave problema de las incompatibilidades, y señala que «introduce medidas injustamente discriminatorias de unos funcionarios respecto a otros, y atenta contra sus derechos profesionales, al persistir.en el libre nombramiento de los subdirectores generales y otros puestos superiores, haciendo posible, de esta manera, la diferenciación política e ideológica de dichos funcionarlos y la ocupación exclusiva de dichos puestos por el partido del Gobierno».